Santo Domingo. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso querella penal en contra del Presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ignacio Camacho, así como de los miembros Pedro Yermenos Forastieri y Rosa Pérez de García, quienes el pasado 29 de diciembre del 2023, dictaron sentencia suspendiendo los efectos de la juramentación del presidente electo del gremio, Trajano Vidal Potentini, en violación de la competencia de atribución contenida en el artículo 214 de la Constitución, que consagra que la alta corte solo es competente para los conflictos de partidos políticos.

Miguel Surun Hernández, miembro del CARD, manifestó que con dicha decisión el TSE ha incurrido en prevaricación judicial para favorecer al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en violación a su propia ley orgánica, la 29-11, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, 137-11, que consagran que el TSE no es competente para conocer asuntos gremiales, con lo cual también se violan los artículos 123, 124, 147, 148, 175, 176 y 184 del Código Penal de la República Dominicana.

“Se trata de un asunto grave para la democracia y la paz pública, perpetrado bajo las órdenes directas de José Ignacio Paliza, ministro admirativo de la Presidencia y presidente del PRM, y de Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quienes han afirmado a dichos jueces, que es vital revertir la percepción generada por dichas elecciones gremiales, razón por las cuales debían actuar según sus instrucciones, lo que refleja que no existe árbitro para las elecciones municipales, ni presidenciales del presente año, pues dicho tribunal no sólo fue capaz de abrogarse una competencia inconstitucional e ilegal para conocer un amparo que es constitucionalmente competencia de otro, y que al conocer el fondo viola sus propios precedentes y del Tribunal Constitucional”, indicó.

El jurista dijo que “entonces, atendiendo a estas violaciones qué no serán capaces de hacer cuando conozcan casos que envuelvan al PRM contra los partidos de la oposición”.

Aseguró que “estamos en presencia de una degradación con fines reeleccionistas, de los órganos constitucionales de administración de justicia”.

Surun Hernández apoderó al Congreso Nacional de una solicitud formal de destitución de los jueces del TSE, mediante el proceso de juicio político, por las faltas graves cometidas contra la institucionalidad democrática en la República Dominicana.

“Igualmente hemos procedido a apoderar a la Procuraduría General de la República, a los fines que dichos actos no queden impune”, agregó Surun Hernández.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader emite decreto 658-23 que declara duelo oficial el día 3 de enero del presente año, por el fallecimiento del embajador Frank Hans Dannenberg Castellanos.

También se instruye la rendición de honores militares y que la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos en todo el país.

Santo Domingo.- El Grupo Unido de la Industria Automotriz de la República Dominicana (GUIA-RD) afirmó que ese sector cerró el 2023 con más de 130 mil vehículos importados nuevos y usados, y un crecimiento de un 11 por ciento anual en los últimos diez años, llegando a duplicar la propia dinámica de la economía cuyo PIB creció al 5 por ciento en dicho período.

En ese sentido, la entidad respaldó el decreto 420-23 que establece el reglamento del Registro Nacional de Vehículos de Motor, Remolques, Licencias para Concesionarios, Distribuidores, Vendedores y Clasificación de las Placas, porque impulsa los procesos de modernización, acordes a la rapidez con que crece el parque vehicular, manifestó en un comunicado de prensa la economista Wendy Capellán, directora ejecutiva de GUÍA-RD.

Capellán sostuvo que este reglamento fue sometido a dos procesos de vistas públicas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE), durante las cuales hicieron aportes diversas asociaciones e instituciones públicas y privadas, de conformidad con la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La directora ejecutiva de la GUÍA-RD precisó que dicho reglamento es una herramienta que fortalece la protección de los derechos del consumidor y respetar varias leyes, porque regulará mediante el otorgamiento de licencia la importación de vehículos de motor y servirá para erradicar la informalidad del sector, evitar la defraudación a ciudadanos, que luego no tienen a mecanismo viable para reclamar garantía alguna.

Capellán explicó que, además, permitirá suspender la licencia a quien incurra en prácticas irregulares como de la importar vehículos con el odómetro alterado, con el guía a la derecha e invertido, así como autos descartados y de salvamento que, por causa de siniestros, inundaciones y catástrofes, hayan sido liquidados como pérdida total, y cuya circulación haya sido prohibida en el mercado de origen o país de procedencia.

Indicó que incluye también los documentos hayan sido alterados o falseados con el propósito de que vehículos no aptos sean internados en el mercado local, ya que pueden constituir un atentado a la seguridad del usuario, y un peligro para la seguridad pública y la protección del medio ambiente, en apego a la ley 63-17, el decreto 671-02 y al artículo 40 de la ley 358-05 de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario, consagrado en el artículo 53 de la Constitución de la República.

Expresó el respaldo de GUÍA-RD a la actualización de la Norma General sobre Regulación de Traspasos y Endosos en las Transferencias de Vehículos de Motor Nuevos y Usados (Norma 06-2013), mediante una mesa de trabajo con la DGII, para que la misma conserve su esencia y sea compatible con la constancia fehaciente de pago, establecida en la Norma General 06-2022 que regula la Exigibilidad de la Constancia Fehaciente de Pago por parte de la DGII en los Trámites de Vehículos de Motor y Remolques.

Capellán considero que de esa forma se erradica la evasión y elusión al fisco mediante subvaluaciones, y se cumple la ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, respetando a la vez los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana sobre la materia.

La directora ejecutiva de la GUÍA-RD señaló que dentro de las medidas tomadas por la DGII en favor de ese sector se destacan la apertura de Centros de Servicios de Vehículos de Motor, donde se realizan todos los trámites que antes se hacían en oficinas separadas, ahorrando tiempo al contribuyente, mejorando la calidad y rapidez; el establecimiento de la placa provisional electrónica, la emisión consensuada del Reglamento de Vehículos de Motor y diversas normas que crean facilidades al contribuyente.

“Dado lo anterior, reiteramos nuestro firme apoyo a las autoridades de la DGII, tanto en este, como en cualquier otro esfuerzo orientado a fomentar el cumplimiento de las leyes, la competencia justa, mejorar la calidad del parque vehicular y respetar los derechos del consumidor, en consonancia con lo establecido en nuestra Carta Magna”, finalizó.

Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA), acogió la acción de amparo interpuesta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana y ordenó el retiro de los agentes policiales de las instalaciones de este gremio, ocupada de manera ilegal e irregular durante 23 días.

El TSA encontró base legal en los alegatos de vulneración de los derechos fundamentales y del debido proceso perrpetrados por la Policía Nacional contra el gremio de los abogados, por lo que ordena el cumplimiento de dicha sentencia de manera inmediata.

De su lado, el presidente del CARD Miguel Surum Hernández, consideró que está sentencia es histórica y que reivindica al Estado de derecho de la República Dominicana afectado por una agresión sin precedentes por parte del cuerpo del orden, su según reiteró por razones políticas ocuparon sin orden judicial las instalaciones del Colegio de Abogados.

Surun Hernández aseguró que está sentencia es una victoria para el Estado derecho y para la nación dominicana.

Santo Domingo.- La vicepresidenta Raquel Peña, juramentó este jueves a los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC), al igual que el primer y segundo sustituto del presidente de la Alta Corte quienes estarán en esa función por un período de nueve años.

Los jueces juramentados son Napoleón Ricardo Lavandier, quien ocupará la presidencia; Fidias Federico Aristy Payano, Amaury Amílcar Reyes Torres, Sonia Argentina Díaz, Army Esperanza Ferreira Féliz, el magistrado Miguel Valera Montero y la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, como primer y segunda sustituta del presidente del TC.

Durante el acto de juramentación, la vicemandataria felicitó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por la labor realizada durante los últimos meses para convocar, preseleccionar, entrevistar, evaluar y finalmente escoger a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional.

También, externó su felicitación a los jueces seleccionados por haber superado satisfactoriamente el proceso tras la presentación de sus credenciales y ser evaluados en las vistas públicas celebradas.

Asimismo, Peña dirigió unas palabras de agradecimiento, así como una especial y afectuosa felicitación a los magistrados salientes del Tribunal Constitucional, representados por el presidente saliente, doctor Milton Ray Guevara, por los últimos 12 años de invaluable trabajo jurisprudencial.

“Confiamos plenamente en que esta nueva composición del Tribunal continuará el camino pautado por las primeras cohortes, fortaleciendo la institucionalidad creciente de nuestra nación, manteniendo el equilibrio y fomentando la seguridad jurídica para todos”, expresó Peña.

En ese sentido, Peña expresó que la conclusión del arduo trabajo para los miembros de Consejo Nacional de la Magistratura de elegir los nuevos jueces, al resaltar que la comunidad jurídica aportó excelentes candidatos a esta convocatoria con méritos más que suficientes para pertenecer a una Alta Corte y contribuir desde ella a la estabilidad del país.

Además, la vicepresidenta expresó que a pesar del limitado número de plazas que se habrían de ocupar y que obligó al Consejo a realizar un ejercicio aún más minucioso y sopesado la meta ha sido alcanzada.

“La meta ha sido alcanzada y ahora, ante sus familias y todo el país, solo me resta pedir a Dios sabiduría para cada uno de ustedes en sus importantes labores y exhortarles a llenarnos a todos de orgullo con sus acciones diarias. Nunca como ahora la institucionalidad del país había estado en un punto tan alto”, puntualizó Peña.

La vicepresidenta les tomó juramento para que los nuevos jueces del TC puedan hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y cumplir fielmente los deberes de su cargo.

Los nuevos miembros del TC fueron seleccionados tras un proceso de deliberaciones del Consejo Nacional de la Magistratura integrado, por el presidente de la República y del CNM Luis Abinader; por el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina; la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

También está integrado por el presidente del Senado, Ricardo de Los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo, quien también funge como secretaria del Consejo; el senador de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez y el diputado del PLD Víctor Fadul.

Los jueces de la alta corte sustituyen a los magistrados que concluyen el período de doce años, Milton Ray Guevara, Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos Khoury.

Acompañaron a la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito y la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, Nancy Salcedo Fernández, mientras que el senador de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez y el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Fadul presentaron excusas de salud, respectivamente.