Por Los Sociólogos 

El embarazo en adolescentes representa un enemigo sigiloso, que actúa en la sombra, enmascarado de naturalidad o visto como un asunto particular. Sin embargo, ocasiona perjuicios sociales, económicos y personales profundos, afectando desde los niveles más bajos hasta los más complejos de la población juvenil. Enfrentar este fenómeno exige valentía, romper con los silencios y abordarlo desde múltiples perspectivas, con equidad social e imparcialidad de género.

Se trata de un fenómeno que, históricamente, ha impactado de forma muy negativa a toda América Latina y el Caribe, siendo República Dominicana, México y Colombia los países con los índices más altos de este flagelo. Las estrategias empleadas por los ministerios de salud de los distintos países, así como las implementadas por organismos y agencias internacionales vinculados al área de la salud para contrarrestar esta problemática, han fallado. Esto se debe principalmente a la naturaleza multifactorial del problema. Para poder llevar a cabo un trabajo eficaz que permita mitigar los efectos nocivos del embarazo en adolescentes, es necesario abordarlo desde distintos aspectos, que van desde lo culturalmente aceptado hasta factores como la pobreza, la exclusión social y la falta de información oportuna para la población adolescente.

El embarazo a temprana edad en América Latina y el Caribe es un problema de salud con fuertes implicaciones sociales, culturales y económicas. Un alto porcentaje de los nacimientos en la región (casi el 18 %) corresponde a madres menores de 20 años, y cada año miles de adolescentes dan a luz. Según datos del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), esta región presenta la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, solo superada por África subsahariana, tal como como se aprecia en la tabla a continuación.

La falta de información y educación oportuna sobre salud sexual y reproductiva es un factor altamente determinante en el aumento del número de adolescentes embarazadas. Por otro lado, las barreras sociales y culturales pueden representar obstáculos al acceso a métodos anticonceptivos, ya que las creencias religiosas suelen determinar o limitar su uso.

Resulta alarmante que, en América Latina, millones de jóvenes se vean afectadas por esta situación en periodos relativamente cortos. A menudo se pasa por alto su impacto social y la manera en que vulnera el sistema educativo. Esta realidad suele ser ignorada o minimizada en el análisis público. La invisibilidad que conlleva su aceptación cultural termina por normalizar el problema, ocultando procesos de vulnerabilidad como el desconocimiento, la desigualdad y la falta de orientación en temas de sexualidad. Como consecuencia, se incrementa la deserción escolar, tal como señala la UNESCO (2021).

Más allá de sus implicaciones inmediatas, el abordaje de esta problemática exige soluciones eficaces y políticas integradas que la asuman como un asunto neurálgico y estructural. Es indispensable adoptar una perspectiva que refleje seriedad y compromiso, implementando estrategias sostenibles que permitan frenar su avance. Se requiere garantizar información accesible, con especial atención a la región del Caribe, para reducir al mínimo las consecuencias negativas.

Aunque el embarazo adolescente se ha normalizado en muchos contextos de América Latina, sus consecuencias son graves y duraderas. En la República Dominicana, por ejemplo, el 49 % de las adolescentes ya ha tenido hijos antes de cumplir los 18 años, según datos de UNICEF. A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora —en materia de políticas públicas, salud, educación y otros sectores— los avances no son lo suficientemente visibles. Aún se mantiene la esperanza de que esta problemática sea abordada de manera adecuada, ya que representa una amenaza latente al futuro de nuestras adolescentes.

Estudios realizados desde el sistema de salud evidencian diversas complicaciones asociadas al embarazo en la adolescencia. Por otra parte, las consecuencias y el impacto psicológico que este conlleva suelen ser devastadores e irreparables, pudiendo afectar el desarrollo de la vida de la adolescente en todos los niveles.

Finalmente, el embarazo en la adolescencia constituye una problemática urgente y multidimensional que demanda respuestas integrales, firmes y sostenidas. No puede seguir siendo visto como un asunto individual ni tratado con indiferencia desde las políticas públicas. Su arraigo en factores estructurales como la pobreza, la desigualdad de género, la falta de educación sexual y las barreras culturales, lo convierte en un fenómeno complejo que requiere intervenciones multisectoriales y culturalmente sensibles. La evidencia es clara: los efectos del embarazo adolescente son profundos y duraderos, afectando no solo a las jóvenes, sino al tejido social en su conjunto. Es indispensable romper el silencio, visibilizar sus consecuencias y priorizar el bienestar de la juventud mediante políticas inclusivas, educación sexual integral y el fortalecimiento de redes de apoyo comunitarias. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y consciente del valor y los derechos de sus adolescentes.

Referencias bibliográficas:

Mendoza, M. A. O., Alvarado, C. A. C., & Rubín-De-Celis, V. E. (2024). Complicaciones maternas y embarazo adolescente en América Latina: Revisión sistemática y metaanálisis. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 24(2), 108–118.

Chávarry-Ysla, P. D. R. (2020). Estigmatización del sistema adolescente embarazada. Revista Cubana de Enfermería, 36(1).

Organización Panamericana de la Salud (OPS) & Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2020). El embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe: Reseña técnica, agosto del 2020 (OPS/FPL/HL/20-0019).
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53134/OPSFPLHL200019_spa.pdf

Vargas, N. (2022, 8 de noviembre). América Latina, el segundo con más embarazos adolescentes, esto le cuesta al PIB. La República.
https://www.larepublica.co/globoeconomia/america-latina-el-segundo-con-mas-embarazos- adolescentes-esto-le-cuesta-al-pib-3485116

Por: Los Humanistas

Cuando se habla de pobreza en República Dominicana, muy pocas veces se piensa en las zonas fronterizas. Sin embargo, estas provincias (Elías Piña, Dajabón, Pedernales, Bahoruco, Independencia, Santiago Rodríguez y Montecristi) son las que mayor pobreza presentan, llevando una carga de abandono y exclusión fuerte. Estas comunidades presentan una precariedad que no es nueva ni casual, es estructural.

Los datos lo confirman: a pesar de que el país ha mostrado avances en la reducción de la pobreza monetaria de un 23 % en 2023 a un 19 % en 2024, con 413,686 personas saliendo de esa condición estas cifras no se reflejan con equidad territorial. La brecha se amplía cuando quienes viven en la frontera siguen sin agua potable, sin energía estable, sin saneamiento ni oportunidades reales para prosperar, siendo que el 59.1 % de los hogares de la zona fronteriza vive en condiciones de pobreza baja o muy baja (MEPyD, 2024).

La Constitución dominicana, en su artículo 10, establece que el desarrollo de la zona fronteriza debe ser de interés nacional y ser permanente. Pero es imposible no preguntarnos ¿cómo es posible, entonces, que estas provincias sigan lidiando con la carga de tener los más altos niveles de pobreza y exclusión? Desde el abandono histórico hasta la baja ejecución de políticas estructurales de los cuales han sido víctimas, todo señala que la voluntad política no ha sido suficiente para transformar esta realidad que viven a diario los habitantes de esta zona.

En la actualidad, el gobierno del país ha implementado estrategias como el Plan “Mi Frontera RD”, que tiene 90 iniciativas que se proponen para mejorar la infraestructura, apoyar la producción agrícola y facilitar el acceso a servicios básicos (Presidencia de la República Dominicana, 2022). Además, existen los programas de subsidio como Supérate, Bono Gas Hogar, Bono Luz y Bonos Aprende y Avanza han alcanzado y ayudado a más de 1.5 millones de familias.

Sin embargo, la propia realidad de quienes viven esta situación apaga un poco el optimismo presentado por estas iniciativas. Un informe de Ciudad Alternativa (2023) recoge el testimonio de quienes viven en estas provincias: “pareciera como que es lo mismo ser pobre en Capotillo que en la frontera, pero no lo es. Allá no se trata solo de estigmas, sino de carencia absoluta” (Ciudad Alternativa, 2023).

Este testimonio revela algo muy crucial: no toda pobreza es igual, ni debe abordarse con la misma estrategia. Si bien existe la pobreza urbana, aunque estigmatizada, no se puede negar que esta suele tener mayor visibilidad, acceso a servicios públicos mínimos y cercanía a centros de poder. En cambio, la pobreza en la frontera se vive en silencio, en condiciones de aislamiento extremo, abandono institucional que también está presente y con poca visibilización en medios.

Esta diferencia debe ser tomada en cuenta para crear políticas diferenciadas para tratar el problema, pues, al buscar resolver lo que es estructuralmente desigual de la misma manera, es inevitable que se convierta en una representación más de injusticia.

La crítica no es hacia la existencia y ejecución de estos programas sociales, sino hacia su naturaleza asistencialista y su falta de impacto estructural que transforme estas realidades que se viven. Como bien señala López (2021), la vulnerabilidad en estas provincias se traduce en ausencia de lo esencial: agua, energía, vivienda digna, salud, movilidad y capital humano. Si no se planifica desde una visión de justicia territorial, la ayuda se convierte en un suavizante de la problemática y no en verdadera transformación.

Visto esto podemos decir que es notorio el nivel tan alto de pobreza que exhiben estas provincias, lo que provoca daños emocionales y de salud a los pobladores de estas regiones. Para nadie es un secreto que los organismos nacionales pueden erradicar las causas que provocan dicha problemática, con implementación justa de políticas públicas que desarrollen la economía y suplan las necesidades básicas carentes allí.
La reducción de la pobreza monetaria como muestran los recientes informes de la presidencia y del MEPyD pueden ser ciertas a escala general, pero no necesariamente representa una mejora de vida real para los habitantes de estas zonas marginadas. La mejora económica no debe ser la única meta, también debe pensarse en la dignidad humana, independientemente del avance económico.

Factores como la falta de infraestructura la cual se evidenciada en el poco acceso a los servicios públicos, como el agua, electricidad, saneamiento, falta de carreteras, transporte, limitadas oportunidades económicas reflejadas en la carencia de industrias y empresas fronterizas y la desigualdad social como falta de acceso a la educación y la salud agravan la pobreza en estas regiones, por lo que es necesario y urgente el desarrollo de programas y políticas efectivas que combatan la situación.