En ese orden, precisó que el Pleno en su sesión de fecha 17 de enero de 2022, aprobó que el próximo 9 de febrero de 2022 se celebre una audiencia pública, en la cual presentará la propuesta de reestructuración orgánica de la Dirección Nacional de Informática a las organizaciones políticas para que expresen su parecer.

“Una vez recabadas las posiciones o pareceres de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el Pleno se abocará a conocer y aprobar la nueva estructura orgánica de la Dirección Nacional de Informática, tras lo cual procederá a la ratificación o designación de los subdirectores de dicha área, previa presentación de los perfiles profesionales a las organizaciones políticas para que opinen al respecto, a pesar de que la ley no lo ordena; esto último en una clara apertura y en ánimo de propiciar la transparencia y la participación de los actores del sistema, como hasta ahora lo ha demostrado este Pleno”, explicó el presidente de la JCE.

Vacantes corresponden a 3 fallecimientos, 2 jubilaciones y 12 renuncias

En atención a la comunicación depositada por el partido Fuerza del Pueblo y otras opiniones de organizaciones políticas donde expresa preocupación ante rumores sobre una supuesta “cantidad inusual de renuncias” del personal técnico de la Dirección Nacional de Informática, Jáquez Liranzo explicó en detalles las razones y las constancias dejadas por el Pleno.

“Desde el mes de diciembre de 2020 hasta el mes de enero de 2022 (es decir, en un año y dos meses) en la Dirección Nacional de Informática se han producido 17 vacantes, las cuales se corresponden con tres fallecimientos, dos jubilaciones o pensiones y 12 renuncias. De estas vacantes solo una corresponde a un subdirector que lamentablemente falleció en abril de 2021 a consecuencia del covid-19, en tanto las demás vacantes corresponden a personal que no ocupa posiciones de mando o gerencia ni de sensibilidad técnica”, explicó el presidente de la Junta.

En ese sentido, manifestó que en el mismo período el Pleno, en atención a las necesidades operativas de la indicada dirección ha cubierto siete plazas, que se corresponden con las posiciones siguientes: dos subdirecciones; un auxiliar técnico; dos soportes al usuario; dos soportes técnicos; un encargado de formulación de proyectos y un líder de proyecto. Respecto a las dos subdirecciones, las mismas serán sometidas al proceso de consulta indicado anteriormente.

“Como se ha señalado, para el Pleno de la institución son de alta prioridad la transparencia y el fortalecimiento institucional, es por ello que aprobó su Plan Estratégico Institucional 2020-2024, siendo uno de los pilares fundamentales difundir las informaciones de forma oportuna y transparente a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía y de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, confianza que se vio afectada debido a los acontecimientos pasados”, rememoró Jáquez Liranzo de conferencia  de prensa acompañado de los miembros titulares del Pleno de la JCE Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Rafael Chami Isa.

Reuniones periódicas de la Dirección Nacional de Informática con delegados

Señaló que, como parte de este proceso, la JCE propiciará reuniones periódicas de la Dirección Nacional de Informática con los delegados técnicos de las organizaciones políticas debidamente acreditados, a fin de mantenerlos informados de los proyectos institucionales y de hacerlos partícipes con sus opiniones y sugerencias de las decisiones que habrán de ser tomadas, con miras a desarrollar un proceso electoral íntegro, transparente, participativo, ejemplar y confiable.

“En conexión con lo anterior, junto a la Organización de Estados Americanos (OEA), actualmente la institución se encuentra inmersa en el proceso de lograr la certificación en las normas ISO-54001 en materia electoral, la norma ISO-IEC-27032 sobre gestión de ciberseguridad y la norma ISO-IEC-27001 sobre gestión de seguridad de la información, con el propósito de robustecer los procesos electorales”, adelantó el magistrado Jáquez Liranzo.

Señaló que “para la Junta Central Electoral constituye un compromiso garantizar la integridad de las elecciones, con un manejo transparente y de apertura hacia todos los actores, particularmente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, con irrestricto respeto de los valores constitucionales, el principio de legalidad, así como de los demás principios y reglas que rigen la administración electoral y la democracia”.

Haciendo los procesos con tiempo

Jáquez Liranzo, apuntó que el Pleno ha venido trabajando con tiempo en procura de que el país celebre un proceso electoral en paz, armonía, sosiego y, sobre todo, rodeado de la mayor transparencia, participación e integridad posible.

“Es por ello que desde el mes de octubre de 2021 está desarrollando el proceso de reestructuración de las Juntas Electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), a fin de concluirlo en los próximos meses, cuando aún falte poco menos de dos años para el proceso electoral de 2024, lo que constituye un hecho sin precedentes en la institución”, enfatizó.

Añadió que, como parte de este proceso, en el mes de agosto de 2021 el Pleno de la Junta Central Electoral presentó a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y a la ciudadanía en general sus propuestas de modificaciones a la Ley No. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral y a la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

A través de un comunicado de prensa, Abel Martínez calificó dichas pretensiones como “una clara demostración del estrepitoso fracaso del Gobierno en sus políticas de seguridad fronteriza y control migratorio¨ y denunció que el sector privado ha iniciado una carnetización ilegal de trabajadores no regulados, similar al impulsado en otros tiempos por el padre Regino Martínez a través de la Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes de la Línea Noroeset (Asomilin).

Como prueba, el también aspirante a la nominación presidencial por el PLD, presentó la imagen de un carné expedido por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAC) mediante el cual se le otorga documentación a un ciudadano extranjero de nacionalidad haitiana, cuya presencia en el país es ostensiblemente ilegal al no presentar número de pasaporte y en el que se hace constar la persona o empresa a la cual pertenece; práctica que conforme expresó está siendo replicada, en comunión con el gobierno, por todos los demás sectores vinculados a la práctica ilegal de contratación de mano de obra extranjera. 

Martínez Durán expresó, que dicha actividad, “no sólo implica un acto ilegal en el cual se suplantan abusivamente las facultades del Estado, sino, que además, lo más grave resulta ser que esa práctica está siendo autorizada por el propio gobierno, que a través del Director General de Migración ha expresado que se apresta a iniciar un proceso de regularización de toda la mano de obra extranjera haitiana en el territorio nacional, razón por la cual, dichos sectores han iniciado el levantamiento de la data en base a la cual las autoridades se proponen violar la constitución y las leyes, en una materia reservada a la ley por el artículo 93-g de la Constitución de la República.”

Abel Martínez advirtió, tanto al gobierno como a los sectores empresariales que todo aquel que se involucre en ese proceso incurrirá en prevaricación y que, cualquier estatus derivado de un plan de regularización implementado administrativamente resultará inconstitucional, ilegal, inmoral, antiético y atentatorio a la seguridad nacional.  Instó al gobierno a comprender que gobernar no es complacer a los intereses, sino, hacerlo sobre la indiscutible premisa de que todos debemos sujetarnos a la ley, cosa que el gobierno suele olvidar cuando se trata de satisfacer las demandas de sectores de la cúpula empresarial.

Finalmente, recordó que el sistema migratorio dominicano, en términos de migración laboral, como en todas partes del mundo, está organizado sobre las bases de estimular una migración de retorno, razón por la cual toda autorización de un estatus migratorio laboral, al igual que otras categorías, conlleva el ingreso regular a través puntos de control migratorio regular con el visado correspondiente, expedido en el país de origen, razón por la que, además de la constitución y las normativas migratorias, se está violando la Ley Núm. 875-78 sobre Visados, todo lo cual resulta ser sencillamente inaceptable.

Milton Morrison, director general de Edesur, recibió en su despacho al nuevo director de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), Edward Batista, para tratar temas comunes y retomar los trabajos conjuntos.

Al saludar su designación, y desearle éxitos a Batista en sus nuevas funciones, Morrison recordó que PROTECOM y EDESUR siempre han trabajado de la mano, con el fin de garantizar un servicio de electricidad con la eficiencia y calidad que merecen los clientes de la distribuidora eléctrica, algunos de los cuales son usuarios de PROTECOM.

“En EDESUR el centro de la empresa es el cliente, un cliente satisfecho, que esté plenamente convencido de que su facturación corresponde irrestrictamente a su consumo. Nosotros promovemos la bandera de la eficiencia, y no nos quedaremos con un solo peso que corresponda al cliente”, dijo el titular de la distribuidora eléctrica.

De su lado, el director de PROTECOM, Edward Batista, destacó que este encuentro contribuye a establecer acciones para fortalecer los procesos a favor de la ciudadanía, para lograr una mayor satisfacción con los clientes de EDESUR, que a su vez sean usuarios de PROTECOM.

En septiembre de 2020, EDESUR conformó la Mesa Técnica de Trabajo junto a PROTECOM Y PROCONSUMIDOR, con el fin de revisar las más de 150 mil quejas y reclamaciones que encontró Milton Morrison al momento de asumir el cargo en la empresa.

“EDESUR siempre trabajará de la mano con PROTECOM como garante con credibilidad social, para dirimir en reclamos de algunos clientes del servicio de electricidad, que deseen revisiones en la facturación”.

 “Este nuevo modelo penitenciario, el cual muchos atacan y se niegan a reconocer su valor al
grado de privarme de mi libertad, habla realmente de un país consciente de que aquellos que
cumplen condena formen parte de nuestra sociedad y puedan regresar a ella con las
herramientas necesarias para su reincorporación social, para así romper definitivamente el
círculo de la delincuencia”, expresa Jean Alain Rodríguez en dicha publicación. 

Las autoridades deben continuar las auditorías, porque es un crimen detener las obras
innecesariamente cuando se puede evitar más muertes por hacinamiento y pérdidas de cientos
de millones de pesos. Cuando se audita una obra o una institución, la obra ni la institución se
detienen, más cuando se trata de unas edificaciones contratadas y con pagos realizados en
ambas gestiones.

En las 337 páginas ilustradas y narradas de la memoria se muestra el proceso llevado a cabo
desde el inicio para resolver una problemática que por más de siete décadas había afectado a la
sociedad dominicana. Legado que todas las generaciones y gobiernos deben abrazar y
continuar.

El libro está disponible para el mundo a través del portal Web (www.PlanDeHumanizacionRD.com)
el cual puede ser descargado en su versión digital de manera gratuita.

De igual manera, tanto la versión impresa, como la digital, incluyen un tour virtual para que los
interesados puedan visitar las obras entregadas al momento de su salida de la Procuraduría,
evidenciando que estaba completamente equipada y lista en su primera fase para recibir 3,000
internos con la responsabilidad de los contratistas de finalizar la segunda fase en menos de 30
días para una capacidad total de más 8,700 internos. Toda eventual pérdida, destrucción o
deterioro de las obras ha sido generado por el abandono de las mismas por más de un año y
medio luego de ponerlas en manos de la nueva gestión.

Para ver las obras como fueron entregadas y acceder al tour virtual, solo deben acceder al QR
que encontrarán en las pestañas de los libros y otros que se darán a conocer a través de los
perfiles sociales del Consejo de Defensa y de Plan de Humanización RD. 

La memoria del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario se llevó a cabo gracias al apoyo
y financiamiento de empresas del sector privado, marcas que están presentes en dicha
publicación, constituyendo un importante aporte al conocimiento de la verdad sobre el proyecto,
el cual fue reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA) y servido de ejemplo
para diversos sistemas penitenciarios de la región.

Dicho reconocimiento nos permitió ser sede en el país de la IV Convención de la Organización
de Estados Americanos (OEA) de Autoridades y ministros encargados de Sistemas
Penitenciarios con la participación del secretario general Luis Almagro en fecha 6 de febrero del
2020.

 La memoria incluye mapas, imágenes inéditas de alto impacto, aéreas, terrestres, infografías,
fichas técnicas e información relativa a la obra en todas sus etapas, la cual fue recopilada para
fácil lectura, y que ahora está disponible de manera gratuita para todos los interesados.