LA PAZ.- La ciudad de Cochabamba, una de las mayores de Bolivia, vive una creciente tensión al agudizarse un bloqueo vecinal al botadero municipal, entre denuncias de amenazas de “paramilitares” y de inacción por parte del Gobierno interino del país.
El expresidente boliviano Evo Morales advirtió este domingo de “la organización de grupos paramilitares”, que a su juicio “actúan con el apoyo del Gobierno de facto”, en un mensaje en Twitter.
El mensaje coincide con denuncias en ese sentido desde su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) y por parte de autoridades como la gobernadora de la región de Cochabamba, Esther Soria, quien al igual que el alcalde de la ciudad, José María Leyes, alertaron de que recibieron amenazas y reclamaron que actúe el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
Las acusaciones de actuar como “paramilitares” se refieren principalmente a grupos como la Resistencia Juvenil Cochala y los conocidos como “motoqueros”, jóvenes que en grupos recorren la ciudad en moto, que han anunciado acciones como un corte del suministro de agua al barrio donde está la protesta vecinal.
El conflicto lo protagonizan vecinos del barrio K’ara K’ara, que desde hacen días bloquean el acceso al botadero de la ciudad por distintas demandas, entre ellas la liberación de detenidos en las protestas.
PEDIDOS DE DIÁLOGO PARA ACABAR CON LA VIOLENCIA
Los incidentes de este pasado sábado dejaron al menos una docena de uniformados heridos, varios de ellos graves, según autoridades del Ministerio de Gobierno, en un operativo militar y policial que intentó levantar el bloqueo.
Las autoridades aseguran que quienes se enfrentaron a los uniformados utilizaron dinamita, algo que está prohibido, y gases lacrimógenos, mientras distintas fuentes afirman que el operativo incluyó el sobrevuelo de aviones militares y un helicóptero de las fuerzas del orden, además de un uso desproporcionado de la fuerza pese que en el lugar había niños y embarazadas.
La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, criticaron la actuación tanto de las autoridades como de esos grupos juveniles en la ciudad, con llamados al diálogo para resolver el conflicto y evitar la violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó a través de Twitter que “el Estado tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia”, pues “en el caso de que estos actos se hayan realizado con la aquiescencia de autoridades estatales”, se debe “sancionar a los funcionarios públicos que permitieron dichas conductas”.
El conflicto en el barrio se prolonga desde hace meses con distintas demandas vecinales, que las autoridades advierten que esconden intereses políticos para mantener protestas en su contra.
Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia con algo más de 600.000 habitantes, vive además una situación dramática por las dificultades para enterrar e incinerar a fallecidos por la COVID-19, con familias que deben esperar días con los ataúdes en casa, lo que está generando protestas en las calles.
