Las acciones tomadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump de retirar la visa a políticos acusados de corrupción no nos sorprende: desde hace un tiempo los Estados Unidos y países europeos se han dado cuenta que la corrupción latinoamericana es sistémica y salvo algunas excepciones los Estados carecen de la institucionalidad o medios para combatirla.
Hace algún tiempo escribí antes de que los Estados Unidos hiciera pública su decisión de retirar la visa a algunos políticos dominicanos y venezolanos entre ellos Diosdado Cabello, que existía una “geopolítica de lo moral” acciones de este tipo por parte de los Estados Unidos para señalar públicamente su desafección en la forma en que el enriquecimiento ilícito queda impone en nuestros sistemas judiciales.
Las sanciones contra políticos supuestamente corruptos las lleva a cabo la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, amparada en la sección 7031(c) establece que, “en los casos en los cuales el Secretario de Estado recibe información fidedigna sobre funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en graves violaciones a los derechos humanos, esas personas y los miembros de su familia inmediata pierden su elegibilidad para entrar a los Estados Unidos”.
Indudablemente que ha habido ejemplos de lucha contra la corrupción en países como Brasil por ejemplo, pero la impunidad todavía está presente en varios países, por lo que creemos que acciones concretas contra la corrupción y su persecución extraterritorial, nos conduce a pensar que la lucha contra este fenómeno tan negativo se nos va a imponer.
