Un fiscal peruano que investiga a la élite política por sus vínculos con Odebrecht pidió el miércoles denunciar al fiscal general Pedro Chávarry por “obstruir el acuerdo de colaboración eficaz” con la constructora brasileña, convenio que servirá desde enero para adjuntar pruebas clave contra poderosos funcionarios de Perú.
De acuerdo al documento de 11 páginas, el fiscal provincial José Domingo Pérez requirió a la oficina máxima de la fiscalía que se investigue a Chávarry por el supuesto delito de encubrimiento, debido a que por su alto rango no puede ser examinado por un fiscal de menor jerarquía.
Pérez, quien investiga a la lideresa opositora Keiko Fujimori y al expresidente Alan García, indicó que la obstrucción busca que “fracase la acción persecutoria” contra Fujimori y su partido Fuerza Popular.
Más tarde el fiscal general rechazó vía Twitter las acusaciones de Pérez y dijo que carecen de “sustento jurídico penal” y están llenas de “subjetividades”.
Chávarry, de 67 años, acumula cuatro denuncias constitucionales en el Parlamento que podrían iniciar el camino a su destitución, pero que no avanzan debido a que el partido de Fujimori —mayoritario en el Congreso— ha postergado los debates.
Todas las denuncias están relacionadas con un informe emitido en agosto por otra fiscal del principal puerto de Perú que acusa a Chávarry de integrar un grupo criminal conformado por magistrados y empresarios que torcían la justicia a cambio de recibir favores o dinero.
Una legisladora importante del partido de Fujimori consideró a fines de agosto “un asunto de supervivencia” la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal general.
Chávarry también se ha enfrentado al presidente Martín Vizcarra, quien el viernes pasado dijo que el fiscal general “no es la persona más idónea” para dirigir el ministerio público.
