La directora de Emergencias Médicas del SNS, Mariam Montes de Oca precisó que el SNS pondrá a disposición de los ciudadanos, el personal de asistencia prehospitalaria en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Además, indicó que se dispuso de ambulancia para el traslado de pacientes que lo ameriten y las salas de Emergencias de los hospitales de Higüey y La Vega fueron preparadas para la recepción de los usuarios que necesiten atención.

De igual manera, fueron alertados los hospitales pertenecientes al Servicio Regional Metropolitano, Cibao Central y Norcentral, para garantizar la asistencia en todas las zonas próximas y de posibles referimientos por eventualidades durante la tradicional peregrinación que moviliza a miles de personas cada 21 de enero.

La doctora Montes De Oca exhortó a la población a ser prudente en las vías y carreteras, respetar las señales de tránsito y a no conducir bajo los efectos del alcohol, a fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la salud y la integridad física. Pidió recordar sus medicamentos a quienes padezcan alguna condición de salud, en especial si formarán parte de la peregrinación y largas caminatas.

La directora de Emergencias Médicas reiteró el compromiso del Servicio Nacional de Salud de garantizar a la población las atenciones médicas necesarias en los centros de la Red Pública en todo momento.

"El convenio propuesto merece un análisis sereno y riguroso, y esto sólo será posible si el Senado de la República convoca a vistas públicas para conocer del contenido de este contrato, donde todos los sectores de la vida nacional puedan expresar sus consideraciones en torno al mismo", declaró el miembro de la Dirección Política de FP, Dionis Sánchez.

Expresó además, "que es preocupante que el partido de gobierno, PRM, utilice figuras como el fideicomiso para ejercer funciones que corresponden directamente al Estado Dominicano, como el caso Punta Catalina. En este sentido declararon que el fideicomiso todavía carece de normativas claras que lo regulen". 

“Se trata de un instrumento apenas definido por el reglamento de aplicación de la Ley Núm. 189-11, y que adolece de cualquier desarrollo normativo que ofrezca certidumbre y seguridad jurídica al Estado o a los potenciales inversionistas privados”, dijo Sánchez, quien sirvió como vocero al leer un documento en conferencia de prensa ofrecida en la Casa del Pueblo Jhonny Ventura. 

En sus palabras la falta de este ordenamiento opaca los procesos de operación y configuración de las decenas de fideicomisos públicos que se han establecido y que se pretenden establecer y, en tal sentido el partido Fuerza del Pueblo exige al gobierno desistir de esta iniciativa hasta que exista un ordenamiento jurídico. 

“No existen normas que aseguren, entre otras cosas, la transparencia de los procesos de compras y contrataciones, la regulación de los procesos de endeudamiento, la certeza de que los bienes públicos aportados a los fideicomisos permanecerán en manos del Estado, los mecanismos que permitan la rendición de cuentas y la implementación de auditorías financieras que sirvan de control y fiscalización de los bienes aportados por el Estado”, detalló el senador, acompañado del miembro de la DC, Tony Herrea y del secretario de Energía de la FP, Juan Gómez, el diputado Tobías Crespo, Francisco Méndez y varios vicesecretarios expertos en el tema.

La conferencia de prensa ofrecida por la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo se da en momentos en que distintos sectores de la población han mostrado desconfianza y se han pronunciado a favor de que se dé al país mayores detalles de esta transacción. Ante lo cual el documento leído subraya, “En el caso específico del contrato de fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, es evidente que su lectura justifica legítimos temores en relación con la eventual suerte de los bienes que está aportando el Estado, valorados en miles de millones de dólares”. 

Facultades concedidas al Comité Técnico Directivo

De acuerdo con el análisis realizado por los expertos en el tema de energías de la FP, el hecho de que no exista regulación jurídica abre una amplia brecha de posibilidades para que los bienes del Estado pasen a manos privadas mediante mecanismos que no sean transparentes. 

Sobre el documento para el fideicomiso de Punta Catalina se enfatizó, “Especialmente preocupante resultan los artículos 7.15 y 25 del contrato en los que no se especifica la obligación de devolver los bienes entregados al fideicomiso sino solo de los “bienes residuales” por lo que prevé la posibilidad de la disolución del bien y no está garantizada la preservación de Punta Catalina”. 

“Ante todo, debe decirse que el órgano llamado a tomar decisiones en relación con el manejo del patrimonio del fideicomiso, el denominado ¨Comité Técnico Directivo¨, cuenta con amplísimas facultades que incluyen la posibilidad de sustituir a la Fiduciaria del Reservas (art.21.1 del contrato) así como para procurar financiación a partir de la autorización del endeudamiento del fideicomiso (artículos 5.5 y 15 del contrato) o la eventual incorporación de “fideicomitentes adherentes”, (art.5.8) es decir, de personas que realicen inversiones en el fideicomiso, sin establecerse limitaciones a tal efecto”, continuó diciendo Sánchez.