La Vega.- Un tribunal de este distrito judicial impuso medidas de coerción contra una pareja de esposos canadienses acusados de cometer delitos sexuales contra dos niños de nueve y 11 años de edad.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente acogió los argumentos del Ministerio Público y dictó 18 meses de prisión preventiva contra Adam Eric Pepper, quien deberá cumplirlos en la cárcel pública de La Vega, mientas que a su pareja Tracce Lynne Plett o Treisy Pepper la envió a arresto domiciliario por igual período, con un grillete electrónico.
Además, el tribunal declaró el caso de tramitación compleja. Pepper y Plett, ambos de 35 años de edad, fueron sometidos a la justicia en el transcurso de una investigación iniciada a raíz de denuncias recibidas el pasado 8 de abril por la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esta localidad.
Durante las pesquisas se han obtenido evidencias que vinculan a los imputados con hechos de agresión sexual, amenaza, pornografía infantil y delitos electrónicos en perjuicio de un niño de nueve años de edad y una niña de 11 años, cuyos nombres se omiten por razones legales.
La madre del niño se percató de los hechos a través de un celular que le regaló Pepper, el cual contenía un vídeo donde se observaba a este imputado tocar los genitales del menor de edad.
La instancia de solicitud de medida indica que el hombre amenazaba a la víctima y le decía que si informaba de lo acontecido iba a caer preso.
En tanto que su pareja también tocaba al niño y lo ponía a tocar a la niña, para grabarlos.
La fiscal titular de La Vega, magistrada Aura Luz García Martínez, dijo que las investigaciones por agresión sexual arrojaron las evidencias documentales, periciales, materiales, ilustrativas y testimoniales que vinculan a los esposos a la pornografía infantil y a delitos electrónicos.
El Ministerio Público destacó que con la medida de coerción se garantiza que los imputados no se sustraigan del proceso, ya que en su caso se podría advertir el peligro de fuga por la gran cantidad de evidencias que los relacionan con la agresión y por la gravedad de los hechos.
El órgano de justicia le asigna al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Además, lo calificó de violación a las disposiciones de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
