Público logró que fuera rechazada la variación de la medida de coerción de
prisión preventiva impuesta el pasado año a cuatro personas que presuntamente
se dedicaban a la trata de personas con fines de explotación sexual en
establecimientos de las provincias San Juan y La Romana, que fueron incautados
y clausurados provisionalmente por las autoridades y rescatadas 49 dominicanas,
venezolanas y haitianas víctimas de esa actividad ilegal.
de Servicios de Atención Permanente de San Juan rechazó la petición de los
abogados de la defensa de los imputados Maribel García Herrera y su esposo
Ángel Emilio Puello (Papiro), Ángela del Carmen García (Angely) y Lourdes
Anadelia Hernández Hernández, quienes solicitaron que fuera variada la medida
de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta por una garantía
económica de RD$50 mil a través de una compañía aseguradora, impedimento de
salida del país y presentación periódica.
del tribunal, las imputadas Maribel García Herrera, Ángela del Carmen García y
Lourdes Anadelia Hernández Hernández deberán seguir cumpliendo la medida de
coerción de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación
(CCR) Baní Mujeres, en la provincia Peravia, y Ángel Emilio Puello en la cárcel
pública de San Juan.
a esa actividad ilícita también son procesados y guardan prisión preventiva los
encartados María Martínez Morel (Mary y/o La Rubia), en el Centro de Corrección
y Rehabilitación (CCR) Anamuya de Higüey, provincia La Altagracia, y Alex José
Feliciano en el CCR Cucama de La Romana, en tanto que garantías económicas
fueron impuestas a Juan Isidro Mercedes por un monto de RD$10,000, a Pedro
Guante por RD$300,000, a Miguel Desiré por RD$100,000 y a Marino Leonardo por
RD$3,000,000, además de que se le impuso a estos cuatro últimos impedimento de
salida del país y presentación periódica.
Isidro Mercedes dijo que tras ser sometido a la justicia el pasado año la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana le impuso
prisión preventiva, siendo la misma variada este año por este mismo
tribunal a solicitud del Ministerio Público, tomando en cuenta su edad de 70
años y enfermedades preexistentes, dentro de las medidas preventivas adoptadas
por la Procuraduría General de la República para garantizar la salud de los
privados de libertad en el sistema penitenciario nacional ante la pandemia del
coronavirus (COVID-19), sobre todo de los más vulnerables por su edad y
condición de salud.
imputados, todos de nacionalidad dominicana, están vinculados a una red de
trata de personas que fue desmantelada el pasado año durante un operativo
simultáneo ejecutado mediante orden judicial en las provincias de La Romana y
San Juan, durante el cual fueron incautados y clausurados provisionalmente
varios establecimientos que se presume eran utilizados en esa práctica ilegal.
indicó que en el transcurso de la investigación se procedió a ocupar y a cerrar
de manera provisional los negocios La China Bar y el Centro Cervecero D´Caché
que funcionaban en La Romana, ambos propiedad del imputado Marino Leonardo,
quien se lo había alquilado a la también imputada María Martínez Morel (Mary
y/o La Rubia).
dijo que también fue secuestrado y clausurado temporalmente el centro de
diversión El Canal y/o Disco Terraza El Canal que operaba en la provincia San
Juan y Disco Terraza La Rejilla y La Rejilla Ella y Él, ambos ubicados en La
Romana, pero, vinculados con el caso de la provincia San Juan, inmuebles
propiedad de la imputada Maribel García Herrera.
comunicado de prensa el MP informó que la Procuraduría Especializada Contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en el proceso judicial contra
el grupo ofrece asistencia a las fiscalías de San Juan y La Romana, quienes
presentaron acusación en ambas jurisdicciones contra todos los imputados por la
presunta violación de los artículos 3, 6 y 7 inciso A, C y D de la Ley No.
137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
precisó que están a la espera de que los tribunales de Atención Permanente de
San Juan y La Romana fijen la fecha de la audiencia preliminar para el
conocimiento de la acusación presentada por el Ministerio Público.