Por: Los Humanistas
Cuando se habla de pobreza en República Dominicana, muy pocas veces se piensa en las zonas fronterizas. Sin embargo, estas provincias (Elías Piña, Dajabón, Pedernales, Bahoruco, Independencia, Santiago Rodríguez y Montecristi) son las que mayor pobreza presentan, llevando una carga de abandono y exclusión fuerte. Estas comunidades presentan una precariedad que no es nueva ni casual, es estructural.
Los datos lo confirman: a pesar de que el país ha mostrado avances en la reducción de la pobreza monetaria de un 23 % en 2023 a un 19 % en 2024, con 413,686 personas saliendo de esa condición estas cifras no se reflejan con equidad territorial. La brecha se amplía cuando quienes viven en la frontera siguen sin agua potable, sin energía estable, sin saneamiento ni oportunidades reales para prosperar, siendo que el 59.1 % de los hogares de la zona fronteriza vive en condiciones de pobreza baja o muy baja (MEPyD, 2024).
La Constitución dominicana, en su artículo 10, establece que el desarrollo de la zona fronteriza debe ser de interés nacional y ser permanente. Pero es imposible no preguntarnos ¿cómo es posible, entonces, que estas provincias sigan lidiando con la carga de tener los más altos niveles de pobreza y exclusión? Desde el abandono histórico hasta la baja ejecución de políticas estructurales de los cuales han sido víctimas, todo señala que la voluntad política no ha sido suficiente para transformar esta realidad que viven a diario los habitantes de esta zona.
En la actualidad, el gobierno del país ha implementado estrategias como el Plan “Mi Frontera RD”, que tiene 90 iniciativas que se proponen para mejorar la infraestructura, apoyar la producción agrícola y facilitar el acceso a servicios básicos (Presidencia de la República Dominicana, 2022). Además, existen los programas de subsidio como Supérate, Bono Gas Hogar, Bono Luz y Bonos Aprende y Avanza han alcanzado y ayudado a más de 1.5 millones de familias.
Sin embargo, la propia realidad de quienes viven esta situación apaga un poco el optimismo presentado por estas iniciativas. Un informe de Ciudad Alternativa (2023) recoge el testimonio de quienes viven en estas provincias: “pareciera como que es lo mismo ser pobre en Capotillo que en la frontera, pero no lo es. Allá no se trata solo de estigmas, sino de carencia absoluta” (Ciudad Alternativa, 2023).
Este testimonio revela algo muy crucial: no toda pobreza es igual, ni debe abordarse con la misma estrategia. Si bien existe la pobreza urbana, aunque estigmatizada, no se puede negar que esta suele tener mayor visibilidad, acceso a servicios públicos mínimos y cercanía a centros de poder. En cambio, la pobreza en la frontera se vive en silencio, en condiciones de aislamiento extremo, abandono institucional que también está presente y con poca visibilización en medios.
Esta diferencia debe ser tomada en cuenta para crear políticas diferenciadas para tratar el problema, pues, al buscar resolver lo que es estructuralmente desigual de la misma manera, es inevitable que se convierta en una representación más de injusticia.
La crítica no es hacia la existencia y ejecución de estos programas sociales, sino hacia su naturaleza asistencialista y su falta de impacto estructural que transforme estas realidades que se viven. Como bien señala López (2021), la vulnerabilidad en estas provincias se traduce en ausencia de lo esencial: agua, energía, vivienda digna, salud, movilidad y capital humano. Si no se planifica desde una visión de justicia territorial, la ayuda se convierte en un suavizante de la problemática y no en verdadera transformación.
Visto esto podemos decir que es notorio el nivel tan alto de pobreza que exhiben estas provincias, lo que provoca daños emocionales y de salud a los pobladores de estas regiones. Para nadie es un secreto que los organismos nacionales pueden erradicar las causas que provocan dicha problemática, con implementación justa de políticas públicas que desarrollen la economía y suplan las necesidades básicas carentes allí.
La reducción de la pobreza monetaria como muestran los recientes informes de la presidencia y del MEPyD pueden ser ciertas a escala general, pero no necesariamente representa una mejora de vida real para los habitantes de estas zonas marginadas. La mejora económica no debe ser la única meta, también debe pensarse en la dignidad humana, independientemente del avance económico.
Factores como la falta de infraestructura la cual se evidenciada en el poco acceso a los servicios públicos, como el agua, electricidad, saneamiento, falta de carreteras, transporte, limitadas oportunidades económicas reflejadas en la carencia de industrias y empresas fronterizas y la desigualdad social como falta de acceso a la educación y la salud agravan la pobreza en estas regiones, por lo que es necesario y urgente el desarrollo de programas y políticas efectivas que combatan la situación.
