Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el domingo próximo la audiencia sobre el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público contra tres exministros del Gobierno pasado y otras personas acusadas de cometer supuesta corrupción administrativa.
La jueza Kenya Romero tomó la decisión porque varias de las defensas de los acusados afirmaron no tener conocimiento pleno del expediente, que incluye a los exministros de Obras Públicas Gonzalo Castillo (candidato en las elecciones presidenciales de 2020), Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Hacienda Donald Guerrero.
Entre los acusados también figuran el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, además de quien fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el antiguo director de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Entre los detenidos también está el abogado Ángel Lockward, cuyo defensor, Nolberto Rondón, aseguró a los medios al concluir la audiencia que la jueza Romero coordinó con las partes del proceso para aplazar la audiencia para el domingo para, incluso, habilitar una sala "más amplia" en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
También fueron apresados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
El grupo fue arrestado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en un amplio operativo realizado en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, según informó la Procuraduría General de la República (PGR), que dio el nombre de operación Calamar a la acción puesta en marcha.
El Ministerio Público solicitó la noche de este lunes prisión preventiva de 18 meses y que el caso sea declarado complejo.
"Este un proceso en el cual el Ministerio Público ha estado por varios meses haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares internacionales contra la criminalidad organizada, pues se trata de un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región", afirmó la directora de Persecución de la PRG, Yeni Berenice Restituyo, tras el aplazamiento.
Los cargos preliminares del Ministerio Público son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
Restituyo calificó de "sobreabundantes" las pruebas que ha acumulado el Ministerio Público contra los imputados.
"En esta etapa del proceso, el Ministerio Público no revela la estrategia de investigación del proceso, pero sí podemos decir que es una imputación compleja, es importante, y exhortamos a las personas a que antes de evaluarla se tomen la responsabilidad de leerlas para ver y examinar los cargos", agregó.
De acuerdo con la PGR, el supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a instituciones, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, entre otras.
