Sao Paulo. El año pasado, Luiz Inácio Lula da Silva se atrincheró durante dos días en un sindicato para evitar ir a una cárcel que ahora se niega a cambiar por un régimen semiabierto, en el enésimo embate del expresidente brasileño con el Poder Judicial.
La decisión del líder socialista ha sumido al mundo jurídico en un intenso debate sobre si es posible o no que un preso se niegue a ejercer el derecho de progresar de régimen cuando cumple con los requisitos que marca la ley.
Lula, que cumple desde abril de 2018 una condena de 8 años y 10 meses por corrupción y blanqueo de capitales -ratificada en tercera instancia-, manifestó el lunes que no quiere “cambalaches” con su “libertad” y que solo saldrá de prisión cuando se le declare inocente.
Por el contrario, los fiscales de la operación Lava Jato, la vasta trama corrupta destapada en la estatal Petrobras que llevó al exjefe de Estado (2003-2010) a la cárcel, son favorables a que pueda trabajar durante el día en libertad y duerma por las noches en prisión.
El mundo al revés. Los fiscales que le acusaron piden que salga porque ha cumplido un sexto de su pena en régimen cerrado y ha demostrado tener buen comportamiento, pero Lula quiere continuar entre rejas por “dignidad”.
“Estamos ante un caso excepcional en el que un reo no quiere ejercer un derecho. Es un caso raro, único, sin precedentes y para el que apenas hay jurisprudencia”, dijo a Efe Davi Tangerino, profesor de derecho penal del centro de estudios Fundación Getulio Vargas.
