Por: Rubén Moreta
El tollo electoral del 16 de febrero de 2020, que terminó abortando las elecciones municipales, se ha acolchonado en una narrativa vacua, oscilante e inespecífica, a partir del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), recientemente publicado.
Al leer el informe de cuarenta y cinco páginas, me recordó la célebre novela ¿Quién Mató a Palomino Molero? de Mario Vargas Llosa -para mí una de las mejores del peruano- donde al final no queda claro quién mató con pasmosa violencia al enclenque soldado Palomino, por enamorse de la hija del coronel jefe de un destacamento militar rural de la Fuerza Aérea de Perú.
El informe concluye que no hubo sabotaje ni interno ni externo, ni intento de fraude, solo un mal diseño del software y una mala gestión del departamento de Informática de la Junta Central Electoral para mitigar el problema el día de las elecciones. Así de chiquita la cuestión. No hubo conspiración ni “peces gordos” en este embrollo que le costó al país catorce mil millones de pesos y un trauma político del cual aún quedan reminiscencias.
Ocurre que solo uno, el Director de Informática de la Junta Central Electoral (JCE), carga con la culpa, conforme el prisma de la OEA. Oh, ¿y los cinco miembros de la JCE, que eran y son los jefes, por qué no aparecen como culpables y van a la cárcel por negligencia e ineptitud?
En eso no transijo: reclamo condena de cárcel por negligencia, ineptitud, irresponsabilidad e inhabilitación perenne para Julio César Castaños Guzmán, Rosario Altagracia Graciano, Carmen Imbert, Roberto Saladín y Henry Mejía. Ellos son los responsables del tollo electoral de febrero…y punto.
El autor es Periodista.
