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San Juan de la Maguana

Posición del Instituto Duartiano en torno a la Corte Interamericana sobre casos nacionalidad RD

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El Instituto Duartiano, por medio del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, Secretario General de la entidad patriótica, expresa su más categórico rechazo a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 de abril del año en curso, con la cual pretende desconocer la soberanía del pueblo dominicano.

El referido organismo pretende desconocer una decisión que, como la Sentencia número TC/0256/14, fue adoptada por el Tribunal Constitucional dominicano, supremo intérprete de la constitucionalidad en el ordenamiento jurídico del país, en el ejercicio pleno de sus facultades.

La nacionalidad dominicana es un tópico que solo incumbe a los dominicanos, por tanto, ningún organismo internacional puede inmiscuirse válidamente en tal cuestión, pues la propia Constitución Política del Estado dominicano se expresa en términos muy claros y precisos cuando establece en su artículo 3: “Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana”.

El Tribunal Constitucional debe ser respaldado por todos los dominicanos comprometidos con su independencia, soberanía y su libertad.

El Instituto Duartiano, reitera su compromiso con el supremo interés general de la Nación y se mantendrá siempre firme al postulado del Proyecto de Ley Fundamental de Duarte, el cual en su artículo 6: “La Ley Suprema del pueblo dominicano, es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, cual la concibieran los fundadores de nuestra asociación política al decir (el 16 de julio de 1838) “Dios, Patria y Libertad, República Dominicana”.

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