Santo Domingo.- El Ministerio Público señaló este lunes que en el proceso por la desmantelada Operación Coral y Coral 5G, la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre "está buscando que su expediente sea desglosado del juicio principal contra los procesados que integraban el entramado de corrupción administrativa", y que recurrieron a problemas de salud para aplazar la audiencia.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de supuestamente liderar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluyendo recursos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La Fiscalía indicó que la audiencia de este lunes fue aplazada "nuevamente debido a una supuesta condición médica de Cáceres Silvestre, que derivó en una licencia médica de 45 días", indicó la institución en un comunicado.
Por ello, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, aplazó la audiencia para el próximo 3 de noviembre.
Desde el pasado 29 de agosto, la Fiscalía finalizó la presentación "de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados en el entramado de corrupción que defraudó al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos".
Entre las pruebas se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Asimismo, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de 28 millones de pesos y 55,000 dólares en efectivo, todos solicitados en decomiso, explicó el Ministerio Público.
La Fiscalía señaló que los bienes incautados generaron ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de 86 millones de pesos, los cuales también han sido reclamados a favor del Estado.
