Santo Domingo.- La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, concluyó este lunes el juicio preliminar de los supuestos casos de corrupción operaciones Coral y Coral 5G cuyo fallo emitirá el 10 de julio venidero, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Rivas escuchó este lunes las defensas de siete procesados, los últimos en hacer uso de su derecho a la defensa material de la acusación.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se mostró "confiado" en que la Justicia emitirá auto de apertura a juicio de fondo contra los acusados del caso Coral.
"Todas las condiciones, en base a las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, en este caso, indican que debe de haber un auto de apertura a juicio, y eso es lo que nosotros esperamos que suceda en el momento en que se lea la decisión de este proceso", dijo Camacho.
En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou, y los demás acusados de integrar la presunta red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.
Entre los acusados de la Operación Coral además de Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El presunto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
