No me cansaré de reprochar el atraso ideológico de los partidos políticos dominicanos que doctrinariamente asumen en sus estatutos el liberalismo, pero en la práctica abdican de ese paradigma ideológico, asumiendo comportamientos ultraconservadores.
Esos partidos, supuestamente liberales, actúan como las putas que venden su cuerpo a partir de las conveniencias. De forma vil, esas formaciones empeñan sus principios o lo acomodan a los intereses de los poderes fácticos. Concretamente, no quieren chocar con el poder del clero católico y protestante y por eso acaban de aprobar una legislación penal que retrotrae la República Dominicana a la Edad Media Europea, criminalizando el aborto aun cuando el embarazo sea producto de incesto o violación sexual o cuando el producto padece deformaciones y no podrá sobrevivir.
Las mujeres agredidas sexualmente -que resulten embarazadas- estarán castigadas a recordar esa agresión desde que se levanten hasta que se acuesten en toda su existencia. Será como el castigo de Sísifo, en la mitología griega, quien fue condenado a empujar permanentemente una piedra enorme hasta la cima de una montaña y próximo a conducirla al final esta se resbalaba, debiendo comenzar de nuevo a empujarla, teniendo que repetirlo infinitamente.
Los singulares liberales “made in dominican republic” están negando derechos a las mujeres y peor aún, están revalidando el factor clasista que ha imperado en el manejo del aborto en República Dominicana que es el siguiente: a la hija de familia rica, los padres la llevan en un avión a Miami, Nueva York o Puerto Rico a practicárselo y la muchacha pobre, se engulle un fármaco abortivo, ingiere un brebaje o pócima con hojas o plantas o se lo practica una “comadrona” o un practicante de medicina en una clínica de mala muerte, pudiendo dejarle secuelas permanentes.
En el país cada año se practican alrededor de ciento veinte mil abortos, la mayoría de forma insegura. El 19% de los embarazos que llegan a los establecimientos de salud son interrumpidos por razones estrictamente médicas. Es un absurdo pretender ponerle grilletes legales a los médicos para que en los casos pertinentes, no puedan interrumpir el embarazo para salvar la vida de la madre.
Es absurdo también –insisto- que se quiera obligar legalmente a una mujer a parir un hijo que es consecuencia de una violación sexual.
El autor es Periodista y Profesor UASD.
