Dos años después del estallido del escándalo de corrupción en contratación de obras con la constructora Odebrecht en una docena de países, el 21 de diciembre del 2016 tras investigaciones judiciales en Estados Unidos, en la República Dominicana prevalece la impunidad a pesar de haber liderado proporcionalmente los sobornos confesados por la empresa.
Ni siquiera se ha realizado la auditoría de costos sobre 17 obras contratadas por el Estado dominicano, mucho menos se han investigado las admisiones de ejecutivos de la constructora sobre el financiamiento de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina y de que sus operaciones mafiosas transnacionales fueron trasladadas al país evadiendo la justicia brasileña.
Muy escasas expectativas
Han transcurrido 19 meses desde que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas, doce de ellas exfuncionarios y legisladores, por los sobornos que Odebrecht confesó en el país por 92 millones de dólares, de un total internacional de 788 millones, y seis meses de que decidió procesar solo a 7, sin que el proceso haya pasado de la fase de instrucción, sin que alguno guarde prisión, y las expectativas de sanción se diluyen impulsadas por las vaguedades de la mayoría de las acusaciones.
La impunidad prevaleciente determinó una deficiente pobreza del proceso de investigación nacional, contrastando con los de Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y El Salvador donde una decena de presidentes, expresidentes y vicepresidentes han sido investigados, procesados y arrestados tras diligentes indagatorias, las cuales en varios casos demostraron que los sobornos fueron hasta el triple de lo admitido por la constructora.
