Afirmó que del recién finalizado año 2021, el sistema de justicia no ha podido exhibir avances "sustanciosos, tangibles" que se puedan apreciar de manera clara y precisa, a la vez que puso como ejemplo el que en la jurisdicción inmobiliaria se han denunciado serias irregularidades, además, de que hay grandes problemas en el ámbito laboral, lo que según explicó llama a profunda preocupación. 

Al evaluar el ámbito penal, el jurista Víctor Turbí, dijo que el Consejo del Poder Judicial (CPJ), respaldado por algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia, intentaron incorporar la virtualizacion total del Poder Judicial, lo que calificó de improcedente, tras ser rechazado en el Tribunal Constitucional. 

"Estas acciones finalmente, recibieron una estocada mortal, con una daga en el Tribunal Constitucional, y no han tenido otro camino que acudir ante los vecinos más cercanos en el Congreso Nacional, a los fines de que puedan analizar y estructurar una norma que sirva de sostén  para poder implementar algunos procedimientos en el orden administrativo y de algunos trámites que se pudieran aplicar en todas las áreas del derecho, pero no en el área penal para el juzgamiento" observó Turbí.

Planteó además, como una prioridad la asignación de una mayor partida presupuestaria tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, con el objetivo de que este año 2022 el aparato judicial pueda realizar una labor con mayor eficiencia, equidad y apego a las normas procesales y constitucionales.

Indicó  "En honor a la verdad, no se puede negar que un sistema de justicia para poder avanzar, desarrollarse y brindar mejores servicios, necesita de un sostén económico, aunque debemos precisar también, que no sólo la parte económica lo es todo, si no también, se debe a una planificación y a otros elementos que son propios de un sistema de justicia" explicó el profesional del derecho.

Indicó "Vamos a ver este año 2022, y la esperanza es, de que se puedan llevar a cabo algunas políticas públicas tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público que puedan tener resultados efectivos, para que la población pueda recibir servicios de una justicia moderna, más oportuna, con mayor celeridad y que en el fondo tenga lo que es mayor paz, armonia y mejor evolución democrática".

Explicó que todo sistema de justicia descansa en el respeto al debido proceso y de la tutela judicial efectiva, de lo que se desprende el principio de legalidad, presunción de inocencia y demás "En la República Dominicana, no obstante de tener una Constitución moderna y avanzada, parecería que el Ministerio Público cuando le ha tocado investigar e imputar un hecho, desconoce de estos principios, aunque se podría equivocar, pero para eso está el tercero imparcial, que es el juez, el poder judicial que es el responsable de corregir estos entuertos" indicó. 

Planteó, finalmente, que, si un sistema de justicia "no es capaz" de respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de legalidad, "por más que quiera no va a avanzar" advirtió.

El director ejecutivo del organismo, Juan Salas, explicó que se trata de una novedad que ha permitido vigilar en tiempo real el flujo vehicular y la detección temprana de accidentes de tránsito, para despachar las unidades de respuesta que estás apostadan en puntos estratégicos. 

Estos drones se han puesto en marcha como piloto en las autopistas Las Américas y del Nordeste, donde técnicos de la Defensa Civil han captado dos accidentes de tránsito durante este fin de semana. 

Esta tecnología también se usará para apoyar los carreteos que llevará a cabo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), a partir de las 4 de la tarde. 

Tecnología al servicio de la prevención

El director Salas adelantó que para este nuevo año se gestionarán otras aeronaves no tripuladas (drones) para fortalecer las labores de prevención y respuesta de la Defensa Civil. 

Dentro de ellas están la búsqueda y localización de personas desaparecidas en aguas profundas, montañas, zonas boscosas y estructuras colapsadas. Además, cuando quedan comunidades aisladas producto de las  inundaciones. 

Estos drones son manipulados por técnicos del Sistema Integrado Nacional de Información (SINI), una instancia de la Comisión Nacional de Emergencias que sistematiza el conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en todo el territorio nacional. 

Este Sistema se construye mediante la integración de informaciones provenientes de diferentes organismos públicos y privados que poseen los datos necesarios para conocer las vulnerabilidades y riesgos existentes. 

El SINI está ubicado dentro del edificio de la Comisión Nacional de Emergencias y la Defensa Civil.

Se trata de la señora Cecilia Gómez Rojas y su nieto, el infante Yaniel Gómez, quienes fallecieron a consecuencia de quemaduras en toda su superficie corporal.

La tragedia se registró, conforme a los reportes, a las 8:30 de la noche del sábado primero de enero, a consecuencia de un cortocircuito eléctrico.

La institución del orden informó que profundiza las investigaciones, a través de la unidad de explosivos, para determinar las causas del siniestro.

De manera preliminar los indicios apuntan a que el incendio se originó tras un cortocircuito eléctrico. 

Los reportes indican que, en medio del primer enfrentamiento, registrado la noche del sábado primero de enero en una fiesta callejera celebrada en la calle Los Transformadores del citado sector, resultó muerto por heridas de bala Gabriel Junior Pérez Vizcaíno (Gugu). 

Junto a Pérez Vizcaíno (Gugu) resultaron heridas de bala Claudio Alberto Martínez (Bache), de 44 años; Marbelis Arias Manzanillo, de 18; Clauri Cedano Montero (Jesica), de 25; Nicaury Anacremonte Caraballo, de 20; Jazmín Reynoso Rodríguez, de 29; Adonis Aquino, de 27, y tres menores de edad, dos ellos de 17 y uno de 15. 

En esta primera escena, el personal de la Policía Científica colectó tres casquillos calibre 40, seis 9 mm, y dos cápsulas cal. 9mm, las cuales fueron remitidas a los laboratorios. Los investigadores trabajan para verificar la participación de cada uno de los afectados en el hecho.

Segundo caso 

Mientras que al mediodía de hoy también en el sector Simonico de Villa Duarte se registró un segundo hecho violento en el cual resultaron muertos Miguel Ángel Santiago, de 25 años y Sandy Germán (Prieto). Mientras que con heridas se encuentra interno en un centro de salud Johan Luis Tejeda, de 25 años. 

Conexión 

Hasta el momento y conforme a los reportes preliminares, ofrecidos por los oficiales investigadores, ambos hechos están relacionados con el control de la venta de drogas en el referido sector, ya que mantienen viejas rencillas.  

Detenidos  

En el proceso investigativo han sido detenidas más de 15 personas para fines de investigación, incluyendo familiares de los involucrados en ambos hechos violentos, en procura de poder identificar a los autores y en coordinación con el Ministerio Público establecer responsabilidades.

Mientras que se han realizado varios allanamientos en busca de los responsables de los hechos antes citados y de las armas de fuego utilizadas en ambos casos.

Precisó que el Consejo del Poder Judicial (CPJ), ha emitido varias resoluciones que permitirán un mayor flujo en cuanto a los servicios judiciales que se les brindan a la población, además de los ascensos en la judicatura, entre otras iniciativas que contribuyen a mejorar el sistema judicial. 

Señaló la  Resolución 001-2021, que dispone el Escalafón Judicial, instrumento que establece parámetros objetivos y con elevado consenso para disponer el curso de avance profesional de juezas y jueces en atención, cuidado y protección de sus derechos.    

Además, señaló otro de los logros como el ascenso y aumento de jerarquía  a 161 jueces y juezas de los distintos departamentos judiciales del país,  a fin de fortalecer la Carrera Judicial y desarrollar capacidades, en la actual gestión del magistrado Luis Henry Molina. 

En torno a la Procuraduría General de la República, valoró como positivo el combate a la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, cuyas acciones encaminan al Ministerio Público a ser cada vez más independendiente. 

Destacó además, que el órgano persecutores ha sentado un precedente en materia de persecución y sometimiento contra quienes han defraudado al Estado Dominicano, aunque explicó que estas acciones deben estar precedidas por una sentencia condenatorio, lo que ratificará los avances del sistema de  justicia. 

No obstante, el profesional del derecho planteó que la justicia amerita una mayor asignación presupuestaria, a fin de eficientizar la labor que lleva a cabo tanto la Procuraduría General de la República, como Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia. 

La Disposición Ejecutiva Municipal 033/21, se refiere específicamente a las áreas que impactará dicha medida, como el respeto a la dignidad inherente a la condición humana, la accesibilidad universal, la no discriminación, la igualdad de derechos, la equidad, solidaridad, la justicia social, inclusión en la actividad laboral institucional, y gradualidad.

Se recuerda que en enero del 2013 fue promulgada la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derecho de las Personas con Discapacidad No. 05-13, la cual contempla en su Artículo 14, que, “Las políticas de trabajo y empleo tienen como finalidad primordial la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo o en su defecto, su incorporación a un sistema de empleo protegido o por cuenta propia, que aseguren su independencia económica, siguiendo el espíritu de las normas nacionales e internacionales referentes al trabajo y al empleo”.

Para sustentar la declaratoria, Martínez, aclara que la institución que dirige ejecutará sus acciones en coordinación con las entidades que trabajen el tema, así como ONG’s, a los fines de lograr un municipio más justo, reduciendo la inequidad a su mínima expresión.

La disposición 033/21 se ampara en la Constitución de la República, la Ley municipal 176-07, y la Ley 05-13, ley de discapacidad e inclusión.

Los aportes del Gabinete a la investigación permitieron el arresto de al menos seis personas identificadas como las responsables de suplantar la identidad de los beneficiarios de los subsidios y clonar sus tarjetas para extraer los fondos de los subsidios; en ese sentido, también se recuperaron alrededor de un millón de pesos que habían sido robados.

Los detenidos son Franklin Alberto Arias Polanco; José Antonio Santana Moronta; Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo; Cristopher Piña Javier; Ambiorix Encarnación Ubrí y Rigoberto Solís Pererira. 

El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, reiteró que se mantendrán vigilantes para proteger los fondos destinados para las personas en condiciones de vulnerabilidad social y someterán a la acción de la justicia a todos los que atenten contra la integridad de los más necesitados y los programas sociales.

Asimismo, Peña informó que los desaprensivos fueron puestos a disposición de la justicia para que estos respondan ante la ley, al tiempo que aseguró que se mantendrán dando seguimiento a las anomalías que refleje el sistema para perseguir a aquellos que quieran apropiarse de los recursos del erario destinados a los más necesitados.