Nuestro sistema judicial se ahoga de forma contundente e irreversible tras la sacudida de lo que parece ser la ola más alta y devastadora de corrupción y descarada injusticia que se ha visto en años. Y es que cada día se suman más y más casos de corruptos dentro del engranaje judicial, abarcando los jueces y fiscales, comenzando con los de menor jerarquía, hasta los de grado más alto, sin excepción.
Tal es el caso de los hechos ocurridos a mediados de noviembre del pasado año 2015, en donde se desato un escándalo de fraude y soborno, en torno a cinco importantes jueces de la República Dominicana, en adición también a algunos fiscales que según denuncia 113 en todo el país están envueltos. Aunque para aquel momento no podía afirmarse que todos los señalados como jueces corruptos eran culpables, al menos la evidencia mostrada por el procurador Francisco Domínguez Brito si reflejaba algo parecido.
Apuntaba a que había veracidad en las formulaciones como para encontrar razones para sanciones en los implicados. De hecho, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso la suspensión sin disfrute de sueldo y la remisión a juicio disciplinario de tres jueces y suspendió y envió a la justicia penal a otros dos.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, acusó al grupo de manipular procesos y negociar la libertad de personas ligadas al crimen organizado, principalmente narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, suspendió sin disfrute de salario y remisión a juicio disciplinario a los magistrados José Dionicio Duvergé Mejía, juez del Quinto Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, y Víctor Mejía Lebrón, también de la Corte de Apelación de la misma jurisdicción.
El consejo integrado además por Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno y Elías Santini Perra, reunido en sección ordinaria dispuso la suspensión
de la magistrada Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional y del magistrado Delio Germán Figueroa.
En el escándalo está implicado el titular del Consejo del Poder Judicial y ex-juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, Francisco Arias Valera, quien renunció, y que es señalado como quien dirigía la estructura corrupta el cual se dice mantenía estrecho vínculo con los tres jueces suspendidos y que además apoyaba al Magistrado Rosso para miembro del consejo.
La mencionada estructura de corrupción coloca sobre cada uno de los jueces procesados, una serie de fuertes acusaciones que deja en ridículo el sistema judicial del país.
En cuanto a la magistrada Reyes Beltré, el ministerio público alega que estando como juez interina del Segundo Juzgado de la Instrucción, en fecha del 27 de octubre del 2011, varió la medida de coerción a los imputados Miguel.
Ángel Espinal Herrera, Félix Evangelista Sánchez Crispín, Freddy Antonio Martínez y Roberto Antonio Mendoza Manzano, quienes fueron involucrados en el tráfico de 40.12 kilos de cocaína, la cual era presuntamente transportada desde la provincia de Santo Domingo hacia Puerto Rico.
Aduce además que el 7 de julio pasado, la jueza Reyes Beltré ordenó la devolución inmediata al venezolano José Bacile Bacile, de la aeronave Cessna 550, matrícula N61MA, cuya propiedad se atribuye al presidente del quebrado Banco Peravia, investigado junto a varias personas por incurrir en acciones de lavado de activos y otras infracciones graves y estaba incautada por el ministerio público.
Sumado a eso, el pasado 20 de agosto del 2015, la jueza, mediante una acción de amparo, ordenó devolver la suma de 20 millones de dólares a favor de la razón social Prado Universal, compañía constructora de la Torre Atiemar, propiedad del español Arturo Del Tiempo Marqués, condenado en España por narcotráfico.
Destaca que en esa sentencia la jueza por el contrario condenó al Banco de Reservas y a su administrador, al consejo de directores del referido banco y al ministro de hacienda, al pago de una astreinte de un millón de pesos por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia.
Y ante esta andanadas de irregularidades y pruebas evidentes de corrupción presentada se le vario la medida de coerción porque la misma tiene tres niños que están sufriendo como consecuencia de su prisión, sin importale a los demás administradores de justicia que en esa misma situación se encuentran miles de internos de nuestras cárceles.
En el caso de Duvergé Mejía, el ministerio público alega que el mismo varió la prisión preventiva al puertorriqueño José Antonio David Colón, arrestado durante una operación en que fueron ocupados más de 340 paquetes de cocaína pura. Su decisión fue revocada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, que ordenó la prisión preventiva en contra de los implicados.
Se señala además que en otros casos de narcotráfico – en los que han de estar involucrados grandes alijos de cocaína, algunos de los cuales tienen vínculos internacionales- el juez procedió a la variación de las medidas de coerción de prisión preventiva por una garantía económica, generando denuncias ya que la mayoría de los imputados se han sustraído del proceso y han vuelto a delinquir.
En cuanto a los fiscales, uno de los ejemplos más sonados, es el caso del fiscal Isidro Vásquez Peña, acusado de recibir un soborno de 125.000$, por parte de Nelson Cabral -uno de los implicados en el caso del Banco Peravia- con intenciones de no ser procesado. Fue condenado por el juez de la tercera sala de la corte de apelación del Distrito Nacional, Ignacio Camacho, a tres meses de arresto domiciliario como medida de coerción.
Estos son solo algunos ejemplos de todas las actividades ilícitas en las que se han visto envueltos los jueces y fiscales del presente caso, que tras burlar el sistema de leyes nacionales, hoy en día continúan siendo procesados.
La noticia más reciente con respecto a uno de los jueces mencionados, hace referencia a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, cuyo caso debía ser revisado el día 1 de febrero de 2016, pero que fue aplazado para el día 3 del mismo mes a quien se le vario la medida de coerción dejando en pánico a la sociedad víctimas de la corrupción imperante, sin que se tenga la esperanza de volver a la cárcel otra vez.
En caso de ser esto cierto, nos encontraríamos entonces frente a un ejemplo de impunidad que va absolutamente en contra de lo que los casos ameritan.
En una entrevista realizada a varios Abogados de San Juan los cuales omitimos su nombre, le pedimos su opinión con respecto al escándalo judicial presente, cuya respuesta fue la siguiente:
“Desde mi punto de vista existen diversos factores que desembocan en este tipo de casos. Uno de ellos es el poco criterio con el cual se seleccionan los jueces y los funcionarios de este país: jóvenes que, si bien, puede que sean buenos en el área, están faltos de experiencia.
También está el tema de los salarios. El bajo salario que se le paga a un profesional que ejerce el derecho, aunque no sea excusa para delinquir, sin duda influye sobre el hecho de que aquellos que tengan poca integridad, cedan ante las actividades ilícitas, utilizando su cargo para su beneficio propio, no obstante resaltaron en cuanto al Magistrado Rosso Vallejo que el mismo se desempeñó durante catorce largos años en la corte de Apelación de San Juan y hasta el momento nada se puede decir de este.
Finalmente, es importante aceptar la dolorosa realidad acerca de la falta de organización, la negligencia y la falta de institucionalidad que sufre el estado en general.
Nuestros Profesionales del Derecho exponen lo que resultan ser los más importantes elementos que influyen en la forma en que se desarrolla, no solo el aspecto gubernamental, sino la sociedad dominicana en general.
El caos y desorden que impera en la República Dominicana es el resultado de la negligencia con la que se trata el crecimiento del país. La tendencia a permitir que sea a través de conexiones y relaciones -en lugar de habilidades y reconocimientos- que se ascienda a los altos cargos, genera para nuestro país líderes mediocres y malas decisiones.
Hasta que no se tome en cuenta lo que realmente es importante en un líder, y se deje de poner en manos débiles el timón de nuestro aparato judicial, casos como el presente, seguirán siendo nuestro pan de cada día.
¿Y es que la justicia es ciega?
Como ironía de la vida, se podría decir que así como el símbolo de la justicia esta representado por una mujer de ojos vendados, pues así mismo parecen estar sus actuales representantes, aquellos a quienes llamamos nuestros jueces y fiscales, dando palos a ciegas y repartiendo injusticia en donde debería haber orden. A eso le podemos llamar que: La Justicia en una serpiente que solo muerde a los descalzos por que los delincuentes y criminales de cuello y corbata tienen bota de acero.
Por; Leandro Ortiz De La Rosa.
El autor es Abogado, Periodista y Profesor de la Uce y O&M
