Santo Domingo.- La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el lunes próximo el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra un grupo de oficiales y alistados de la Policía Nacional acusados de supuestamente sustraer proyectiles y armas de esa institución.
La decisión se tomó tras acoger la petición de la defensa de varios de los acusados, que solicitaron de manera tiempo para estudiar el volumen de los elementos de las presuntas pruebas que ha presentado el Ministerio Público.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra la supuesta red, que alegadamente sustrajo al menos 900,000 proyectiles de la uniformada. El expediente fue depositado alrededor de las 11 de la noche del lunes.
El órgano persecutor también solicitó al tribunal que el caso sea declarado de tramitación compleja.
Las autoridades informaron que los policías fueron arrestados en el marco de la operación Pandora.
Entre los detenidos figuran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
También fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Otros policías bajo arresto son el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez, alias Escobar y Moreibin Medina Pérez y Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal, según el Ministerio Público.
De acuerdo con el Ministerio Público, el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, "acción que fue rápidamente detectada por los investigadores".
La investigación permitió el decomiso de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, "consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción".
