En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que ahora los fiscales solo pueden esperar la decisión de las instancias del Ministerio Público que deben decidir sobre esas recusaciones.
"Con relación a este proceso, nosotros solamente podemos referirnos a lo que ha sucedido en el día de hoy, y lo que ha sucedido en el día de hoy (al igual) que todas las audiencias que han sido fijadas para esta semana con relación a este proceso, han sido aplazadas", dijo Camacho en un comunicado.
En ese sentido, agregó que "pasó ayer en la Corte de Apelación, en la Tercera Sala, pasó hoy en una primera audiencia de resolución de peticiones, y acaba de pasar en esta audiencia, primero de control, y luego de solicitud de prórroga.
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó hoy para el 18 de este mes, la audiencia para conocer el expediente de la operación Medusa.
En la audiencia se deberá conocer la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Javier Alejandro Forteza Ibarra y solicitudes de la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto, así como la extensión del plazo solicitada por el Ministerio Público para presentar la acusación formal de este caso.
El expediente involucra al exprocurador Rodríguez Sánchez y a los coimputados Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes desde el año cumplen 18 meses de prisión preventiva.
El caso se sigue también contra Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de 1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España en 2021 y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El grupo es acusado de integrar presuntamente el entramado de corrupción por el que es procesado Rodríguez Sánchez y varios de los funcionarios de su gestión en el período 2016-2020.
El 22 de febrero pasado el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó las medidas de coerción que fueron impuestas a los imputados el año pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, excepto a Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, a quienes se le conocerá el 18 de marzo próximo.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron supuestamente una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.EFE
