Cedeño pidió a la población a no hacer negocios con personas que no estén en capacidad de mostrar documentos legales de lo que están vendiendo.
Señaló que el presidente Luis Abinader y su equipo de trabajo están enfocados en identificar y recuperar todos los bienes del Estado que estén en manos de particulares.
Igualmente, el gobierno garantiza que los derechos adquiridos sean preservados.
Cedeño manifestó que tiene al frente del área de Preservación y Recuperación en el CEA, al general retirado y abogado, Bienvenido de Oleo Moreta quien según él, ha trabajado arduamente en las labores de recuperación.
Precisó que las puertas de su despacho están y estarán abiertas para cualquier ciudadano que tenga alguna situación que le afecte, buscarle solución, siempre dentro del marco de la ley.
Agradeció a su equipo de trabajo y a las autoridades judiciales que actuando según la ley les permite, han recuperado importantes cantidades de propiedades y se sigue trabajando en la identificación de otras, para que el país conozca con que cuenta y avanza al desarrollo de los proyectos sociales, que promueve el presidente Luis Abinader.
Por otro lado, De Óleo agregó que la medida de coerción impuesta en contra del señor Ferreira, consistente en tres meses de prisión preventiva y que aparte de ser
uno de los principales cabecillas de las bandas de invasores, también se encontraba prófugo desde el 22 de febrero del año en curso por haber herido de bala al gerente de la oficina provincial del CEA, Las Américas, Héctor Orlando Méndez Méndez.
“El señor Ferreira, está siendo investigado por la muerte del Mayor Paracaidista Carlos E. de los Santos y su hermano Cristian de los Santos Vicioso, así como el herido Francis Vicioso el 18 de julio del 2020, quienes estaban limpiando un solar de su hermano, Luis de los Santos Vicioso y fueron emboscados y atacados por la banda que dirigen los señores, Ángel Pimentel Escalante, alias Capela y Martin Ferreira, ambos detenidos en la actualidad”, informó el mismo.
Advirtió que el CEA está coordinando con la Dirección General Legal las acciones legales correspondientes para enfrentar invasores y personal laboral de pasadas administraciones que se han dedicado a vender de forma ilegal los terrenos públicos y privados.
