San Juan, Puerto Rico.– El gobierno puertorriqueño parece aferrado hoy a la bancarrota como única salida a la crisis económica y fiscal, que lo ha llevado a una situación de insolvencia, cuando el subcomité de Asuntos Insulares, Indígenas y de los Nativos de Alaska de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de realizar una audiencia en Washington.
Para el Congreso de Estados Unidos, en cambio, esa no parece ser la opción, sino establecer una junta de control fiscal sobre Puerto Rico, lo que produce el temor de que se inhabilite el gobierno elegido por los puertorriqueños en las urnas cada cuatro años.
Cuando se aproxima el vencimiento parcial de la deuda pública, los esfuerzos del gobernador Alejandro García Padilla ante Washington no han arrojado frutos y, por el contrario, la administración del presidente Barack Obama se ha encargado de ampliar la grieta sobre la realidad del Estado Libre Asociado (ELA), presentado por 63 años como un sistema con soberanía propia.
Por años, los independentistas fueron perseguidos y hasta encarcelados por combatir el ELA, impuesto en 1952, como un sistema colonial. Ahora es el propio Estados Unidos que, a través del procurador general federal, Donald B. Verrilli, se ha encargado de propiciar que se desmonte su estructura legal al decirle al Tribunal Supremo federal que se trata de un sistema carente de soberanía, contrario a lo que hasta el año pasado ha argumentado en las Naciones Unidas.
A pesar de la molestia que esto ha provocado en el gubernamental Partido Popular Democrático (PPD) y, en particular, en el gobernador García Padilla, la realidad es que Puerto Rico nunca ha tenido en los 117 años de dominación colonial de Estados Unidos un atisbo de soberanía, según lo ha planteado a la agencia Inter News Service (INS) el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez.
El dirigente socialdemócrata está convencido de que en medio de las dificultades económicas que experimenta el ELA, ya a Washington no le queda pudor para justificar que Puerto Rico no está bajo su tutela absoluta.
Berríos Martínez es partidario de crear una crisis a Estados Unidos similar a la que forzó la salida el 1 de mayo de 2003 de la Armada norteamericana de la isla de Vieques; crisis que se vislumbra en parte en el descalabro económico y fiscal de la otrora “vitrina de la democracia” de Washington en el Caribe.
El presidente del PIP aclaró que con los resultados del plebiscito de noviembre de 2012, cuando la mayoría de los puertorriqueños rechazó la actual relación con Estados Unidos, ya no se puede decir que “somos colonia por consentimiento”.
A pesar de aspirar a la plena anexión, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, ha responsabilizado directamente a Estados Unidos de la crisis que padece Puerto Rico, por lo que ha abogado por la reestructuración de la deuda pública de 70 mil millones de dólares.
Como delegado electo de la isla ante el Congreso federal, Pierluisi es partidario, al igual que otros políticos puertorriqueños, del establecimiento de una junta federal de control fiscal, que se encargaría de velar las operaciones económicas del gobierno del ELA. “La legislación debe proveer a Puerto Rico un trato más justo, más parecido a un Estado, al asignar fondos federales y programas de créditos contributivos, porque las décadas de negligencia de Washington es la causa más significativa para los problemas económicos, fiscales y de emigración en el territorio”, ha establecido Pierluisi.
El presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, reiteró luego de la audiencia de este martes del Congreso de Estados Unidos, a la que no fue convocado el gobierno puertorriqueño, la necesidad de “una junta de supervisión fiscal y no una junta de control fiscal”.
“Estamos listos y dispuestos a explicarle a cada uno de los miembros del Congreso las acciones agresivas que ha tomado este gobierno para atender la severa crisis que experimenta Puerto Rico”, argumentó Bhatia.
El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico intenta renegociar la deuda con los bonistas para reducir en un 60 por ciento el valor de los bonos adeudados, lo que ha encontrado resistencia en los acreedores, que mantienen una campaña en diversos niveles, a la vez que cabildean en Washington.
De este modo, el BGF asegura que se puede garantizar el pago mediante la emisión de nuevos bonos, lo que no ha tenido mucha receptividad.
La institución financiera, que tiene las funciones de banco central puertorriqueño, intenta alcanzar un acuerdo no más tarde de mayo próximo porque, de lo contrario, declararía una prórroga en el pago de la deuda garantizada de 422,8 millones de dólares, que vence para el próximo mes de junio, cuando concluye el año fiscal 2015-2016.
La realidad es que el gobierno puertorriqueño, al que los bonistas de Wall Street se oponen que el Congreso federal le otorgue la posibilidad de acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras, del que fue excluido en 1984, está aferrado a la bancarrota como una salida, ya que para verano próximo se enfrenta a la posibilidad de ese multimillonario impago, después que ya ha dejado de abonar 100 millones de dólares de sus obligaciones.
Los congresistas estadounidenses parecen haber descartado restablecer a Puerto Rico la posibilidad legal de una quiebra porque, a juicio de analistas, responden a las presiones de los bonistas de Wall Street, que financian sus respectivas campañas electorales.
Cierto o no, la realidad es que la imposición de una junta de control fiscal al gobierno puertorriqueño equivale a retornar a esta isla del Caribe a 1900, cuando Estados Unidos asentó su dominio colonial después de la invasión de 1898.
