Gutiérrez reveló que obtuvo la información mediante una investigación que realizan expertos de esa institución, quienes manejan datos de que una primera parte del millón de dólares se entregó en una zona del parqueo del Teatro Nacional a finales del 2014, con la finalidad de sacar de circulación a Quevedo y de esta manera evitar que materializara un proyecto de renovación de la flota vehicular que implica una inversión de cinco mil millones de pesos y que modernizaría una gran parte del transporte de pasajeros.
“Mediante indagaciones que estamos haciendo descubrimos que el expediente de sicariato y lavado de activos se elabora después que en noviembre de ese año Unatrafín y otros sindicatos dispusieron rebajas de 5,10 y 20 pesos en el precio de los pasajes urbanos, suburbanos e interurbanos, lo cual también habría molestado al dirigente de choferes que pagó el soborno del millón de dólares”, aseguró el director del Conadehu. Indicó que la entidad aceptó la solicitud que en fecha 27 de julio de este año, mediante carta dirigida a la institución, de investigar la denuncia por considerar que está en juego la libertad de un dirigente sindical que con el pasar de los años ha demostrado coherencia, respeto y humildad, para con los usuarios del transporte, además de un ser humano enfermo.
Agregó que las investigaciones que ha realizado hasta ahora el Conadehu, están avanzadas y casi listas para darla a conocer públicamente, por lo que en los próximos días entregara al procurador general de la república, algunos datos contundentes con respecto a la mafia que en principio dirigió las investigaciones y involucró de manera maliciosa a Quevedo. “A la procuradora fiscal Dra. Jenny Berenice, le han entregado pruebas totalmente amañadas, y han confundido al Procurador General de la República, motivo por el cual el Ministerio Público ha mantenido la acusación por la que el señor Arsenio Quevedo, tiene ocho meses preso en el Centro de Reclusión Najayo-Hombres, en San Cristóbal” “Conadehu tiene el compromiso de preservar los derechos humanos de cualquier ciudadano, sin excepción, porque nuestro compromiso es con la
justicia y por eso creemos que el Ministerio Público y la Policía Nacional, están en la obligación de realizar una investigación que termine de comprobar la veracidad de dicho soborno”. Consideró Gutiérrez.
El director ejecutivo nacional del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu) dijo que de esa indagación dependerá la libertad de un hombre honrado, que según su accionar, ha luchado por los mejores intereses del pueblo dominicano. “En el pasado era una práctica común instrumentar expedientes falsos a dirigentes políticos de izquierda, pero República Dominicana no puede retroceder a esa época, y creo que de comprobarse que Quevedo está acusado con un expediente irregular se le estaría dando una estocada mortal al avance que hemos experimentado en materia de derechos humanos”. Sostuvo Gutiérrez.
