El Instituto Duartiano expresó hoy su respaldo al mensaje emitido por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), con motivo de conmemorarse 175 aniversario de la Independencia Nacional dominicana, que reclama a las autoridades aplicar las leyes migratorias “sin demora y con seriedad”.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro que sostuvieron directivos del organismo patriótico, en su sede de la calle Isabel La Católica, Ciudad Colonial, encabezado por su vicepresidente, Wilson Gómez Ramírez.
Gómez Ramírez expresó que “los obispos hacen sentir sus vigorosas voces, cuando asumen una vez más el ideario duartiano para enfatizar con respecto a la imposibilidad de una fusión entre las naciones dominicana y haitiana, pues nadie puede pretender que nuestro país asuma la solución de los problemas que abaten al vecino país.
Esta entidad patriótica, coincide plenamente con el planteamiento del elevado organismo de la iglesia católica dominicana, que afirma: “es indiscutible la ayuda que como dominicanos hemos dado y seguiremos dando a Haití, pero ella “reclama la solidaridad de la comunidad internacional’, sobre todo de las naciones ricas y poderosas, que le ayuden a salir de su situación y es necesario que Haití asuma su responsabilidad”.
El vicepresidente del Instituto Duartiano dijo que “consideramos urgente dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la constitución política del estado dominicano, relativo al régimen fronterizo, el cual declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de nuestra Zona Fronteriza”.
Resaltó, además, que en su numeral 2, el referido artículo constitucional precisa: “El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos a nivel nacional”, y dijo que, a la fecha, nadie ha dicho qué se está haciendo para preservar y controlar las tierras en la franja fronteriza”.
La inexistencia de la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano, como manda la propia norma suprema en el referido artículo; el desconocimiento del numeral 1 del referido precepto constitucional, el cual dispone que “los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública, en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos”.
Finalmente, el Instituto Duartiano también saludó la exhortación de la Conferencia del Episcopado Dominicano que hace un llamado a los servidores de la administración a acogerse a los principios rectores propuestos en la Ley de Función Pública como la disciplina, honestidad, probidad, pulcritud y la vocación de servicio.
