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San Juan de la Maguana

Los desafíos de Abinader al iniciar su Gobierno

Luis Abinader Corona asumirá mañana la Presidencia de la República, desde donde pretende cumplir con un legajo de promesas que van desde reestructurar el Estado, para hacerlo más eficiente, sanear la abultada nómina pública, mantener el crecimiento económico, pero haciéndolo más equitativo, y ejecutar políticas públicas que impacten las condiciones de vida de los más vulnerables.

El presidente electo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene el desafío de cumplir con esas promesas y otras incluidas en su vasto programa de Gobierno, en medio de una pandemia como la covid-19, que ha provocado severas secuelas sanitarias y económicas.

El letal virus, que ha causado similares estragos en la mayoría de las naciones, en el país ha provocado la muerte de 1,409 personas y más de 84,000 se han contagiado.

Precisamente para controlar los contagios y reducir el impacto en la economía, el presidente Danilo Medina dispuso desde marzo un estado de emergencia que implicó, en una primera etapa, un confinamiento parcial, y el cierre de empresas con la consecuente suspensión de miles de empleos.

Para contrarrestar ese impacto ejecutó un paquete de medidas económicas y sociales, con una inversión de RD$32,062.5 millones, en beneficio de 5.2 millones de personas.

Pero seis meses después de la aparición de la enfermedad se cayeron estrepitosamente las recaudaciones fiscales, más de 100,000 personas han sido suspendidas de sus trabajos, el cierre de pequeñas y medianas empresas ha sido progresivo, y peor aún, con la reapertura económica y el proselitismo electoral se dispararon los contagios al extremo que el colapso del sistema sanitario es una latente amenaza.

Con ese escenario al presidente electo no le queda más remedio que concentrar sus esfuerzos en la reactivación de la economía y en tomar las medidas que permitan reducir la expansión de la enfermedad; un reto parece complejo en tanto depende de un distanciamiento físico que gran parte de la ciudadanía se resiste a mantener.

En otro orden, la posibilidad de una reforma fiscal, que está planteada en su programa de Gobierno y es una tarea no cumplida por las actuales autoridades, es posible que no se pueda realizar en lo inmediato por la reestructuración tributaria que eso implicaría.

Además, ante el inminente incremento del desempleo que sobreviene a causa de la covid-19, el nuevo Gobierno podría enfrentar una gran encrucijada si persiste en su plan de fusionar o eliminar instituciones que abultan la burocracia estatal y en muchos casos el dispendio.
Plan de Abinader.

En el área económica Abinader tiene varias prioridades, entre éstas propiciar el aumento de las exportaciones, con una proyección de US$16,000 millones, duplicar las empresas de zonas francas, incentivar la construcción de nuevas habitaciones hoteleras y generar alrededor de 600,000 empleos formales.

Las propuestas también se enfocan hacia el sector informal porque en la medida en que las pequeñas y medianas empresas se formalizan aumentan las recaudaciones del Gobierno y a la par mejoran los niveles de vida de los empleados de ese sector.

La propuesta gubernamental de Abinader incluye el fortalecimiento del comercio electrónico, una plataforma indispensable en el siglo XXI.

El sector turístico también será prioridad para las nuevas autoridades, para lo cual se ejecutarán diversos planes en los polos turísticos establecidos, pero enfocándose más en la creación de circuitos turísticos que permitan el desarrollo de zonas atractivas, pero aún sin desarrollar.

Asimismo se pondrá énfasis en el sector minero, que representa un renglón importante para la creación de empleos.

Justicia
El presidente electo Luis Abinader reiteró en sobradas ocasiones, durante la campaña electoral, que su Gobierno se caracterizaría por la transparencia y por cero tolerancia a la corrupción.

En ese contexto mantuvo una crítica constante a la administración de Danilo Medina, a la que acusaba de permitir cuestionables actos de corrupción.

Tomándole la palabra, un amplio segmento de la sociedad civil espera que no aplique el tradicional “borrón y cuenta nueva” y que designe un procurador independiente.

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