La fiscal Ortiz destacó que Odebrecht afirmó, y así quedó asentado en el acuerdo de lenidad como en las declaraciones de los testigos, que “esos pagos se realizaron a través de empresas offshore por el Departamento de Operaciones Estructuradas, departamento que dijo fue creado para el pago de sobornos en Odebrecht a empresas del imputado Ángel Rondón Rijo y que así quedó acreditado en el tribunal”.
Sostuvo que, aunque utilizaron el sistema bancario, todas las transacciones salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas creado por Odebrecht exclusivamente para el pago de sobornos.
En ese contexto, explicó que hicieron contratos ficticios para darles algún viso de transparencia y poder realizar transacciones bancarias. “Pero todas las transacciones salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas, departamento creado, exclusivamente, para el pago de sobornos”, dijo Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La fiscal se pronunció en esos términos a la salida del tribunal tras ser abordada por la prensa luego de que las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaran el juicio para el próximo lunes 2 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.
En la jornada del jueves, la defensa técnica del imputado Rondón Rijo, quien se desempeñó como representante empresarial de Odebrecht en República Dominicana, presentó sus alegatos de clausura sobre la acusación por los sobornos presentada por la Pepca.
En su discurso de clausura del pasado martes, la Pepca mostró las pruebas para sustentar que Rondón Rijo se enriqueció de manera ilícita, producto de sus actividades con la empresa brasileña y pidió que el imputado fuera condenado a 10 años de prisión.
Igual petición hizo contra el imputado Víctor Díaz Rúa, mientras que contra Conrado Pittaluga Arzeno, los fiscales de la Pepca solicitaron una pena de siete años de prisión y para los coimputados Tommy Alberto Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto Rodríguez Hernández solicitaron cinco años.
Además, solicitó que los procesados sean condenados al pago de una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso.
El pedimento del Ministerio Público incluyó la solicitud de la variación de la medida de coerción por prisión preventiva, “única medida capaz de hacer cumplir y garantizar el cumplimiento de la sentencia que se ha de emitir, toda vez que ante el pronunciamiento de la sentencia y la ejecución de la misma hay un plazo en todo el proceso, plazo que en muchas ocasiones da pie a la evasión por parte de los condenados para evitar el cumplimiento de la sentencia”.
Rondón Rijo es procesado por los sobornos de Odebrecht junto a Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, así como Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
La Pepca sustenta que el grupo incurrió en la violación del Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
