Santo Domingo, RD.– El Departamento de Antirruidos de la Policía Nacional envió ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, a 42 personas acusadas de delito de contaminación sónica.
Estos fueron sorprendidos en distintos puntos de la provincia Santo Domingo, violentando la paz pública y los niveles de decibeles permitidos para la salud de los seres humanos.
Como evidencia del delito, se le ocuparon 171 bocinas, 71 cajones, 55 plantas de audio, 51 twitters, 42 vehículos y 12 cornetas, los cuales están bajo control de la justicia.
Los detenidos son Frank Antonio Johnson, Occines Lovimeus, Kimerson Alejandro Valdez, Diego Uribe Montas, Jean Carlos Rodríguez, Ramírez Antonio Batista, José Ramos Bernabé, Nicolás Javier Florentino, Eddy Raúl Chalas y Oscar Alberto Berroa.
También, Emmanuel Juan Selmo, Deyvis Belén Florencio, Juan Joel Mendoza, Jeseny Ferreras Cuevas, Joan González Núñez, Pedro Santana, Ignacio García García, Anthony Sánchez Díaz y Pedro Linares Velásquez.
Le siguen Miguel Alejandro Sánchez, Rubén Darío Ciprian de Jesús, Darwin del Rosario Núñez, Luis Alfredo Roa, Luis Alfredo Roa, Jonathan Núñez García, Bony Martínez Castro, Víctor Manuel Tejadas, Carlos Ezequiel Torres Cruz, Juan Rafael Guzmán, Ariel Antonio Feliz Sánchez y Madelin Méndez.
Finalmente, Elvis Ramón Pérez, Marco Alexander Concepción, Pereira Sánchez Reyes, Víctor Antonio Amaranta, Víctor Antonio Amaranta, José Alexander Abreu Evangelista, Braulio Ramón Núñez Jiménez, Frank Antonio Johnson, Romel Andrés Matos Almonte, Martin Otilio Beltré y Ángel Gertrudis Mejía González.
El Departamento de Antirruidos es comandado en la actualidad por el coronel Franklin T. Grullón Collado, quien señaló que las intervenciones se realizan en respuesta a la solicitud de los ciudadanos y amparados en la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16; la 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ley 287-04 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que producen contaminación y la Ley General de Salud 42-01.
