Santo Domingo. – La Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH 2024), realizada por el Defensor del Pueblo, reveló que el porcentaje de las personas que no conocen sus derechos se redujo en un 36.9 % en este año, gracias al trabajo de promoción y difusión que realiza este órgano constitucional en todo el país.

Esta cifra es el resultado de acciones puntuales, como la Constitución Animada, así como la Ruta de los Derechos que se llevó a cabo en todas las provincias durante el año 2024.
El estudio reveló que un 57.5 % de los entrevistados manifestó confiar en esta institución para la defensa efectiva de sus derechos, posicionándola por encima de otras entidades públicas e incluso de actores del sistema de justicia.

La encuesta realizada mediante entrevistas indicó que el derecho humano garantizado por la Constitución más reconocido es el derecho a la educación con un 46.3 %. Le sigue la salud con un 36.2 %, alimentación con un 31.1 % y la libertad con un 24.6 %.

Sin embargo, se observaron diferencias significativas según el nivel educativo. El 41.6 % que cuenta solo con educación primaria reportó mayores dificultades para recordar los derechos, en contraste con el 25.8 % que posee educación superior.

La ENDH 2024 confirmó que solo un 2.3 % de la población encuestada declaró reconocer todos los derechos humanos garantizados en la Constitución. Entre los grupos más vulnerables identificó a las mujeres, con un 45.3, % y las personas privadas de libertad, con el 44.8 %.

La vida y la salud: los derechos más valorados

Para los encuestados, los derechos humanos más importantes son el derecho a la salud, con el 19.6 %, y el derecho a la vida, con el 19.4 %.

El estudio también reflejó que cada vez más personas sienten que sus derechos no se respetan en lo absoluto. En este orden, se aumentó en un 23.7 % en comparación con el 2022, que era de un 19.1 %. Por su parte, quienes consideran que “se respetan mucho” disminuyeron del 17.4 % al 8.5 % en ese mismo período. Dentro de los hallazgos, presentó que el 75.5% de los consultados considera que las leyes no se aplican por igual.

Según los datos de 2024, se aprecia que un 15 % de los hombres reportó haber sufrido más de una violación de sus derechos humanos en el último año, en comparación con un 9.9 % de las mujeres.

La encuesta detalló que los jóvenes entre 18 y 26 años fueron el grupo que más reportó haber sufrido una violación de derechos una vez. Esto representó el 12.4 %, en comparación con las personas de 60 años o más, el 80.6 %, que indicó no haber sufrido ninguna vulneración en los últimos 12 meses.

En cuanto al área laboral, el estudio reflejó que el 18.3% señaló haber sentido alguna vulneración a sus derechos en su espacio de trabajo. Esta cifra es más alta entre las mujeres, con el 20 % en comparación con los hombres, que es el 16.8 %.
Derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA)

La Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2024 reflejó que el 40% de las personas consultadas afirmó que los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) no son suficientemente respetados.

Estos datos identificaron retos significativos en materia de acceso a educación de calidad, salud, alimentación y protección contra el maltrato. No obstante, se visibilizaron avances institucionales y desafíos pendientes para garantizar los derechos de esta población clave.

Santo Domingo.- Mediante un mensaje directo al país, la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, difundió este martes un video en el que denuncia la campaña de descrédito y chantaje digital de la que ha sido víctima en los últimos meses, y anunció que ha instruido a su equipo legal para iniciar acciones judiciales contra todos los involucrados.

En la pieza audiovisual la funcionaria expone cómo esta campaña ha escalado hasta el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para fabricar rumores con contenido falso sobre su vida personal. “Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad”, afirma.

Raful, quien ha defendido una gestión basada en la transparencia, la independencia y el fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana, no solo hizo un llamado a la reflexión nacional sobre los peligros del uso malicioso de la tecnología, sino que dejó claro que no tolerará más ataques ni falsedades:

“Sabemos quiénes son. No les temo. He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia.”

El mensaje no se limita a su defensa personal. En su declaración, la Ministra advierte que esta amenaza puede alcanzar a cualquiera —incluso a niños y adolescentes— y llama a la ciudadanía a asumir colectivamente la protección de su verdad y su reputación.

“Esto solo se evita con valentía, con justicia y con verdad. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y el respeto.”

La publicación del video marca un precedente institucional en la lucha contra la difamación digital y el uso de inteligencia artificial para destruir la honra de figuras públicas y privadas. La acción de Raful convierte la denuncia en una causa pública y llama a proteger, desde el Estado y la sociedad, los derechos fundamentales de las personas ante un nuevo tipo de violencia: la manipulación tecnológica con fines de extorsión y daño moral.

Santo Domingo.- La organización Participación Ciudadana (PC) consideró este lunes que valora el "esfuerzo" realizado por la comisión encargada de redactar un proyecto de ley que pretende actualizar el marco regulatorio de los medios audiovisuales en el contexto de la libertad de expresión.

Se trata de un proyecto que, de aprobarse, vendría a llenar un vacío, pues la actual Ley 6132, de expresión y difusión del pensamiento, fue promulgada en 1962, cuando no existía el desarrollo tecnológico actual, que obliga a una actualización de la norma, dijo PC en un documento.

La onegé, sin embargo, destacó que una serie que el proyecto de ley contiene artículos, como el 9, que trata sobre archivos informativos y dice que los medios tienen derecho a preservar las informaciones "veraces", lo que implica el riesgo de que se le pida que borre informaciones que una parte entiende que no son veraces.

Asimismo, en el artículo 13 se exige que el director de un medio de comunicación esté "domiciliado real y permanentemente en la República Dominicana" desconociendo una realidad del trabajo por internet. Bastaría que el medio tenga domicilio en el país.

Participación Ciudadana también afirma que en el artículo 20, ordinal 4, se señala que se deberá permitir la auditoría del algoritmo y los códigos fuentes, pero no establece los procedimientos para que esta obligación pueda hacerse realidad.

"En artículo 36, pero en el párrafo 1, se señala que será competencia de la JCE y no del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), a ser creada por la ley, la regulación y tutela de los temas electorales durante la precampaña y la campaña, pero nada dice de lo que ocurra fuera de esos períodos, que deben ser también competencia de la JCE.

La organización favoreció varias partes del proyecto, entre estas la que reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental y obliga al Estado a crear las condiciones para facilitar el acceso.

Asimismo, que establece la prohibición de la censura indirecta que se produce cuando se utilizan los recursos del Estado distribuyéndolos en forma de prebenda o asignando la publicidad de forma arbitraria y discriminatoria, u otorgando frecuencias de radio y televisión para premiar o castigar de acuerdo con las líneas informativas de los medios o comunicadores, con lo que queda clara la intención de poner fin a prácticas incorrectas y hasta corruptas que han predominado en esta materia.

Distingue, agregó PC, entre periodistas y comunicadores sociales. Y señala que todas las personas tienen derecho a la comunicación social individual o colectiva sin necesidad de autorización alguna, excepto la que caen bajo el régimen de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales que utilizan recursos escasos.

"Establece el principio de tolerancia a la crítica de parte de funcionarios, políticos, candidatos o aquellas personas que mantengan una presencia notable, activa e influyente en los medios y en las redes sociales, quienes están sujetos a un mayor escrutinio social", reconoció Participación Ciudadana.

El proyecto de ley ha concitado el apoyo de varios grupos y el rechazo de aquellos que denuncian la supuesta intención de la iniciativa de regular la libertad de expresión en medios audiovisuales.

El Senado de la República dejó conformada una Comisión Especial para analizar y estudiar el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, remitido por el Poder Ejecutivo.

Esta comisión especial está encabezada por la comunicadora y senadora Aracelis Villanueva e integrada por los senadores Moisés Ayala, Franklin Romero, Aneudy Ortiz, Andrés Lama, Ramón Rogelio Genao, Omar Fernández, Félix Bautista, Rafael Duluc, Pedro Tineo y Ginnete Bounigal de Jiménez.

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo, confiscaron un alijo de 334 paquetes de presumible cocaína, introducidos en auyamas fabricadas en resina plástica.

Las unidades operativas, tras recibir informes de inteligencia, intervinieron varios contenedores para exportación, detectando en dos de ellos imágenes sospechosas e iniciando inmediatamente el protocolo de actuación para estos casos.

Por instrucciones del fiscal se procedió a realizar una inspección a los contenedores, que según la documentación, llegarían al puerto de Bélgica y su destino final era Madrid, España. En el primero se confiscaron 239 paquetes y en el segundo otros 95, para un total de 334 paquetes, envueltos en fundas plásticas de color negro, camuflados todos en el interior de las auyamas hechas en base a plástico.

"Se trata de la fabricación de productos de plástico, con los colores, tamaño y otras características similares a la auyama, una de las nuevas modalidades del narcotráfico internacional, para tratar de burlar los controles y traficar con sustancias narcóticas a través de las terminales aéreas y portuarias del país", agregó la información.

El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación en relación al frustrado envío de la presunta cocaína, que pone en evidencia la capacidad de respuesta de los agentes, frente al ingenio de las estructuras criminales que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades ilícitas.