La jueza Yanibet Rivas tomó la decisión en favor del empresario tras un pedido en ese sentido del Ministerio Público, informó en un documento la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La fiscal destacó que Ramos Ovalle "colaboró con el Ministerio Público en el proceso de investigación, aportó elementos de prueba y ha resarcido el daño causado al Estado con la devolución del dinero".
El acuerdo está basado en la aplicación del artículo artículo 370.6 del Código de Procedimiento Penal dominicano.
El citado texto permite al Ministerio Público, con la autorización de un juez, "la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones".
También, si el imputado ayuda a "esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita".
En torno a Ramos Ovalle la fiscal Ortiz destacó que "su colaboración tal como lo establece la norma procesal penal, fue una colaboración eficaz y esa colaboración eficaz tuvo como resultado la aplicación del criterio de oportunidad".
De acuerdo a Ortiz, el tribunal ponderó que "una vez siendo investigado, colaboró con el Ministerio Público en el proceso de investigación, aportó elementos de pruebas y ha resarcido el daño al Estado con la devolución de 18,400,000 pesos".
Ortiz dijo, por otra parte, que la jueza Rivas rechazó todas las solicitudes de variación de medidas de coerción, como pretendían los imputados, generales de brigada Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, así como del capitán de navío (coronel) Antonio Franklin Mata Flores.
Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por supuesta corrupción administrativa contra 48 imputados, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El presunto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están imputados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.EFE
