Por Ramón López Ynoa
En el 2013, en una acción sin precedentes, el gobierno dominicano tomó la decisión de asignarle al Ministerio de Educación el 4% del Producto Interno Bruto previsto por las leyes y por el que los dominicanos habían librado un largo y tortuoso proceso de lucha en pro de
conseguirlo.
Se pensó, con sobrada razón, que en lo adelante el país se colocaría en un mejor nivel comparativo de excelencia educativa respecto a otros países, pero, cerca de diez años más tarde los resultados no han sido los esperados. Los niveles de aprendizaje que exhiben los estudiantes en 2022 es, más o menos, el mismo que en 2012, un año antes de aplicarlo.
El derecho a la educación es constitucional y no obstante tener los recursos financieros suficientes, el dominicano no ha logrado beneficiarse plenamente de este derecho.
A excepción de la política estatal desarrollada en el período 2013-2016 de llevar la asequibilidad educativa a su techo reduciendo casi a cero el déficit de aulas, hoy pareciera que retrocedemos décadas pues el ministro de Educación acaba de instruir a sus directores regionales y distritales para que alquilen locales para atender la demanda de cupos en los centros públicos.
El actual gobierno, que ya rebasa la mediana edad de su caducidad cuatrienal, no ha podido fortalecer ese derecho constitucional y, por el contrario, le asesta al pueblo la inesperada propuesta de rebajarle el cuatro por ciento del PIB que con tanto ahínco buscó en las calles.
El gobierno se encuentra entre la imposibilidad constitucional de rebajar, o de mover a otras carteras, recursos del 4.0%, y la ineficiencia de sus funcionarios que han colocado al ministerio en una condición de incapacidad ejecutoria de su asignación presupuestaria. No hayan qué hacer con el 4.0% del PBI a la educación y los economistas opinan que es demasiado dinero para un ministerio que no ha sabido utilizarlo.
El paso de Roberto Fulcar por el Ministerio de Educación de la República Dominicana con su llamado modelo “Educación para Vivir Mejor” fue frustrante pues dedicó su tiempo en levantar una plataforma para su proyecto político y de ahí los yerros que cometió.
Y es que, salvo honrosas excepciones, debido a la holgura financiera que da el 4.0% los ministros llegan con sus propios proyectos, muchas veces ajenos a su designación, produciendo una fisura que atenta en contra de una visión educativa a largo plazo que oriente la búsqueda de respuestas definitivas a las deficiencias educativas de la nación.
Para este año se le asignó al MINERD un poco más de RD$231,000 millones, lo que representó un 20.9% del gasto total consolidado del Estado dominicano, y para el mes de julio, la ejecución presupuestaria fue de un 50.2%, relativamente baja si se toma en consideración que el período escolar terminó y se realizaron las inversiones necesarias (Ciriaco Cruz, 2022).
La realidad es que con un holgado presupuesto, el cual crece cada año a medida que crece el PIB, tenemos a 2,5 millones de estudiantes con falta de aulas, butacas, carencia de personal docente nombrado, insuficiente personal administrativo, material didáctico, centros educativos sin recursos para operar, bajos niveles competitivos en término de aprendizaje y la ausencia de una educación de calidad.
El gobierno dice necesitar en otros ministerios los fondos no ejecutados en Educación, y sin embargo, tenemos un sistema educativo que “se mantiene en un vaivén, un poco hacia adelante y un poco hacia atrás” con evidencias de muchas carencias. Es fácil advertir que la asignación del 4% del PIB a Educación no ha sido la panacea a sus debilidades, ¿Qué haremos, pues, con el 4%? les pregunto.
El autor es catedrático de la UASD y ex director regional de Educación en Barahona
