Indicó que como prioridad del Estado, es un compromiso del gobierno dominicano, especialmente del presidente de la República, hacer todos los esfuerzos políticos necesarios para que el Código Penal sea aprobado en el Congreso, en los primeros días de la legislatura que inicia este 27 de febrero.
"Y digo en los primeros días, porque como eso lleva todo un proceso de estabilidad y tenemos pendiente la ley de extinción de Dominio, ley de agua y otras iniciativas, poco pudiera servir si previamente no ha sido aprobado el Código Penal Dominicano" planteó.
En torno a la propuesta del Poder Ejecutivo, de lograr un Ministerio Público con mayor independencia, indicó que si se quiere llevar a cabo una verdadera lucha contra la corrupción "debemos comenzar por ahí, por la aprobación del proyecto de ley del Código Penal, por lo menos en la Cámara de Diputados, ya que una de las iniciativas fue aprobada en segunda lectura en el senado de la República" aseguró Rodríguez.
Observó, que el Ministerio Público será siempre nombrado por el presidente de la República, y en ese aspecto, el nivel de independencia dependerá del peso de las ejecutorias del funcionario.
"Para que ese mismo funcionario independiente o no, pueda operar de manera eficiente, y que la otra ala del tren judicial pueda apoyarlo, el país necesita que dispongamos de las leyes necesarias a fin de que las sentencias emanadas de esos tribunales estén acorde a los objetivos que realmente se persiguen en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en nuestro país, lo que traería consigo una disminución de los grandes problemas que tenemos con la inseguridad ciudadana" adujo.
Reiteró la importancia de que se apruebe el Código Penal en el país, normativa que contiene al menos 90 nuevos tipos penales, como es la acumulación de la pena, castigo a los feminicidio, el abuso sexual entre parejas, entre otras importantes iniciativas que contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia en la República Dominicana.
Dijo, que igualmente de importate son la ley de extinción de Dominio, ley de agua, de hidrocarburos, entre otras que están pendiente de aprobación en el Congreso Nacional.