Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, rindió cuenta por cuarta vez de su gestión ante el Congreso Nacional en presencia de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de lo Santos y Alfredo Pacheco, así como legisladores de las diferentes bancadas.

En el acto, Ulloa destacó el crecimiento de las acciones institucionales, las certificaciones recibidas por los servicios, la transparencia en el manejo de los recursos y las acciones del organismo constitucional para reducir el número de personas que no conocen sus derechos, además de dar a conocer los pasos para su expansión.

“En el 2026, la estrategia territorial se consolida: instalaremos las Casas de los Derechos en las 10 regiones únicas de planificación, en alianza con universidades públicas y privadas, acorde establece la ley 345-22 que reconoce el territorio como unidad de gestión. Serán espacios permanentes de orientación, escucha y empoderamiento ciudadano y de atención a las personas que sientan vulnerados sus derechos” anunció el servidor público.

En ese mismo tenor, señaló que esto implicaría reclamar más recursos del presupuesto nacional para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Ulloa también resaltó el impacto de iniciativas como son el Voluntariado del Defensor del Pueblo, Ruta de los Derechos, Diálogos en tu Comunidad, Constitución Animada como elementos que han permitidos construir ciudadanía y reducir el número de habitantes que no conocen sus derechos.

“Gracias a estas acciones, el Defensor del Pueblo se convirtió, según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2024, en la institución con mayor confianza en la defensa de derechos fundamentales, con un 57.5 % de respaldo nacional. Lo logramos con estructuras sociales, mesas temáticas, e inversión en investigación y desarrollo” puntualizó.

El titular del órgano extrapoder reveló que, durante el 2024, se tramitaron 9,324 casos, tanto individuales y colectivos, de los cuales se dio respuesta al 96.2 %. De igual modo, resaltó que se gestionaron 2,336 casos de manera directa, lo que representa un aumento del 109.5 % respecto al año anterior.

Asimismo, detalló que durante ese período la entidad estatal acogió más de 965 casos de oficio, lo que equivale a un crecimiento del 271 %, mientras que las inspecciones incrementaron en un 54 %, con relación al 2023.

Pablo Ulloa destacó que más de 312,000 personas fueron beneficiadas por los programas formativos, campañas, redes sociales y alianzas académicas.

“Porque educar en derechos es blindar la democracia”, concluyó el Defensor del Pueblo.

Presentes en el acto

En el acto estuvieron presentes la primera adjunta del Defensor del Pueblo, Ana Martich; segundo adjunto, Darío Nin; primer suplente, Roberto Quiroz; segundo suplente, Miguel Puello y el secretario general, Harol Modesto. También directores y encargados del organismo constitucional, así como funcionarios, representantes de la sociedad civil, entre otras personalidades.

Santo Domingo.- Un tribunal aplazó hasta el próximo miércoles la vista para conocer la medida cautelar en contra del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió este domingo aplazar la audiencia, casi una hora después de haber comenzado, para permitir a la defensa del empresario y de su hermana, Maribel Espaillat, también imputada, revisar los documentos que depositó el sábado el Ministerio Público en contra de ambos, dijo a la prensa el abogado defensor, Miguel Valerio.

El empresario, para quien el Ministerio Público pide prisión preventiva, fue trasladado esposado, con un casco y un chaleco antibalas en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a la sala de audiencia desde la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde también se ubica el citado tribunal.

Unos minutos antes, también fuertemente custodiada, ingresó a la sala Maribel Espaillat, y quien, al igual que Antonio, está detenida desde el pasado jueves, aunque desde el día siguiente se encuentra ingresada en una clínica, a la que fue enviada tras finalizar la audiencia de este domingo, que se celebró a puertas cerradas, sin presencia de la prensa.

Negligencia e irresponsabilidad

A la sala acudieron varios de los heridos en la tragedia, así como sus abogados y de los familiares de algunos de los fallecidos, quienes reclamaron justicia, a la vez que acusaban a los hermanos Espaillat de actuar de manera irresponsable ante los daños que presentaba la discoteca Jet Set, muy popular entre la clase media del país.

Los hechos ocurridos la madrugada del 8 de abril pasado en el centro de diversión "han generado un duelo colectivo" producto "del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que fueron negligentes e irresponsables, una muestra absoluta del desprecio a la vida humana", declaró a la prensa el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho.

Según la investigación del Ministerio Público, para la que contrató tres peritos, "durante años el Jet Set Club operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados".

Los hermanos Espaillat "permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del establecimiento sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones o la Alcaldía del Distrito Nacional, señaló la información oficial.

Los imputados "apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo".

Incluso Maribel Espaillat, "con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia de su hermano", quien estaba en el extranjero.

Los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca, agregó el documento del Ministerio Público.

También se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.

El Ministerio Público ha interrogado a uno de los empleados de la discoteca, Gregory Adames, quien supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat de que la infraestructura presentaba un deterioro físico y no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril, a la que cientos de personas acudieron para disfrutar de la actuación del popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el siniestro. EFE

Santo Domingo.- El propietario de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, Antonio Espaillat, arrestado el jueves, debería estar en libertad porque "no hubo intención" de provocar el accidente en el establecimiento el pasado 8 de abril, dijo este viernes a la prensa Miguel Valerio, uno de sus abogados.

Preguntado sobre la medida de coerción que se debería imponer a su cliente, el letrado dijo que "la medida más apropiada" es la libertad "porque no hubo intención en lo que paso, no lo hubo".

"Se está tratando como un caso de criminalidad organizada y no hubo intención", insistió desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, adonde Espaillat y su hermana Maribel fueron trasladados ayer tras ser detenidos, investigados por homicidio involuntario por negligencia en el cuidado del techo del local nocturno que se desplomó el 8 de abril causando la muerte a 236 personas y heridas a más de 180, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía, que tiene un plazo de 48 horas para depositar la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados, indicó ayer en un comunicado que ambos imputados mostraron "una inmensa irresponsabilidad y negligencia" al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del establecimiento colapsara, como finalmente sucedió.

El arresto de los hermanos Espaillat se produjo tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien los citó a su despacho.

Según la orden de arresto, ambos habrían cometido homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal, por mostrar "una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió".

En el documento también se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.

El estado de la discoteca antes de la tragedia

Este viernes, las autoridades volvieron a interrogar a Gregory Adames, un empleado de la discoteca Jet Set que supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat sobre el deterioro físico de la infraestructura y que no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril con la actuación del merenguero Rubby Pérez, uno de los fallecidos.

En una entrevista emitida el 23 de abril en un programa de televisión local, el empresario Antonio Espaillat, propietario también de un conglomerado de medios de comunicación, admitió que los plafones del techo de la discoteca "siempre" se caían e, incluso, el mismo día de la tragedia se cambiaron algunos de ellos.

Espaillat, quien desde el principio de la tragedia se puso a disposición del Ministerio Público, atribuyó el desprendimiento de los plafones "a diferentes razones" y reconoció que nunca se examinó el techo para constatar la situación rea, pese a las filtraciones

Familiares de víctimas han depositado hasta el momento en torno a 80 acciones legales contra los propietarios del local nocturno.

En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas Otavio Dotel; la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelsy Cruz; el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También se informó en su momento de la muerte de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano, un keniano y una costarricense.

Santo Domingo.– El Ministerio Público arrestó este jueves al propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat López, y a su hermana Maribel Espaillat, a quienes investiga por el delito de homicidio involuntario.

Ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, como finalmente sucedió, provocando 236 muertos y más de 180 heridos.

Los hermanos Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien los citó a su despacho. Los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se le conozcan medidas de coerción.

La orden de arresto gestionada por Camacho ante Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, explica que ambos investigados cometieron homicidio involuntario, conforme al Artículo 319 del Código Penal Domincano.

El documento explica que los dos “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió”.

El documento alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso.