SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Seguridad Privada, del Ministerio de Defesa, realizó la “Operación Rayo” en la cual incautó 118 armas de fuego irregulares, seis vehículos y apresó a 80 personas en allanamientos simultáneos en capital y las regiones norte, este y sur del país a las compañías Guardianes Portorreal (GUAPOSA) SRL Y Servicios de Seguridad RyP SRL, propiedad del señor Luis Portorreal.
La información la ofreció en un comunicado de prensa el general de Brigada ERD, Amílcar Fernández Tejada, director ejecutivo de la Superintendente de Seguridad Privada, quien informó además, que las empresas tenían otra compañía para hacer operaciones financieras fraudulentas mediante un sistema para violar la regulación impositiva del país “evadir el pago de impuesto y un sistema de pago de explotación a los empleados contratados como guardianes”.
Los allanamientos a las empresas de seguridad privada fueron realizados luego de una labor de inteligencia de siete meses con la participación de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas de la PGR, la Fiscalía del Distrito Nacional, el J-2 del Ministerio de Defensa, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIN) de la Policía Nacional.
Fernández Tejada dijo que la “Operación Rayo” fue realizada a las empresas de seguridad por los diferentes organismos del Estado en la sede principal de las empresas en Santo Domingo y varias locaciones de la capital, Bávaro, Santiago, Barahona, Villa Altagracia y Pedro Brand y se incautaron decenas de armas entre las cuales había seis pistolas, 33 revólveres, 89 escopetas, además de seis vehículos.
Durante el allanamiento en Villa Altagracia las autoridades apresaron al armero artesanal Víctor Santiago de la Rosa, propietario de los equipos especiales, máquinas y dados para alterar la numeración original de las armas y poner otro número de un arma registrada legalmente que luego colocaban en distintos puntos del país.
“Detectamos que ese armero era una persona importante en la operación mafiosa de esa compañía porque era el responsable de borrar la numeración original y luego clonar la numeración de un armas con licencia registrada y de esta forma darle apariencia de legalidad y así podían tener varias armas con la misma numeración en distintos puntos del país burlando la supervisión de las autoridades”, manifestó Fernández Tejada.
Luego de la labor de intenligencia –precisó- logramos identificar una serie de irregularidades y anomalías que las compañías GUAPOSA y RyP habían estado cometiendo, violaciones a lo establecido por las normativas legales de la seguridad privada y el ordenamiento jurídico de nuestro país, precisó Fernández.
Indicó que la compañía GUAPOSA fue objeto de una inspección luego de ser investigada y se detectó que “tenía muchas novedades como armas perdidas, atracos a vigilantes de ellos mismos, entre otras, por lo que en noviembre pasado la intervenimos por todas esas irregularidades”.
Fernández Tejada informó que cuando intervino a las empresas, la Superintendencia colocó un oficial superior para manejar las operaciones con ellos, “sobre todo para ejercer un debido control de las armas, y en ese tiempo detectamos que una de las armas que le ocupamos la enviamos a Interior y Policía, luego otra arma que tenían y que habíamos entrado a la base de datos tenían la misma numeración por lo que iniciamos la investigación y una operación de inteligencia”.
En la investigación se comprobó que las compañías vendían “los servicios muy por debajo del precio base, del precio piso del mercado establecido por la superintendencia. Entonces, pudimos constatar que tienen otra compañía en la que hacen operaciones financieras fraudulentas para evadir y burlar al fisco, con un sistema de pago a los empleados, a los vigilantes prácticamente de explotación, utilizando además personal de nacionalidad extranjera, personal sin documentación legal ni dominio del idioma y la cultura dominicana”.
Todas las propiedades ocupadas a las empresas de seguridad están en poder del Ministerio Publico, mientras se realiza el cotejo de las armas de fuego incautadas, para fines de experticias y depuración para proceder legalmente contra los representantes de las empresas involucradas.
