Santo Domingo.- El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las 235 personas muertas y las más 180 heridas del desplome del techo de la discoteca Jet Set Club, el pasado 8 de abril.

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. El caso fue declarado complejo. “Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Camacho.

“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, agregó.

Al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego de terminada la audiencia, el procurador adjunto ponderó que “todo el mundo en el salón de audiencia reconoció la calidad de la investigación del Ministerio Público, eso lo hicieron todos los querellantes y lo hizo también el tribunal en su fallo”.
El tribunal reconoció también la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al caso, al tratar los hechos con un código penal del siglo XIX que “no contempla otras formas de evaluación de este tipo de acontecimiento, que, realmente, encaja en lo que se conoce como culpa consciente”.

Durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente 14 horas, el procurador adjunto Wilson Camacho encabezó el equipo litigante junto a la los fiscales Rosalba Ramos (titular del Distrito Nacional), Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.

El equipo del Ministerio Público presentó más de 130 elementos de prueba con las que sustentaron la solicitud de prisión preventiva contra Antonio Espaillat y arresto domiciliario contra su hermana Maribel Espaillat.

La jueza Veloz ratificó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que les atribuye la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y sancionan el homicidio involuntario y las lesiones causadas por imprudencia o negligencia.

El caso

Como parte de los elementos que agravan la responsabilidad de los imputados, la investigación determinó que los propietarios del Jet Set sobrecargaron la estructura del techo de la discoteca mediante la instalación de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, y tinacos de agua, todo ello sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.

Los fiscales establecieron que Antonio y Maribel Espaillat recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas, siempre con la intención de ahorrar recursos, a pesar de tener conocimiento directo y constante de los problemas graves del techo, mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones de sus propios empleados.

Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente impuso este miércoles medida de coerción contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat de Veras, propietarios de la colapsada discoteca Jet Set.

En ese sentido, la jueza Fátima Veloz dictó medida coercitiva en contra de los hermanos acusados de homicidio involuntario, consistente en impedimento de salida, presentación periódica y el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una aseguradora a cada uno.

La audiencia de solicitud de medida de coerción contra los imputados se extendió por más de 13 horas, plazo de tiempo en la magistrada otorgó tres periodos de receso, siendo el de dos horas el más largo.

Más de 40 de las víctimas de la tragedia del Jet Set llegaron a acuerdos económicos con la familia Espaillat, según informó el representante legal del establecimiento colapsado, Miguel Valerio.

El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado lunes 8 de abril, dejó un saldo trágico de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, en lo que se considera una de las peores catástrofes en un centro de entretenimiento de República Dominicana.

Tras la tragedia, el Ministerio Público inició una investigación que llevó a la imputación formal de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, por el delito de homicidio involuntario.

De acuerdo con la acusación, los imputados operaban el negocio a pesar de conocer fallas estructurales graves en el techo y sin cumplir con los protocolos de seguridad requeridos para eventos masivos.

Santo Domingo.– El arquitecto Harold Cabrera denunció una persecución en su contra por parte del lanzador de los Bravos de Atlanta, Reynaldo Starling López, y su esposa, Jhilaris Massiel Bautista, con el aparente apoyo de autoridades judiciales, tras una litis que fue fallada a su favor por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, mediante la Sentencia No. 340-2024-SSEN-00186.

Cabrera explicó que, durante más de seis años, su firma trabajó en el diseño de cinco proyectos diferentes para la pareja, incluyendo una residencia para uso personal. De estos cinco proyectos, solo se pagó el segundo, identificado como Atletic Films No. 58, y no se realizó ningún proceso de construcción por parte de su compañía. A pesar de los incumplimientos de pago, continuaron colaborando bajo el compromiso verbal de que su empresa sería la encargada de ejecutar las obras, compromiso que nunca se cumplió.

El arquitecto detalló que, tras ser retirado de manera arbitraria del proyecto, fue objeto de una demanda penal por parte de la pareja, proceso del cual fue absuelto en octubre del año pasado, y donde el tribunal ordenó que los demandantes pagaran las costas penales del proceso.

Posteriormente, Cabrera presentó una contrademanda por daños y perjuicios contra López y Bautista, reclamando una deuda cercana a los 45 mil dólares por servicios de diseño no pagados, de los cuales apenas recibió 14 mil, y que luego le exigieron devolver. Este conflicto dio pie a un litigio que se extendió por más de ocho meses.

Indicó que la pareja apeló la decisión del tribunal, y que, al no ser debidamente notificado para la audiencia de apelación —ya que reside en Nueva York—, se emitió una orden de arresto en su contra. El alguacil Julio José Rivera Cabrera, fiscal de estrado adscrito a la Fiscalía de San Pedro de Macorís, declaró haber realizado una notificación personal el 21 de abril del presente año en la ciudad de Yonkers, Nueva York, en la supuesta residencia de Cabrera. Según el acta, la notificación fue recibida por una mujer identificada como Lidia Tejada, quien se presentó como su secretaria.

Sin embargo, posteriormente se comprobó que Lidia Tejada es empleada como secretaria en la misma Fiscalía de San Pedro, donde trabaja en las oficinas del Ministerio Público. Esa supuesta notificación fue luego depositada en la Fiscalía de San Pedro el mismo día 21 de abril a las 12:25 del mediodía, y fue aceptada como válida por los jueces, sirviendo como base para emitir una orden de rebeldía y solicitud de apresamiento en contra del arquitecto.

Cabrera lamentó que estas acciones evidencien una posible componenda entre los demandados y ciertas autoridades judiciales, por lo que hizo un llamado a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que se investigue este caso y se detenga la persecución injusta en su contra.

También expresó su frustración con el fiscal Pedro Núñez, quien conocía la audiencia de su contrademanda. La primera audiencia se celebró el 11 de abril, y fue aplazada por el fiscal para el 16 del mismo mes. “Yo tenía previsto regresar a Nueva York ese mismo día 11 para cumplir compromisos, pero postergué mi vuelo por la garantía del magistrado de que si no se presentaban a una segunda audiencia, emitiría una orden de arresto por rebeldía. Sin embargo, los demandados tampoco se presentaron el día 16, y el fiscal declaró que no podía hacer nada al respecto”, expresó.

“Perdí tiempo, dinero y me retrasé en mis responsabilidades, todo con el fin de cumplir con el proceso legal y honrar los acuerdos asumidos entre las partes”, dijo Cabrera, sin recibir una respuesta clara ni acciones concretas por parte del Ministerio Público.

Al referirse a la esposa del pelotero, Jhilaris Massiel Bautista, Cabrera expresó: “Ella decidió contratar otra compañía para ejecutar sus proyectos, algo que acepté sin oposición. Solo le envié las facturas correspondientes a los servicios de diseño realizados y no pagados, porque nosotros no trabajamos para regalar nuestro trabajo.

Santo Domingo.- Dos hijas del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien falleció junto a otras 235 personas a causa del colapso del techo de la discoteca Jet Set en abril pasado, se querellaron contra los propietarios y socios del establecimiento, a los que el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario y negligencia, según se informó este martes.

La acción fue presentada por Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso "con el pleno respaldo de sus tíos, tías y seres queridos", de acuerdo con un comunicado emitido conjuntamente con la firma de abogados que les representa.

El colapso del Jet Set, en la capital dominicana, "dejó como saldo 236 personas fallecidas, más de 180 heridas y un número indeterminado de familias desgarradas por pérdidas repentinas e irreparables", entre las que hay personas "en situación de orfandad, hijos e hijas que deberán rehacer sus vidas sin la presencia de quienes los cuidaban, amaban y guiaban", agregó la nota.

Las hijas del cantante señalaron que este proceso judicial "no nace del rencor ni del protagonismo", sino de "un duelo profundo, de una pérdida irreparable y de la necesidad de que este país enfrente una verdad incómoda: hemos fallado como sociedad cuando el entretenimiento puede más que la vida y cuando el Estado no cumple su rol esencial de cuidar, fiscalizar y prevenir".

Esta querella "es una herramienta legal, pero también un acto de memoria" y "no busca castigar sin fundamentos ni emitir juicios paralelos", agregaron las hermanas Pérez, dos de los siete hijos del popular merenguero.

El objetivo es que "se investigue, que se determine la verdad, que se asuman responsabilidades donde corresponda y que las víctimas no desaparezcan del relato oficial", concluyeron, ante de reiterar su "gratitud a quienes nos han acompañado en estos días de profundo dolor" y reclamar que este caso "no pase sin consecuencias. Que no sea solo una nota más. Que sirva para corregir, aprender y, sobre todo, para cuidar".

Rubby Pérez, quien falleció a los de 69 años y que recibirá un homenaje el 11 de julio en el Teatro Nacional, debutó con su agrupación en 1986, tras su salida de la orquesta del maestro Wilfrido Vargas, con la que popularizó temas como 'El africano' o 'Cuando estés con él'.

Como solista se dio a conocer con canciones como 'Volveré', 'Sobreviviré', 'Fui buscando tus besos' o 'De color de rosa', el tema que interpretaba en Jet Set cuando ocurrió el accidente.

Negligencia sistemática, según la Fiscalía

El Ministerio Público dominicano solicitó el pasado sábado prisión preventiva en contra del empresario Antonio Espaillat, propietario del Jet Set, y arresto domiciliario para su hermana, Maribel Espaillat, ejecutiva de la discoteca.

La audiencia para conocer las medidas preventivas en contra de ambos, detenidos el pasado jueves, fue fijada para el domingo pasado y posteriormente aplazada para mañana, miércoles.

Según la investigación del Ministerio Público, para la que contrató a tres peritos, "durante años" el Jet Set Club, muy popular entre la clase media de República Dominicana, "operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados".

Los hermanos Espaillat permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del establecimiento, "sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional", de acuerdo con la Fiscalía.

Además, "cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua", sostuvo.

Santo Domingo.- Miembros de la Fuerza de Tarea Interagencial y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, (DNCD) coordinados por el Ministerio Público, incautaron 243 libras de marihuana, durante una operación de interdicción realizada en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, municipio de Baní, provincia Peravia.

Los militares y agentes, apoyados por una unidad canina, interceptaron al conductor de un camión, en el puesto de chequeo Los Pilones, cuando descubrieron en la parte trasera, un compartimiento secreto o caleta, donde estaba escondida la sustancia.

Por instrucciones del fiscal se procedió a realizar una inspección más rigurosa, encontrando dentro, 30 pacas de un vegetal que se presume es marihuana, envueltas en fundas plásticas, con un peso aproximado a las 243 libras.

Por el caso, las autoridades arrestaron a un dominicano de 39 años, mientras siguen profundizando en la investigación para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico.

Al detenido se le confiscó el camión marca Hyundai, modelo Porter II, placa L386364, del año 2010, donde se encontró la sustancia, un celular y documentos personales.

Las pacas del vegetal fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.