SANTO DOMINGO.-El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó hoy que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene el ineludible e histórico compromiso de hacer una renovación a fondo de la Suprema Corte de Justicia, para ponerla en condiciones de responder a los desafíos institucionales, sociales, económicos y políticos, que tiene por delante el país.

“El país se encuentra ante una excelente oportunidad de iniciar la renovación de todo su sistema judicial, impulsando nuevas bases de su desarrollo institucional, dando plena la vigencia al estado de derecho, la seguridad jurídica y las garantías efectivas del respeto de los derechos humanos y civiles de todos nuestros conciudadanos”, aseguró.

Dijo que para lograr esa oportunidad se requiere una Suprema Corte creíble, cuyos integrantes cuenten con el respeto de la sociedad.  El economista y líder político se expresó en esos términos al referirse al inicio del tramo final de evaluación de los jueces que constituirán la nueva Suprema Corte de Justicia.

“Como se hace en todo el mundo, en República Dominicana tenemos que readecuar,  cambiar y modernizar nuestra vida ciudadana, y renovar el sistema judicial es una de las bases de esos cambios que debemos hacer”, subrayó.

En otro aspecto  Abinader dijo sentirse satisfecho con el llamado que hiciera ayer el presidente de la República, Danilo Medina, para que todos los integrantes del CNM den un trato respetuoso a los jueces que son entrevistados.

“Me parece un oportuno llamado del mandatario, luego de que fuera violado el reglamento del Consejo y se atropellara la dignidad de una magistrada de las condiciones de doña Miriam Germán”, puntualizó el aspirante presidencial del PRM.

Reiteró que el incidente que envolvió al Procurador General de la República confirma su convicción de que fue un grave error del ex presidente Leonel Fernández incluir en la reforma constitucional de 2010 a ese funcionario en el Consejo de la Magistratura.

“Mientras esa designación dependa del poder discrecional del Presidente de la República, ese cargo tendrá implicaciones políticas. Seguiremos propugnando porque su elección sea hecha de forma que garantice su independencia de la voluntad política, precisó.

La Policía de República Dominicana viola, golpea, humilla e insulta habitualmente a las trabajadoras sexuales para ejercer un control social sobre ellas y para castigarlas por transgredir las normas sociales sobre sexualidad y femineidad aceptables. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

“¿Si ellos pueden tenerla, por qué uno no?” expone las historias de 46 trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero dominicanas, muchas de las cuales denunciaron haber sufrido diversas formas de violencia, gran parte de la cual constituye tortura y otros malos tratos infligidos por motivos de género. La criminalización de las trabajadoras sexuales, combinada con el profundo machismo, alimenta las detenciones arbitrarias a manos de la policía y permite que estas graves violaciones de derechos humanos se cometan impunemente.

“La violencia de género es epidémica en todo América Latina y el Caribe, y las trabajadoras sexuales corren especial riesgo de sufrirla a manos de agentes tanto estatales como no estatales”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Los escalofriantes testimonios que Amnistía Internacional ha recopilado en República Dominicana revelan que la policía toma como blanco a las mujeres que venden sexo y les inflige abusos sexuales y humillación con el propósito de castigarlas y discriminarlas. En virtud del derecho internacional, ese trato puede constituir tortura y otros malos tratos por motivos de género.”

En República Dominicana, únicamente en 2018, la Procuraduría General de la República recibió más de 71.000 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, y más de 6.300 denuncias de delitos sexuales, entre ellas 1.290 denuncias de violación.

El país también cuenta con una de las tasas de feminicidio más altas de la región, con más de 100 casos registrados en 2017, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la ONU. De igual modo, 47 mujeres transgénero han sido asesinadas desde 2006, según la ONG liderada por personas transgénero Trans Siempre Amigas (TRANSSA).

Los/as expertos/as en salud pública estiman que hay hasta 97.000 mujeres cisgénero que ejercen trabajo sexual en República Dominicana, y hay al menos 3.900 mujeres transgénero, muchas de las cuales ejercen trabajo sexual.

Aproximadamente la mitad de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional eran mujeres cisgénero, y la otra mitad eran mujeres transgénero. Estas mujeres habían decidido ejercer trabajo sexual por una diversidad de motivos. Para algunas, ofrecía flexibilidad y control sobre su jornada laboral o ingresos más altos comparados con otras alternativas, y les daba independencia económica. Para otras, el trabajo sexual era una de las escasas opciones que tenían para cubrir sus necesidades básicas.

Al menos 10 de las 24 mujeres cisgénero entrevistadas para este informe declararon haber sido violadas por policías, a menudo a punta de pistola. La mayoría de las mujeres transgénero también habían sufrido a manos de la policía actos discriminatorios y violentos (normalmente centrados en su identidad o expresión de género) que podrían constituir tortura u otros malos tratos.

Prostituta habla con potencial cliente en Sao Paulo, Brasil.

Amnistía Internacional entrevistó a múltiples mujeres que describieron cómo habían sido violadas por grupos de policías armados y uniformados en circunstancias similares: en plena noche, en esquinas oscuras, y a menudo en la parte trasera de vehículos policiales.

Una mujer explicó a Amnistía Internacional cómo la habían violado una noche de octubre de 2017.

“Habían tres. Yo estaba en una esquina esperando clientes y […] abusaron de mí”, contó. “Me subieron a la camioneta [policial] […] Ellos, al ver la zona despejada, […] Ellos empezaron a sobarme, quitarme ropa. Me rompieron la blusa […] Uno atrás de otro”, dijo.

Continuó: “Tenía miedo, estaba sola. No podía defenderme. Tuve que dejar que ellos hicieran lo que ellos quisieran conmigo […] Me amenazaron, que si yo no estaba con ellos me iban a matar. Que yo era un cuero [una prostituta], que por qué con ellos no.”

“Me decían ‘perra’, muchas palabras ofensivas […] Me vieron, aparente, tal vez, y ellos pensaron, ‘bueno, si ellos [los clientes] lo pueden coger [tenerla], por qué uno no.’”

El informe expone también con detalle cómo las trabajadoras sexuales que viven con identidades de discriminación múltiple —como las mujeres transgénero— sufren una exclusión aún más pronunciada y corren mayor riesgo de sufrir tortura a manos del Estado y de personas particulares.

Las mujeres transgénero contaron que los policías las llamaban “maricones” y “diablos” (o “maricones del diablo”), y dijeron que creían que las veían como “extraterrestres” o “animales”. Numerosas mujeres transgénero denunciaron que la policía les había quemado sus pelucas o las había obligado a limpiar celdas cubiertas de excrementos.

La impunidad por la tortura sexual es lo normal. República Dominicana no recopila datos que ayudarían a determinar el alcance y la gravedad del problema de la tortura y los malos tratos por motivos de género a manos de la policía, y esa recopilación es un paso fundamental para combatir esa grave violencia y hacer rendir cuentas a quienes la perpetran. Esta impunidad alimenta la normalización de esos delitos por parte de las autoridades, así como, en algunos casos, por parte de las propias víctimas.

Las autoridades rara vez se toman en serio las denuncias de las personas que ejercen trabajo sexual. Una mujer dijo a Amnistía Internacional: “Si tú vas al destacamento a levantar una denuncia, lo que te tratan es como puta. No te hacen caso. No te prestan atención”.

Prostitución infantil

A pesar de haber ratificado múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben la tortura, las autoridades dominicanas no previenen o investigan estos posibles casos de tortura ni tampoco les otorgan reparación, conforme dispone el derecho internacional.

A lo largo de los últimos decenios, República Dominicana ha tomado medidas para abordar las epidemias coexistentes de violencia contra las mujeres y VIH&sida, que afectan desproporcionadamente a las personas que ejercen trabajo sexual. Sin embargo, no ha escuchado las necesidades de quienes realizan trabajo sexual ni ha protegido sus derechos, ni tampoco ha introducido las reformas jurídicas tan necesarias para abordar las causas subyacentes del estigma y la discriminación contra estas personas.

Amnistía Internacional pide al presidente dominicano, Danilo Medina, que reconozca públicamente y condene el uso de la violación y otras formas de tortura y malos tratos por motivos de género a manos de la policía, y pide a la Procuraduría General de la República que elabore un protocolo para la investigación de posibles casos de este tipo.

Asimismo, los órganos legislativos dominicanos deben aprobar urgentemente el proyecto de ley que actualmente se está estudiando y que está concebido para abordar las múltiples formas de discriminación, con el fin de garantizar que se realizan cambios estructurales profundos y que se protege a todos los grupos históricamente marginados frente al estigma y la discriminación que alimentan los abusos contra los derechos humanos.

“Al aprobar una ley para prevenir la discriminación contra algunas de las mujeres más marginadas del país, República Dominicana podría servir de ejemplo para que el resto del Caribe luche contra el estigma, el machismo y otras causas de violencia extrema contra las mujeres”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

“Esto a su vez ayudaría al país a abordar su epidemia más amplia de violencia de género que, al igual que la violencia contra las trabajadoras sexuales, está arraigada en el machismo y el odio.”

El aspirante a la presidencia, Ramfis Domínguez Trujillo, anunció en una rueda de prensa nacional que, para salvaguardar la transparencia, la integridad y mantener intacto los preceptos fundamentales de su proyecto político, “hemos tomado la firme decisión de renunciar al Partido Demócrata Institucional (PDI) con carácter inmediato, nunca logramos una sinergia debido al gran abismo de visión política que nos mantuvo dividido.”

En este sentido, explicó que, “la democracia nace dentro de los partidos políticos, y como tal estos deben exhibir un comportamiento coherente y respetuoso hacia sus miembros, compañeros y seguidores.

Continuó diciendo que, “debo aceptar y acatar la voluntad determinada de la gran mayoría, que exigen mi renuncia de las filas del PDI.”

“Me veo en la obligación de renunciar, para así no correr el riesgo de caer en una manipulación política de mi padrón electoral y con la dirigencia a nivel nacional.”

Asimismo, añadió que, “nosotros somos guardianes del futuro de la Patria, la nueva generación política del país, que aspira a una absoluta transformación de nuestra República Dominicana.”

“Ante esa disyuntiva, yo no puedo permitir que este proyecto de nación, del pueblo, y de la patria, termine en manos de un partido de políticos contaminados, que se deban favores, motivados únicamente por el mercantilismo político”, aseguró.

De ahí que proclamara: “En mi afán por preservar la integridad de este proyecto, lleno de esperanza y patriotismo, una vez más nos colocamos a la vanguardia de la política dominicana, declarando nuestra candidatura a la presidencia de la república de manera independiente, apegados a la Ley 15-19, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral.”

“Con esto lograremos uno de nuestros cometidos principales que es empoderar a la ciudadanía, con una candidatura del pueblo, y mantendremos nuestros principios y valores intactos, en manos del mejor guardián que es el pueblo dominicano”, indicó

Se recuerda que la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19 regula las candidaturas independientes tanto de carácter nacional, provincial o municipal, que surjan a través de agrupaciones políticas en cada elección, debiendo declararlo a la Junta Central Electoral (JCE) cuando menos setenta y cinco días antes de cada elección.

También manifestó que, seguirá trabajando para “continuar el tren vertiginoso de crecimiento”. Pues, según afirmó “desde ya cumplimos con las exigencias que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Tenemos un gran padrón, tenemos estructuras por todo el país que son del candidato, y que se han manejado directamente por la campaña”.

De igual forma, Domínguez Trujillo expresó que buscará candidatos a senadores, a diputados, a regidurías y alcaldías, que también se podrán postular de manera independiente. “Impulsaremos un proyecto de nación sobre la base de candidaturas que representen la voluntad del pueblo dentro de un marco democrático participativo,” puntualizó.

“Quiero dejar inequívocamente claro que esta decisión no entra en conflicto con ningún acuerdo pactado, y le dejamos las puertas abiertas a cualquier partido político que pretenda apoyar esta candidatura, pero cada cual trabajará de manera a autónoma, para no poner en riesgo jamás la esencia noble e impoluta de este proyecto,” puntualizó.

El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, afirmó que apoya la solicitud realizada a la Junta Central Electoral (JCE), para que apruebe el reglamento relacionado con las boletas y señaló que, de acuerdo al art. 92 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No 15-19, debe existir una boleta a nivel senatorial, separada de la del nivel de diputaciones.

PC reiteró la necesidad de la eliminación del antidemocrático sistema del arrastre de los votos del candidato/a a diputado/a de un partido al candidato/a a senador/a del mismo partido, indicando que “no cabe duda de que la JCE tiene poder reglamentario para establecer que a nivel senatorial habrá una boleta diferente a la del nivel de diputaciones”.

El Consejo Nacional de PC expresó que “la base legal para ello viene dada por el artículo 92 de la Ley No 15-19, que separa el nivel senatorial del de las diputaciones, además del artículo 97 de la misma ley que dispone que ‘las boletas se elaboraran en la forma y condiciones que establezca la Junta Central Electoral, mediante resolución motivada’. La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos votos obtuvo por sí mismo cada candidato/a a senador/a y no hay texto legal alguno que impida conocer este dato, que se facilitaría con la boleta senatorial que se desprende del artículo 92 de la misma Ley”.

Sostuvo que el artículo 104.III de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, prohíbe que los votos a un/a candidato/a en una circunscripción determinada le sean sumados a candidatos de otras circunscripciones, aunque sean del mismo partido y que el párrafo IV del mismo artículo hace una excepción con los/as candidatos/as a senadores/as, “a quienes se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia”, lo que implica un choque entre dos disposiciones legales, la que prevé el nivel senatorial separado del nivel de diputaciones, y la que establece el arrastre a favor de los senadores, lo que obligaría a una interpretación de los textos legales.

Participación Ciudadana señaló que, para favorecer el arrastre, no basta con señalar la Ley 157-13 sobre voto preferencial, que ciertamente permite sumar a favor del candidato/a a senador/a los votos obtenidos por los candidatos/as a diputados/as de su partido en cada provincia, pues habría previamente que determinar cuál es el alcance del voto directo previsto en la Constitución.

El Consejo Nacional de PC entiende que: “La interpretación de las disposiciones legales en contradicción debe basarse en los principios constitucionales que rigen la materia, entre los que se encuentra, de manera destacada, el derecho de los electores al voto directo, contemplado en el artículo 77 constitucional cuando dice que ‘la elección de los senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos establecidos en la ley’ y reiterado en el artículo 208 constitucional”.

“El voto directo es aquel que permite al elector sufragar a favor del candidato de su preferencia, sin utilizar intermediarios u órganos que decidan por él, aunque este órgano sea un partido. No cabe duda de que, cuando se pretende que el voto a un diputado también se le atribuya a un candidato a senador por el cual no se ha votado, se rompe el principio del voto directo y se coloca al elector en la obligación de votar por un candidato a senador, sin que necesariamente esa sea su voluntad, lo que nos llevaría a la vulneración de otro principio constitucional, que es la libertad del voto, contemplado en el artículo 298 constitucional”, manifestó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

PC indicó que, debido a esto, el choque entre las disposiciones legales descritas debe zanjarse haciendo prevalecer la Constitución y la voluntad del elector e interpretando el artículo 104.IV de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en el sentido de que los votos que se computarán a favor del candidato/a a senador/a son los que obtenga el partido, pero en la boleta a nivel senatorial.

Santo Domingo, RD. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) inició una jornada de capacitación sobre manejo correcto de los desechos peligrosos, dirigida al personal que labora en los centros hospitalarios.

El director del SNS, Chanel Rosa Chupany, informó que la jornada se realiza en el marco del proceso de mejora de la Gestión de Desechos Peligrosos que implementa la institución, con el objetivo de fortalecer el manejo correcto de los residuos y así evitar contaminación que pueda afectar la salud de los usuarios, empleados o residentes del entorno hospitalario.

“Los desechos peligrosos son residuos producidos en los hospitales y su incorrecta manipulación puede trasmitir enfermedades o ser dañinos para el medio ambiente”, enfatizó.

De su lado, la directora de Centros Hospitalarios del SNS, Noldys Naut, explicó que la primera capacitación, realizada durante dos días, incluyó a 300 colaboradores de 25 hospitales del gran Santo Domingo y la provincia Monte Plata.

El expositor fue el doctor Luis Roa, asesor en Salud Ambiental Hospitalaria del SNS y participaron directores, sub-directores, administrativos, encargados de área, de calidad, bioseguridad, alimentación, laboratorio, farmacia, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal encargado de manejo de desechos peligrosos.

Paralelo a la formación, el SNS implementa un Sistema de Monitoreo y Control a otros procesos de la Gestión de Desechos Peligrosos como son: generación, separación, recolección, rutas sanitarias, trasporte interno, almacenamiento temporal, transporte externo, tratamiento y disposición final para garantizar la mejora continua de la gestión de los desechos.

En ese orden, el SNS también se encuentra en proceso de adquisición de las maquinarias e insumos que permitan la creación de dos circuitos de eliminación de desechos peligrosos para los 25 centros hospitalarios de la referida regional que, cuando sea puesto en funcionamiento, permitirá el tratamiento del 100% de los desechos peligrosos generados en esos establecimientos de salud.