Santiago.- El lunes 19 de septiembre del año 2022, la República Dominicana fue afectada por el huracán Fiona, que causó severos daños en distintas localidades del país, uno de ellos al puente seco ubicado en Pontón, La Vega, donde la estructura que resultó más afectada por este fenómeno atmosférico.

En atención a una serie de manifestaciones y debilidades que la mantenían bajo una alerta de alto riesgo, su estructura de dos vías separadas, ya estaba siendo intervenida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); en especial, el lado este que conduce en dirección Santo Domingo a Santiago, cuyo colapso, acaecido en la misma fecha, fue precipitado por los efectos del indicado huracán.

Afortunadamente, dicho hecho no causó daños humanos por lo que, en respuesta a dicha contingencia, el presidente de la república Luis Abinader Corona, impartió instrucciones inmediatas para la construcción de un nuevo distribuidor que contemplara los dos puentes existentes y la parte central de ambos, lo que forma parte del proceso de modernización, actualización y ampliación de la autopista Duarte.

El nuevo puente de Pontón, ubicado en el distribuidor tipo diamante, tiene una longitud total de 50 metros, con dos losas de aproche de 6 metros de longitud, cada una.

El ancho total es de 32.60 metros, conformado por una calzada Santo Domingo – Santiago y otra Santiago – Santo Domingo; cada una de ellas, en su dirección, tiene tres carriles de circulación de 3.65 metros cada uno, un paseo de 1.70 metros, una zona de 1.40 metros reservada para el paso futuro de tuberías, muro de defensa lateral de 0.35 metros, y ambas separadas por un muro central tipo New Jersey de 0.60 metros de ancho.

Además, cuenta con profusa y moderna señalización, con instalación de barandas metálicas flexibles en sus rampas de accesos, excelente iluminación de última generación, pintura termoplástica reflectiva y accesorios reflectivos de prevención y un paisajismo que se incorpora a la belleza natural de la zona.

Por otra parte, el Puente 7S fue ampliado en su vano central para obtener los tres carriles en cada sentido de la Autopista Duarte.

El ancho total del puente es de 34.30 metros y una longitud de 35.00 metros. Se construyó para separar las calzadas un muro central tipo new Jersey de 0.60metros de ancho y muro de defensa lateral de 0.35 metros.

La seguridad vial en la Autopista Duarte es la principal encomienda del Gobierno de la Republica Dominicana, y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo las instrucciones directas del Señor Presidente, Luis Abinader Corona, en su compromiso con el avance, el desarrollo y el progreso de la República Dominicana.

Santo Domingo.- Miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) protestaron frente al Congreso Nacional en rechazo de la reducción de los recursos asignados para el Poder Judicial contemplados en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024, que ha sido de RD$8,623,324.578 para el Poder Judicial y RD$9,648,535,941 para la Procuraduría General de la República, lo cual es violatorio a la Ley 194-04, que establece la asignación de 4.10% del Presupuesto Nacional para el sector justicia.

La manifestación estuvo encabezada por el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, quien dijo que de mantenerse dicha asignación igual sería un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana, que se encuentra en una grave crisis por la ausencia de jueces, fiscales y personal suficiente para responder a la demanda de servicios de la ciudadanía, generando un retardo fatal en las decisiones judiciales qué se refleja en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables.

Surun Hernández recordó que actualmente hay más de 17,000 presos preventivos con sus prisiones vencidas, convirtiendo nuestras cárceles en cementerios de hombres vivos.

Los juristas calificaron como grave y preocupante que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años y que luego de dictada una sentencia penal, su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria.

Denuncian que peor situación se presenta en la materia civil con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios, escasez de equipos y de material gastable, ni condiciones aptas para los abogados, muchos menos para las víctimas y usuarios del sistema, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de RD$40 mil millones de pesos que por Ley le corresponden al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República.

El gremialista agregó que “Con los fondos asignados actualmente no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento".

El presidente del Card dijo que dicho desvío de recursos se verifica a pesar de los cuantiosos ingresos contemplados en el Presupuesto Nacional que ascienden a RD$1,572,986,016,693, contemplados préstamos por el orden de los RD$344,980.21 millones, y US$1,500 millones de dólares.

Presupuesto para el sector justicia

El presidente del Card recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y que deben de ser distribuidos de la siguiente manera: Un 65% del 4.10% corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35% a la Procuraduría General de la República.

Presupuesto modifica Código Tributario

Los miembros del CARD también plantearon que el Proyecto de Ley de Presupuesto modifica leyes orgánicas como lo es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre RD$26,000.00 y RD$35,000.00, quienes deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta, pero por la aplicación del artículo 45 quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el párrafo I del artículo 296 de la Ley que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana núm. 11-92.

Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo citó a la doctora Marilelda Reyes, directora del Hospital de la ciudad Juan Bosch, como parte de la investigaciones sobre el hallazgo de 6 neonatos en el cementerio Cristo Salvador.

Las indagaciones buscan determinar si existen protocolos de manejo de parte de las autoridades hospitalarias para sepultar los cuerpos abandonados en los distintos centros de salud.

El Defensor del Pueblo registró el caso núm. 00180-2023 a raíz de que el miércoles 4 de octubre de 2023, en la entrada del cementerio Cristo Salvador, ubicado en la carretera Mella, fueron encontrados seis (6) cadáveres de neonatos. En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la Ley que crea el Defensor del Pueblo (núm. 19-01), se llevó a cabo una inspección para identificar las circunstancias en las que aconteció este penoso suceso y recomendar acciones preventivas a la administración pública.

En cumplimiento del artículo 15 de la Ley que creó el Defensor del Pueblo (núm. 19-01) la doctora Marilelda Reyes, en su calidad de directora del Hospital Ciudad Juan Bosch, ha sido citada a comparecer a la sede principal del Defensor del Pueblo para responder ante el órgano constitucional en el marco de la investigación del caso oficioso núm. OF- 00180-2023. La finalidad de la cita es escuchar a la referida servidora pública con respecto a lo acontecido y que se produzca la entrega de toda la información vinculada con el convenio por pagos de servicios que supuestamente posee el Hospital Ciudad Juan Bosch con la denominada Funeraria Popular.

La cita ha sido motivada por indicios de falta de colaboración de parte de la doctora Marilelda Reyes y por el riesgo de que la misma obstaculice la investigación del caso núm. OF-00180-2023. La misma se emite en cumplimiento del artículo 15 de la Ley núm. 19-01 que faculta al Defensor del Pueblo para citar a una persona o funcionario para que responda inmediatamente en el marco de una investigación por la violación a los derechos fundamentales.

Para la institución, como garante del los derechos y de la buena administración es imprescindible determinar las condiciones en que se manejan estos casos en virtud de lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución que establece los principios que rigen la actuación de la Administración y en la Ley núm. 192-19 sobre Protección de la Imagen, Honor e Intimidad Familiar Vinculados a Personas Fallecidas y Accidentadas.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabeza en estos momentos una sesion de trabajo con el Consejo Nacional de la Magistratura con el objetivo de establecer los trabajos para elegir los cinco nuevos integrantes del Tribunal Constitucional.

La convocatoria propone una agenda cargada, incluyendo el inicio de las labores para evaluar y seleccionar a cinco nuevos integrantes del Tribunal Constitucional.

De acuerdo con la composición constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, además del presidente Abinader, integran el órgano el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Bautista Rojas; el diputado Víctor Fadul; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández, quien también funge como secretaria del consejo; y la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Con excepción del senador presidente De los Santos Polanco, quien se une por primera vez al consejo, el resto de los miembros se mantiene igual que en las recientes convocatorias.

Santo Domingo.- La República Dominicana es uno de los 15 países que este martes consiguió un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para los próximos tres años durante la votación desarrollada en la sede de la Asamblea General del organismo en Nueva York.

En la votación, de carácter secreto, también Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi, China, Costa de Marfil, Cuba, Francia, Ghana, Indonesia, Japón, Kuwait, Malaui y Países Bajos se hicieron con un sillón en el Consejo, compuesto por 47 estados.

De los aspirantes a ocupar los tres puestos ofertados para la región de Latinoamérica y el Caribe, la elección de Cuba, que obtuvo 146 votos, fue la más controvertida, debido a las denuncias de algunos gobiernos y distintas ONG sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos y por "el millar de presos políticos" que se encuentran detenidos en cárceles del país.

También la elección de China, que consiguió 154 apoyos, ha generado polémica, después de que la semana pasada representantes de la ONU propusieran un voto en blanco o abstenerse de votar al país asiático, acusando a las autoridades en Pekín de "detener a sus críticos, hacerlos desaparecer o acosarlos cuando están en el extranjero".

En una rueda de prensa tras la votación, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, defendió que los países que se unen al Consejo de Derechos Humanos deben someterse a una evaluación de su historial en ese ámbito.

"Creemos que ningún país tiene un historial de derechos humanos perfecto, pero tienen que estar dispuestos a someterse a este tipo de evaluación que puede mejorar la situación de los derechos humanos en sus respectivos países", dijo Haq.

La función principal de este Consejo, con sede en Ginebra (Suiza), es fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y abordar situaciones en las que se vulneran derechos fundamentales, formulando recomendaciones pertinentes a los países que los hayan violado, para restituirlos o establecer las sanciones pertinentes.