MADRID.- Dos ceses y una dimisión de altos mandos de la Cuardia Civil, uno de los dos cuerpos nacionales de seguridad de España, han originado una fuerte tormenta política entre el Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, y los conservadores, la extrema derecha y los liberales, informaron este jueves medios locales.
En el centro de la polémica están, en un complicado cóctel, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional en excedencia que no pertenece a ningún partido, y la investigación de la Guardia Civil sobre si las manifestaciones feministas del 8 de marzo ayudaron a propagar la pandemia de coronavirus.
Los partidos de la oposición de derecha exigen que Grande-Marlaska dimita o que sea destituido porque consideran que esos cambios en la jefatura de la Guardia Civil son arbitrarios, una “purga”, pero el ministro los justifica como un proceso “natural” de renovación de equipos.
El asunto generó malestar entre fiscales, jueces y agentes de este cuerpo de seguridad de naturaleza militar, fundando en 1844, que depende de los ministerios del Interior y de Defensa.
En declaraciones a Efe, el nuevo secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, defendió este jueves la “neutralidad e imparcialidad política” como seña de identidad de cualquier fuerza de seguridad que quiera mantener su prestigio.
Fernández precisó, no obstante, que la destitución del coronel Pérez de los Cobos, uno de los mandos cesados, es potestad del ministro del Interior al ser un cargo de confianza y, por tanto, “sus derechos laborales no han sido vulnerados en absoluto”, aunque denunció el “exceso” de altos cargos “que se conceden mediante libre designación”.
El presidente del opositor Partido Popular, el conservador Pablo Casado, se reunió hoy con representantes de diez asociaciones de guardias civiles, ante las que rechazó la “caza de brujas” que, en su opinión, Sánchez está llevando a cabo.
Por el contrario, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se mostró hoy convencido de que su compañero de gabinete Grande-Marlaska obró “con absoluto apego a legalidad”, según aseguró en foro periodístico organizado por el Colegio de Abogados de Madrid.
POLÉMICA CRECIENTE
La polvareda comenzó el lunes pasado, cuando Grande-Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la región de Madrid.
Se trata de un coronel de amplia carrera profesional, con experiencia en la lucha contra la banda terrorista ETA y encargado de coordinar la operación policial dedicada a impedir el referéndum de “autodeterminación” organizado ilegalmente por las autoridades independentistas de la región de Cataluña en 2017.
Sectores mediáticos y políticos relacionaron el cese con un informe de la Guardia Civil encargado por el juzgado de Madrid que investiga la autorización por el Gobierno de las manifestaciones feministas del 8 de marzo pasado como posible causa de contagios masivos de coronavirus.
Al día siguiente, el martes, renunció el que era hasta entonces el director adjunto operativo del cuerpo o “número 2”, el teniente general Laurentino Ceña, al parecer en desacuerdo con la destitución de Pérez de los Cobos, pese a que le faltaban pocos días para jubilarse, lo que alimentó más la polémica y las conjeturas.
Y este miércoles, en plena bronca política entre el Ejecutivo y la oposición, Grande-Marlaska propuso sustituir a otro teniente general, Fernando Santafé, como jefe del Mando Operativo, considerado “número 3” de la Guardia Civil.
DOS VERSIONES CONTRAPUESTAS
El Ministerio inscribe los cambios y sustituciones en “en el nuevo impulso” que “se le quiere dar a la Guardia Civil ante los restos de la seguridad del siglo XXI”.
Sin embargo, según fuentes cercanas a la Guardia Civil, Grande-Marlaska destituyó a Perez de los Cobos por no haber comunicado a los responsables ministeriales que había remitido el informe citado al juzgado que investiga la autorización de las manifestaciones del Día de la Mujer.
La juez del caso, Carmen Rodríguez, advirtió el lunes de que solo ella debe ser informada sobre los resultados de la investigación judicial, mientras que Grande-Marlaska aseguró ayer en el Congreso que desconoce el informe y negó cualquier tipo de injerencias en el trabajo de la Guardia Civil y de la Justicia.
En otro giro del asunto, los análisis hechos por varios medios informativos sobre ese informe han encontrado numerosas incorrecciones e incluso posibles manipulaciones de declaraciones de testigos, todas orientadas en perjudicar a las autoridades en el sentido de que las manifestaciones feministas del 8 de marzo se habrían permitido por motivos políticos y habrían ayudado a propagar la pandemia.
A pesar de ello, la magistrada citó a declarar el 10 de junio al delegado del Gobierno nacional en Madrid, José Manuel Franco, imputado por prevaricación administrativa al haber permitido las manifestaciones cuando ya había brotes de contagio de coronavirus en España.
Y varias organizaciones feministas acusan a los denunciantes, y a la juez, de querer acallar al movimiento feminista con esa investigación.
