Un juez mexicano determinó este miércoles que existen indicios para procesar penalmente al ex fiscal general Jesús Murillo por su rol en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, un caso que ha dejado una herida abierta en el país latinoamericano y que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dilucidar.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que Murillo, de 74 años, será juzgado por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
El también ex diputado, senador y gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1998, fue detenido el viernes, en lo que significó la aprehensión del ex funcionario de más alto rango hasta el momento por el emblemático caso.
Político y abogado del otrora todopoderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI), Murillo estuvo a cargo de la fiscalía general durante la primera mitad de la gestión del ex mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018). En ese tiempo, encabezó los esfuerzos del Gobierno por resolver lo sucedido, en un hecho que conmocionó al país y evidenció el grado de colusión entre autoridades y el crimen organizado.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los alumnos de la escuela de la localidad Ayotzinapa, en el sureño estado Guerrero, habían sido incinerados en un basurero por órdenes de una banda criminal y que el ex funcionario llamó una “verdad histórica”.
“Desde hace siete años han buscado una alternativa, han inventado muchas, y todas se caen”, se defendió Murillo durante su audiencia de imputación, de acuerdo a medios locales. “Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar (la verdad histórica)”, agregó.
Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente a fines de 2018 prometiendo esclarecer el crimen después de que el GIEI dijera que el relato oficial original de lo ocurrido estaba plagado de errores y abusos, incluida la tortura de testigos.
Sólo se han identificado definitivamente los restos de tres de los estudiantes, que fueron secuestrados en la ciudad suroccidental de Iguala. La investigación de Murillo concluyó en su día que una banda local de narcotraficantes, que trabajaba con policías corruptos, mató a los jóvenes tras confundirlos con miembros de un grupo rival.
La administración de López Obrador también ha tratado de detener a Tomás Zerón, que estuvo a cargo de la investigación junto con Murillo, e incluso pidió a Israel el año pasado que no le diera protección y lo extraditara.
