RÍO DE JANEIRO.– Residencias, oficinas e inmuebles de más de medio centenar de fiscales sanitarios fueron allanados este martes por la Policía Federal en nueve estados de Brasil luego de que fueran denunciados por la gigante cárnica BRF, acusada de estar vinculada con una mafia para eludir controles sanitarios de sus productos.
La propia compañía, una de las mayores exportadoras mundiales de carnes, dio a conocer voluntariamente los nombres de 57 fiscales implicados, tras dos años de haberse conocido la existencia de una mafia dedicada a adulterar la fiscalización de calidad de sus productos, lo que acarreó millonarias pérdidas en las exportaciones brasileñas y una crisis económica en la BRF.
En total, un total de 280 policías realizaron 68 allanamientos en 36 ciudades de los estados de Paraná, Sao Paulo, Santa Catalina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Río de Janeiro.
De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, fueron destinados aproximadamente 19 millones de reales (unos 4,5 millones de dólares) para el pago de coimas por los servicios prestados por los fiscales, los cuales se efectuaron en especie con el cubrimiento de planes de salud, o mediante la realización de contratos ficticios.
Sobornos directos a los fiscales y nombramientos de familiares en la compañía cárnica también hicieron parte de las dádivas otorgadas por la BRF para eludir los controles sanitarios.
Las investigaciones señalaron que estas prácticas ocurrieron hasta 2017, momento en el que pararon luego de una reestructuración interna de la compañía BRF.
Las acciones adelantadas este martes forman parte de la operación “Carne fraca” (cárne débil), con la que en marzo de 2017 autoridades brasileñas desmontaron una organización criminal que salpicó a una treintena de fiscales que flexibilizaban sus inspecciones a los gigantes cárnicos BRF y JBS o no las hacían a cambio de sobornos.
La operación de entonces destapó una mafia integrada por fiscales del propio Ministerio de Agricultura que igualmente adulteraba resultados de inspecciones de alimentos.
Las investigaciones iniciales señalaron que el fraude abarcaba desde cambiar la fecha de vencimiento del embalaje de carne ya caducada hasta inyectar agua en la carne de pollo para alterar el peso o utilizar ácido ascórbico para enmascarar el deterioro de los productos.
Un año después, en 2018, las autoridades encontraron que cinco laboratorios privados acreditados por el ministerio de Agricultura también hacían parte de esta mafia, ofreciendo resultados fraudulentos de los exámenes de calidad que se hacían a las muestras de alimentos.
Los fraudes tenían la complicidad de ejecutivos de BRF y empleados del cuerpo técnico, y de profesionales responsables por el control de la calidad de los productos de la empresa.
El objetivo principal del fraude, según explicaron entonces las autoridades, era esconder la presencia de resultados positivos para el grupo de bacterias Salmonella en los alimentos inspeccionados.
El escándalo de entonces llevó a países como China, Corea del Sur, Chile, Hong Kong, Japón, Suiza, México, Sudáfrica y la Unión Europea (UE) a anunciar restricciones temporales a las importaciones de carnes brasileñas, que en su mayoría ya fueron levantadas, y provocó millonarias pérdidas a importantes exportadoras brasileñas de alimentos.
BRF entró entonces en una profunda crisis económica con pérdidas que llegaron a los 1.100 millones de reales en 2017 (hoy 268 millones de dólares), y en 2018 el perjuicio ascendió a 4.400 millones de reales (unos 1.073 millones de dólares).
En febrero de este año el gigante cárnico vendió el 100 % de sus acciones en sociedades de Europa y Tailandia al grupo Tyson International por 340 millones de dólares.
El negocio se enmarcó en el programa de venta de activos que la BRF ha impulsado desde mediados del año pasado para superar la grave crisis económica que atraviesa.
