El encuentro interinstitucional se realizó con la finalidad de viabilizar las acciones que eficienticen las ejecutorias de resoluciones, órdenes y sentencias que emiten los tribunales para liberar de invasores a las propiedades inmobiliarias del Estado.
El máximo representante del Ministerio Público en esta jurisdicción evaluó la situación actual del combate a esta modalidad de delitos con los directores regionales de la Policía Nacional en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, generales Máximo Báez Aybar y José Isaías Santana Morillo, respectivamente; además, el consultor jurídico de la institución, coronel Esteban Eugenio. Por el CEA, participó el director de Recuperación y Desarrollo, Bienvenido De Óleo.
Guzmán Leonardo precisó la importancia de coordinar e intercambiar opiniones sobre esas ejecutorias de resoluciones, órdenes y sentencias de los tribunales de violadores de propiedad, debido al desorden histórico que ha imperado en este aspecto.
Recordó que, fruto de una coordinación interinstitucional con el CEA, el Ministerio Público desarrolla acciones consistentes de investigación, persecución y sometimiento a la justicia de quienes se dedican a la invasión y venta fraudulenta de estos bienes, en perjuicio del Estado dominicano y de particulares que han comprado por la vía legal.
Citó, además, la Ley 5869, de 1962, que establece que "toda persona que se introduzca en una propiedad inmobiliaria urbana o rural sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario será castigada con la pena de tres meses a dos años de prisión correccional…”
Milcíades Guzmán añadió que el párrafo agregado por Ley 34, del 30 abril de 1964, establece que la sentencia que se dicte en caso de condena ordenará además el desalojo de los ocupantes de la propiedad y la confiscación de las mejoras que se hubieren levantado.
En ese sentido, el procurador fiscal titular explicó que para estos propósitos se necesita la acción combinada del Ministerio Público, que tiene fuerza pública para actuar luego de emitida la sentencia, orden o resolución de los tribunales, y de la Policía Nacional, como organismo auxiliar.
Indicó que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional son los garantes de la seguridad ciudadana y de la seguridad jurídica nacional y que en este tipo de temas se torna más amplio porque involucra a todas las agencias investigativas y militares.
En la reunión participaron también el director técnico de la Fiscalía, Héctor Romero; el director de Asuntos Civiles y Ejecuciones, Liz Frías Zadalá, y el coordinador de las Fiscalías Comunitarias, José Iván Díaz.
