conocimiento de Recurso de Apelación, de presentar su defensa material ante las imputaciones
elevadas en su contra, derecho que le fue violentado en el conocimiento de la medida de coerción
y en numerosas ocasiones durante el transcurso del proceso.
Rodríguez inicio a sus palabras señalando el hecho del cual fue víctima, siendo privado de libertad
de tránsito, para lo cual dijo, “como si viviéramos en una dictadura, fui impedido de abordar un
avión para un viaje de 4 días con mi familia. Como lo había hecho en octubre pasado del 2020. Sin
embargo, en esta ocasión un individuo, por orden del PEPCA, sin la debida orden judicial, sin un
papel, sin nada, decidió privarme de mi libertad de tránsito. Un acto arbitrario, ilegal y hasta un
delito, el cual fue condenado por su superior, la Magistrada Miriam German Brito, quien reconoció
como ilegal, sin que fuese respetada su voluntad y orden, lo cual lleva sanción disciplinaria, de
acuerdo a la carta emitida por ella misma y que sirve como prueba ante este tribunal”, afirmó.
Expresó su preocupación de que dicho procedimiento sea implementado como norma
violentándose los derechos de cualquier ciudadano sin la debida orden judicial correspondiente.
“Nuestra Constitución también establece una presunción de inocencia para todas las personas.
De esa presunción nace la frase “eres inocente hasta prueba en contrario”. Nuestra Constitución
dice que las investigaciones deben hacerse en libertad, siendo considerado inocente mientras se
realiza la investigación. Sin embargo, aún inocente, sin ninguna prueba que me vincule, estoy
privado de libertad, separado y lejos de mi familia”, añadió”.
De igual manera, se refirió al incidente ocurrido en la audiencia de conocimiento de medida de
coerción donde tanto el Ministerio Público, como la jueza Kenya Romero, le impidieron ejercer su
derecho a declarar y ser escuchado, violando los artículos 95, 102 y 103, establecidos en el Código
Procesal Penal. “Una burda violación a otro derecho fundamental, como si la Constitución no me
aplicara porque así lo decidió una trama de venganza”. A su vez, explicó que Romero, en audiencia
posterior, sin escucharle y tomar en cuenta la documentación depositada en su defensa, utilizó de
manera contraria los arraigos para sustentar la aplicación de la severa medida.
Apeló a las Magistradas, para que en el desempeño de sus funciones, aplicación de la ley y
ejercicio del derecho, consideraran en detalle la medida impuesta. “Nuestro ordenamiento jurídico
establece la forma de corregir esos errores y esta corte tiene las facultades para anular la citada
sentencia tan solo por una de las tantas arbitrariedades que la hacen inconstitucional, inconsistente
y contraria a la ley”.
Al referirse al Plan de Humanización, señaló qué durante su gestión como Procurador General,
enfocó grandes esfuerzos para transformar el actual sistema penitenciario, con miras a eliminar el
inhumano hacinamiento, qué por más de 70 años, permanecía como deuda moral y vergüenza
nacional. Para lo cual se construyeron más de 12,500 espacios en 100 edificios bajo un proceso de
licitación nacional diáfano, transparente y acorde a lo establecido por la Ley 340-06.
Citó que el Ministerio Público, en su afán por impresionar a la justicia, con su populismo penal y
estrategia mediática, ha construido una falacia en su contra. Alega que la PEPCA se ha dado la
tarea de hablar de fraude por 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 millones de pesos, sin una auditoría, sin
desglose alguno siquiera por respeto a la justicia, lanzando cifras al aire para generar morbo y odio
sin razón, con el objetivo de borrar toda huella que vinculara el logro que representa esa obra en
materia de Derechos Humanos.
“La Nueva Victoria fue construida por 5 prestigiosas empresas que ganaron su licitación y estaba
lista en su primera fase para iniciar operaciones como lo vieron los cientos de personas y periodistas
que la visitaron. Se me acusa y me tienen privado de libertad por supuestos vicios de construcción,
pero les pregunto ¿y yo soy ingeniero? ¿Y yo he construido? No, nosotros contratamos empresas
para que estas construyeran. Como es posible que se me priven de libertad por un impermeabilizado
incorrecto, cisterna, por una tercera mano de pintura o porque los inodoros no tienen agua suficiente,
como lo indica la página de 16 de la instancia presentada, sin yo ser ingeniero, ni haber construido
nada”, enunció.
Cuestionó al Ministerio Público, ante los alegatos sobre los vicios de construcción encontrados,
cuestionando el que no hayan apelado a las correspondientes empresas para dar respuesta, ya que
en los contratos establecidos se contemplan garantías contractuales equivalentes al 5% del valor
contratado. De igual manera, fianzas de fiel cumplimiento para vicios de construcción por 3 años.
A su vez instó que no han apelado a las firmas supervisoras para que verifiquen, y les exijan a los
contratistas las supuestas reparaciones de esos vicios identificados.
Puntualizó qué, sin ser ingeniero o contratista, ha sido privado de su libertad, bajo argumentos
débiles, pues el interés no es llamar a las empresas participantes, sino hacerle daño. Han
violentando sus derechos bajo argumentos de carácter civil y no penal. “En su expediente el
Ministerio Público plantea que debo permanecer en prisión por haber firmado esos contratos y pagar
el trabajo realizado por los contratistas. Parecería que desconocen, o quizás lo dicen con intención
de eliminar competencia, que la actual Procuradora General, Miriam Germán Brito, firmó al igual
que yo, 11 nuevos contratos o adendas de forma correcta como manda la ley. Estas adendas, con
los mismos contratistas de obras en mi gestión, confirman, refrendan y ratifican los contratos
firmados en todas sus partes, aumentándoseles 250 millones adicionales a los acordados por
concepto de equilibrio económico”.
Dijo que la población ha sido testigo de cómo en numerosos casos, incluso con serios indicios
penales, pero conforme a la Constitución, los jueces han permitido correctamente la investigación
y juicio a los imputados, en libertad.
Concluyó que hay una persecución e interés expreso por parte del Ministerio Público de hacerle
daño, para lo cual se han abocado al acoso, chantaje, terror, amenazas, manipulación, montajes,
mentiras, extorsión, intimidación, calumnias y falsas acusaciones, todo en perjuicio de su
reputación y su persona. “Contrario a lo que promueve el populismo penal del Ministerio Público,
nunca me sustraería del proceso, soy el primer interesado en que se realice una minuciosa y
objetiva investigación. Lo he demostrado, al haberme presentado de manera voluntaria, como lo
hice”.
“
Ustedes magistradas tienen la oportunidad de corregir, de normalizar, de ser objetivas y justas.
Ustedes magistradas tienen la oportunidad de hacer justicia, de que en nuestro Estado Social y
Democrático de Derecho impere el derecho” finalizó.
El Consejo de Defensa, presentó un recurso de apelación pidiendo nulidad total de la sentencia
emitida en la audiencia de medida de coerción, debido a la violación de los derechos
fundamentales de Rodríguez, impidiéndole ejercer su derecho a declarar.
