Por: Wandy Hierro Nuñez, CPA, MDE, MIAGE, COSO
En un contexto de creciente demanda por transparencia y rendición de cuentas, las funciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) se solapan en las responsabilidades de establecer un régimen ético en el Sector Público dominicano.
Este planteamiento, está fundamentado en el Principio uno (1) del componente “Ambiente de Control” del marco COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) que en español es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, el cual establece la muestra de compromisos de la organización con la integridad y los valores éticos, misma que debe estar alineada a las funciones de la Contraloría General de la República en el marco de la Ley 10-07, ofreciendo un enfoque unificado para la gobernanza ética en el país.
El marco COSO establece el “Ambiente de Control” como un pilar fundamental para garantizar la integridad en las organizaciones, sean estas públicas o privadas. Este componente enfatiza la importancia de un liderazgo ético que modele comportamientos, fomente una cultura de transparencia y asegure el cumplimiento de normativas.
Para el entorno dominicano, la integridad implica que los servidores públicos actúen con honestidad, coherencia y responsabilidad, mientras que el liderazgo ético requiere que las autoridades establezcan el tono desde la cima (Tone at the top), que en otras palabras significa “predicar con el ejemplo”, promoviendo valores que prevengan la corrupción y fortalezcan la confianza ciudadana.
Si analizamos los antecedentes, los gobiernos dominicanos han realizado esfuerzos significativos para fortalecer la ética y combatir la corrupción administrativa. Desde 1997, con la creación del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DEPRECO) mediante el Decreto 322-97, como dependencia de la Procuraduría General de la República, se han implementado iniciativas para cerrar brechas en la gestión pública.
Posteriormente, en 2001, el Decreto 783-01 dio origen al Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República, precursor de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), establecida por el Decreto 101-05. Esta institución sentó las bases para la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en 2012, mediante el Decreto 486-12.
Estas iniciativas surgieron para atender la necesidad de fortalecer la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción en la administración pública, áreas donde la Contraloría General de la República (CGR) fue históricamente ineficaz. La CGR, según la Ley 10-07, está llamada a liderar un régimen ético mediante el Sistema Nacional de Control Interno (SINACI), que se basa en los principios del marco COSO, como establece su artículo 24, integrando valores de integridad con una gestión pública más eficiente en defensa del patrimonio del Estado.
Como parte de las políticas del gobierno para optimizar recursos y eliminar duplicidades en las entidades públicas mediante fusiones o eliminaciones, este artículo procura colocar sobre la mesa la propuesta de trasladar a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) a la estructura de la Contraloría General de la República (CGR), esto debido a que ambas instituciones comparten el objetivo de fomentar una cultura ética y combatir la corrupción, lo que permitiría unificar esfuerzos, fortalecer el control interno y consolidar una gestión pública más íntegra y eficiente.
La Ley 10-07 establece que la contraloría debe emitir normas de control interno y evaluar su cumplimiento en las instituciones públicas, mientras que el decreto núm. 486-12 otorga a la DIGEIG la función de investigar actos que transgredan el régimen ético y disciplinario, promoviendo una cultura de integridad, por tanto la sinergia entre estas normativas sugiere que un traslado de la DIGEIG a la CGR podría optimizar la supervisión ética y financiera, unificando criterios y reducir duplicidades.
Beneficios de trasladar a la DIGEIG a la Contraloría General de la República
Dentro de los beneficios que se podrían generar con el traslado de la DIGEIG a la CGR para la gobernanza del régimen ético en el Sector Público dominicano se encuentran:
- La Centralización de la fiscalización ética y financiera, integrar la supervisión ética de la DIGEIG con la fiscalización de la CGR, permitiría un enfoque holístico, combinando la prevención de la corrupción con el control de los recursos públicos. Esto responde al principio COSO de integrar el control interno con los objetivos estratégicos y operativos de la organización.
- El Fortalecimiento del liderazgo ético, un proceso unificado, liderado por figuras comprometidas con la integridad, podría reforzar el tono ético desde la cima, promoviendo una cultura de transparencia en todas las instituciones públicas.
- La Reducción de duplicidades, actualmente, ambas entidades realizan funciones complementarias, como la fiscalización de recursos y la promoción de la ética. Integrar a la DIGEIG a la CGR promovería la eliminación de redundancias, optimizando recursos y mejorando la eficiencia.
- Mayor impacto en la lucha contra la corrupción: La Guía de Gestión de Riesgo de Corrupción, presentada en la Semana de la Ética 2024, destaca la importancia de identificar y mitigar riesgos éticos en las instituciones públicas, siendo uno de los componentes de COSO, por lo cual, una posible integración de la DIGEIG a la Contraloría podría implementar estas guías de manera más efectiva, asegurando el cumplimiento normativo.
A pesar de los beneficios, esta posibilidad de traslado plantea desafíos. Para mitigar riesgos, sería crucial iniciar un proceso de modificación y/o actualización de la Ley 10-07 para incluir a la DIGEIG en dicho marco, preservando su desconcentración funcional en materia de ética, asegurando que no se politice. Además que, la transición requeriría una reestructuración organizativa y un plan claro para integrar las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) en el modelo de control interno de la CGR.
La integración de la DIGEIG a la CGR representa una oportunidad a mediano y largo plazo para unificar criterios y fortalecer la gobernanza ética en el Sector Público dominicano. Apoyada en el principio de integridad y liderazgo ético del marco COSO, esta medida podría consolidar los esfuerzos de transparencia y lucha contra la corrupción. Sin embargo, su éxito dependerá de un diseño que preserve las funciones éticas y garantice la participación ciudadana, como lo establece el compromiso de la DIGEIG con el gobierno abierto.
El liderazgo ético será clave para inspirar confianza y asegurar que esta reforma beneficie a toda la ciudadanía. En un momento en que la sociedad dominicana exige mayor transparencia, siendo esta oportunidad un hito para consolidar un Sector Público más íntegro y eficiente.
