Santo Domingo.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, afirmó este miércoles que el pueblo dominicano "puede dormir tranquilo", porque habrá elecciones "justas y transparentes" el 18 de febrero, en relación a los comicios municipales.

Jáquez habló de esta manera al dar a conocer los resultados de la auditoría técnica al sistema de escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados (EDET) que realizó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)/Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), de cara a las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024, precisó un comunicado de la JCE.

El informe pericial comprobó que de un total de 24 recomendaciones 19 fueron cumplidas, 2 están parcialmente cumplidas y subsanadas con medidas compensatorias verificadas y comprobadas, al igual que las tres restantes.

"Cabe destacar que las EDET, entiéndase las laptops multifuncionales, modem, UPS o inversores se entregaron en su estado original tal como la recibimos del fabricante de forma cruda, solo incluyendo una configuración mínima, este hecho, aunque contribuyó a la identificación de algunos hallazgos, refleja precisamente nuestra decisión de no intervenir previamente en los dispositivos o los equipos para poder presentar una evaluación genuina y real de la situación", afirmó Jáquez.

Esta auditoría técnica contempla 4 etapas: planificación, trabajo de campo, presentación de informe de hallazgos y recomendaciones y seguimiento a través del acompañamiento hasta las elecciones municipales, las presidenciales y congresuales, incluida una eventual segunda vuelta en junio.

"Al pueblo dominicano que puede dormir tranquilo, que va a haber elecciones justas y transparentes este 18 de febrero", precisó Jáquez Liranzo.

Reiteró que se seleccionó a CAPEL con la participación y consulta de las organizaciones políticas acreditadas ante esta JCE, ya que es una entidad especializada en procesos electorales de un equipo técnico compuesto por especialistas internacionales en tecnología electoral, infraestructura, seguridad y ciberseguridad, combinación que brindó un enfoque integral que abarca todo el espectro técnico aplicado a los procesos electorales.

El presidente de la JCE recordó que la auditoría inició el 28 de noviembre de 2023 con la entrega de los equipos de tecnología de las unidades EDET, ambiente y acceso requeridos por los auditores de CAPEL.

Apuntó que el primer tramo de la auditoría se llevó a cabo del 28 de noviembre al 8 de diciembre de 2023 y que durante este período el equipo de auditores tuvo la oportunidad de revisar y evaluar la solución tecnológica propuesta para las próximas elecciones de febrero.

Destacó que el equipo técnico de la Dirección de Informática de a JCE presentó de forma extensa a las organizaciones políticas todos los hallazgos, su descripción, riesgos asociados, recomendaciones de solución y soluciones aplicadas.

"La presentación detallada demuestra nuestro compromiso con la transparencia y la corrección proactiva de problemas. Se respondieron dudas de los delegados presentes y se compartió la matriz de los hallazgos tal cual nos había sido entregada por CAPEL, la interacción directa con los representantes de los partidos políticos permitió a aclarar dudas y contribuir confianza en este proceso, añadió Jáquez.

El funcionario informó que la Dirección de Informática, a través de la secretaría general de la JCE, ha convocado para este jueves 25 de enero a las 3:00 de la tarde a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidas ante la JCE, para "socializar" el informe de la auditoría técnica entregado por CAPEL, encuentro en el que se abordarán también otros aspectos de cara a los comicios municipales.

Santo Domingo.- Un grupo de Abogados, encabezados por el expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana(CARD), Miguel Surun Hernández, interpuso una acción en inconstitucionalidad contra los artículo 9, 11, 13, 16, 22, 24, y 26 de la ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI), por atentar contra el derecho fundamental de libertad de expresión y acceso a fuentes de información, el derecho a la intimidad, a la libertad de empresa y al principio de transparencia del Estado.

Surun Hernández indicó que la legislación también afecta el principio de separación de los poderes públicos, en violación de los artículos 4, 7, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 70, 74, 169 y 138 de la Carta Magna.

“Lo grave es que al tenor del artículo 26 de dicha ley, los periodistas, abogados, médicos, bancos, telefónicas y todo ente privado o público se obliga a entregar las informaciones requeridas por el DNI, bajo pena de 3 años de cárcel, con lo que termina el secreto profesional del abogado, la cláusula de conciencia del periodista, el secreto de los archivos médicos, el secreto bancario, el secreto de las telecomunicaciones, institucionalizando así el caliezaje de Estado por ley, todo al margen del debido proceso y sin fiscalización de un juez”, manifestó el jurista.

Señaló que dicha ley en su artículo 9, numeral 6, oficializa además la interceptación de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y el espionaje de datos y archivos empresariales, por la sola decisión del director del DNI, todo al margen de autorización judicial, poniendo en grave riesgo la seguridad jurídica del país.

“Lo peor es que con dicha legislación se le despoja al Ministerio Público de su rol de jefe de la investigación penal, asumiéndolo el director del DNI, bajo la dependencia del presidente de la República, quien asume el rol de autorizar las interceptaciones de datos privados, invadiendo el ámbito del Poder Judicial, con lo cual destruye el principio de separación de poderes, garantizado por el artículo 4 de la Constitución”, dijo el jurista.

Agregó que la pieza crea un sistema financiero clandestino, supervisado únicamente por el financiero de la institución, que lo nombra el propio director, anulando la obligación de transparencia en el manejo de fondos públicos, en violación del principio constitucional de transparencia de la administración pública y del derecho a información pública.

Surun Hernández dijo esperar que el Tribunal Constitucional pueda enmendar “este grosero atentado perpetrado por un Gobierno que denota poca vocación democrática y que ordinariamente atenta contra los derechos fundamentales y el sistema democrático del país.