Por Raúl Germán Bautista
Los territorios del Gran Santo Domingo (GSD) padecen, cada vez más, los embates de los desastres naturales y el cambio climático, que los convierten en lugares altamente vulnerables y peligrosos.
Los días de lluvias intensas provocan muertes, desborde de ríos, cañadas y arroyos, afectación de hogares, “ahogamiento” de vehículos, obstrucción de las principales vías de entrada y salida, como la Autopista Duarte, 27 de Febrero, Gregorio Luperón, el Malecón y John F. Kennedy, entre otras.
Sobre esa problemática, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja publicó un manual para la creación de un sistema de alerta y estableció que una parte del proceso de revisión del riesgo comienza con la identificación y posterior análisis de aquellos eventos perjudiciales que pueden afectar directamente a personas, comunidades e instituciones.
Estos deberían ser los temas que debatan los alcaldes y que estuvieron ausentes en cada una de las rendiciones de cuentas del 24 de abril pasado.
SISTEMA DE ALERTA MUNICIPAL
Un sistema de alerta temprana basado en mapas de microcuencas se posiciona como una herramienta fundamental para la gestión de riesgos, al combinar monitoreo hidrometeorológico en tiempo real con tecnología de información geográfica (SIG), según Climate Resilience Alliance.
Agrega que este tipo de plataforma permite identificar zonas vulnerables a inundaciones, visualizar su evolución y activar alarmas comunitarias ante posibles emergencias.
El sistema integra mapas temáticos, como niveles de ríos y registros de lluvia, para detectar amenazas y facilitar la toma de decisiones. Entre sus componentes principales figura el mapeo de microcuencas, que identifica ríos, cañadas y áreas de riesgo mediante instrumentos técnicos como el Atlas Nacional de Riesgos.
A esto se suma el monitoreo en tiempo real, basado en sensores que registran variables como la precipitación y el nivel del agua en intervalos de entre 10 y 15 minutos. Esta información alimenta modelos de análisis que permiten anticipar posibles inundaciones. Estos datos, que siempre tiene en tiempo real Indomet, serían la columna vertebral del sistema.
Otro elemento fundamental es la organización comunitaria, que incluye procesos de capacitación para que las poblaciones locales puedan interpretar los datos y actuar de forma oportuna. En paralelo, la difusión de alertas se realiza a través de sirenas, mensajes móviles u otros sistemas de notificación, lo que garantiza una respuesta rápida ante situaciones de riesgo.
En términos técnicos, el funcionamiento del sistema abarca varias etapas: la detección de cambios en las condiciones hidrometeorológicas; la modelización de escenarios mediante análisis de datos; la visualización en mapas digitales del estado de las cuencas, clasificadas en niveles como normal, alerta o emergencia, y la activación de respuestas comunitarias basadas en códigos de colores, generalmente verde, amarillo y rojo.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja añade que existen varios potenciales eventos destructivos que deberían identificarse, analizarse y estudiarse con el propósito de saber cómo reaccionar en caso de ocurrencia de estos.
Indica que, para comprender mejor el riesgo sobre una amenaza específica, es necesario que las comunidades designen a un grupo de personas que pueda analizar el impacto que estas amenazas han tenido sobre la comunidad y hacer un recorrido histórico sobre su recurrencia.
“Una vez conocidos los principales riesgos a los que se expone la comunidad, la tarea a seguir es poner en marcha un proceso de categorización del riesgo sobre aquellas cosas en las que las personas directamente afectadas pueden desarrollar con el propósito de reducir su impacto”.
ACUMULADOS DE LLUVIA
El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) publicó una compilación de los acumulados mensuales de precipitación, medidos en milímetros, correspondientes a los últimos años.
En lo que va de este año, enero registró 147.3 milímetros de lluvia, febrero 13.6 y marzo 191.2.
Para 2025, el informe detalla que enero acumuló 23.3 milímetros; febrero, 56.4; marzo, 32.8; abril, 57.8; mayo, 88.5; junio, 174; julio, 124.2; agosto, 64.2; septiembre, 205.9; octubre, 567.8; noviembre, 165, y diciembre, 90.4.
En 2024, los acumulados fueron los siguientes: enero, 24.4 milímetros; febrero, 30.3; marzo, 42.5; abril, 233.6; mayo, 273; junio, 177.2; julio, 317.9; agosto, 51.9; septiembre, 162.9; octubre, 143.5; noviembre, 219.1, y diciembre, 210.8.
Para 2023, enero registró 39.4 milímetros; febrero, 9.2; marzo, 10.7; abril, 167; mayo, 122.9; junio, 63.8; julio, 180.9; agosto, 420.9; septiembre, 189.5; octubre, 75.2; noviembre, 405.7, y diciembre, 67.2.
En 2022, los valores fueron: enero, 21.2 milímetros; febrero, 53.7; marzo, 218.7; abril, 194; mayo, 78.8; junio, 87.1; julio, 203.2; agosto, 153.1; septiembre, 194.1; octubre, 215.9; noviembre, 215.7, y diciembre, 30.
En 2021, enero acumuló 1.4 milímetros; febrero, 45.8; marzo, 75.6; abril, 131.6; mayo, 51.5; junio, 223.1; julio, 101.9; agosto, 339.7; septiembre, 63.2; octubre, 184.4; noviembre, 35.2, y diciembre, 41.1.
Finalmente, en 2020, enero registró 26.6 milímetros; febrero, 58.4; marzo, 43.4; abril, 12.7; mayo, 14.2; junio, 30.2; julio, 149.3; agosto, 290.2; septiembre, 49.4; octubre, 183.6; noviembre, 324.1, y diciembre, 29.5.
LA BASURA AGRAVA INUNDACIONES URBANAS
Aunque muchos munícipes consideran lo contrario, por donde corren las aguas no debería haber desechos sólidos, que terminan obstruyendo los imbornales y drenajes y provocando inundaciones urbanas frecuentes.
Los alcaldes y alcaldesas del GSD están conminados, probablemente a través de la denominada Mancomunidad, a poner en marcha un sistema de alerta municipal eficiente y eficaz que ayude a mermar el impacto de las precipitaciones en las actividades cotidianas de la ciudadanía.
Para lograrlo, lo legal tendrá que imponerse a lo político y empezar a cumplir la ley en aspectos como ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y disciplina urbanística, así como normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas para garantizar el saneamiento ambiental. También incluye servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, entre otros ejes fundamentales.
La recogida de la basura es vital, ya que la cantidad de desechos ha aumentado significativamente y de forma desproporcionada.
El Ministerio de Medio Ambiente documentó que en 2015 en el GSD se generaban cerca de 3,500 toneladas diarias de residuos sólidos y en la actualidad la cifra se ha elevado a 6,000, una cantidad prevista para 2030. Esto representa casi la mitad de lo que se produce en todo el país.
Es alarmante que la producción de basura proyectada para años futuros ya se esté generando en la actualidad, tomando en cuenta que la infraestructura no está preparada para recogerla y darle un destino final sin afectar el medio ambiente.
Además, por el manejo inadecuado de estos desechos, que todavía llegan al vertedero de Duquesa, unas 500 toneladas terminan en los ríos Ozama e Isabela.
La cuenca del río Ozama tiene una superficie de 2,847.15 kilómetros cuadrados y abarca gran parte de la provincia Monte Plata, incluyendo municipios como Yamasá, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Peralvillo y Monte Plata.
En la provincia Santo Domingo incluye territorios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra, Pedro Brand, Los Alcarrizos y el Distrito Nacional, en su mayoría en la parte baja de la cuenca. También abarca una pequeña porción de Villa Altagracia, en San Cristóbal.
Colinda al norte con las cuencas de los ríos Yuna y Barracote, al oeste con la del río Haina y al este con las cuencas de los ríos Higuamo y Brujuela, además de la zona costera de Cabo Caucedo.
Otros estudios del Ministerio de Medio Ambiente y de instituciones del sector privado confirman que decenas de vertederos improvisados persisten en la orilla del río Haina-Manoguayabo, cuya superficie abarca 564.15 kilómetros cuadrados.
De esta área, el 83.22 % se encuentra en la provincia de San Cristóbal, principalmente en Villa Altagracia, y el 16.78 % restante en la provincia Santo Domingo, incluyendo Pedro Brand, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste hasta el mar Caribe.
El hacinamiento poblacional y la gran cantidad de basura han contaminado gravemente las aguas de los ríos Haina, Ozama e Isabela, los más importantes del GSD.
Los desechos acumulados contienen altos niveles de bisfenol A, BPA, un compuesto químico presente en plásticos que, al exponerse al sol y entrar en contacto con el agua, genera contaminación inmediata. El riesgo de intoxicación y deterioro ambiental es elevado, especialmente para las comunidades asentadas en las riberas.
IMPACTO ECONÓMICO Y GESTIÓN DEFICIENTE
El Informe de Riesgos Globales 2025, elaborado por el Consejo Nacional de Competitividad con datos del Foro Económico Mundial, establece que el panorama global enfrenta creciente incertidumbre por tensiones geopolíticas y una crisis ambiental que amenaza la estabilidad económica.
Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la República Dominicana pierde aproximadamente un 2.2 % de su producto interno bruto cada año debido a fenómenos climáticos extremos, afectando sectores como turismo, agricultura e infraestructura.
El reporte de finales de 2025 reveló que, de las 13,500 toneladas diarias de residuos generados en el país, más de 4,400 se disponen adecuadamente, mientras que el resto termina en vertederos a cielo abierto.
Esto implica que más del 60 % de los desechos sólidos no recibe el tratamiento ambiental correcto.
El Fideicomiso DO Sostenible informó que el año pasado clausuró 12 vertederos a cielo abierto en distintas provincias y puso en operación tres estaciones de transferencia y dos rellenos sanitarios.
En resumen, las alcaldías del GSD tiene de frente grandes retos medioambientales, que lejos de los reclamos habituales de preservación va en la dirección de crear un sistema para salvaguardar las vidas de sus residentes y sus bienes.
