Jair Bolsonaro tiene, como presidente, lo que en Brasil llaman el poder del bolígrafo, el poder de la máquina estatal y del gasto público. Con la vista puesta en ser reelegido el domingo que viene, el mandatario de extrema derecha ha abierto el grifo del dinero público para aliviar las graves penurias de los más pobres y arrancarle así a Luiz Inácio Lula da Silva unos votos preciosos que le acerquen a la victoria. Estas medidas electoralistas del mandatario empiezan a surtir efecto entre los más necesitados. Las encuestas más recientes reflejan que consigue más apoyo que nunca (40% frente al 56% para Lula) entre quienes cobran una ayuda llamada Auxilio Brasil. Durante su larga carrera como diputado, Bolsonaro acusaba a los Gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff de usar pagas similares para comprar votos.
Buena parte de las medidas son mejoras al llamado Auxilio Brasil, una paga de 600 reales mensuales (114 dólares o euros) que reciben más de 20 millones de brasileños que viven en la miseria. Aunque esa cuantía requirió que Bolsonaro se saltara el techo de gastos y no está garantizada en los presupuestos del año que viene, tanto él como Lula han prometido mantenerla el año próximo. A partir del 1 de enero, uno de ellos gobernará y deberá buscar dinero para cumplir con los más necesitados. Más de 33 millones de brasileños pasan hambre.
Las novedades fueron anunciadas por el presidente después de la primera vuelta, hace tres semanas, cuando quedó cinco puntos por detrás de Lula. Este arrasó ese día en el Nordeste, la región más pobre de Brasil y el principal granero de votos del Partido de los Trabajadores (PT), donde sacó dos tercios de los votos frente a un tercio del actual presidente y antiguo militar.
Destacan, entre las novedades, que medio millón de familias más recibirán desde ya la ayuda mensual Auxilio Brasil, el principal gancho electoral de Bolsonaro más allá de las proclamas en defensa de valores ultraconservadores y de la libertad; las fechas de pago se han adelantado para que el dinero entre en los bolsillos antes del día 30, cuando están convocados a las urnas; las mujeres beneficiarias tendrán una paga extra y los que encuentren un empleo se embolsarán 200 reales extra, según la recopilación hecha por el diario Folha de S. Paulo. Además, los bancos han decidido aceptar esta paga mensual como aval para pedir créditos.
A Gustavo Fernandes, profesor de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas, estas medidas le parecen “singulares y algunas, cuestionables desde el punto de vista legal”, como la posibilidad de pedir esos préstamos, explica al teléfono. Es decir, convertir una política social en la vía de conseguir un crédito cuyos intereses, para colmo, pueden llegar a ser altísimos.
Recalca el profesor que “son pagos directos a los bolsillos de las personas en vísperas de los comicios” y recuerda que estas medidas de transferencia de renta no estaban en el programa de Gobierno de Bolsonaro y solo son posibles porque el Congreso “declaró una situación de emergencia con un objetivo electoralista”. Brasil tiene leyes que prohíben este tipo de gastos a nivel municipal y estatal, pero ninguna norma que lo vete a nivel federal.
Otras de las medidas aprobadas deprisa y corriendo para convencer al electorado están destinadas a la población en general, como las que permiten renegociar las deudas o usar parte del dinero que el Estado ahorra en nombre de cada trabajador para pedir una hipoteca. Aunque el desempleo y la inflación se van moderando poco a poco, ocho de cada diez familias están endeudadas.
El presidente también ha ampliado las subvenciones para los taxistas y los camioneros con el pretexto de paliar el alto precio de los combustibles. Son dos colectivos muy afines a sus postulados.
Los comicios están tan reñidos y tan polarizados que la batalla se decidirá por un margen estrecho. Los votos huérfanos son pocos y los candidatos están ahora mismo al borde del empate técnico, con Lula algo por delante. Por eso Bolsonaro quiere que las empresas de transporte den libre a sus conductores el domingo 30 para que puedan votar y, en cambio, prefiere que los ayuntamientos no ofrezcan transporte gratuito. Porque los especialistas consideran que moviliza sobre todo a los electores más pobres, más afines a Lula, aquellos que deben elegir entre gastar su escaso dinero en tomar el autobús para acercarse a las urnas o comprar arroz y frijoles para comer.
Bolsonaro llegó al poder con un discurso ultraliberal, quería dejar el Estado en el chasis, pero la pandemia le obligó a cambiar el rumbo. Y le brindó la ocasión de cumplir un antiguo propósito, enterrar la marca Bolsa Familia, el gran emblema de los Gobiernos del Partido de los Trabajadores, una ayuda eficaz y barata que fue un gran instrumento para sacar de la extrema pobreza a 36 millones de personas.
El presidente de extrema derecha ha ampliado la cifra de beneficiarios, ha aumentado la cuantía y ha eliminado algunas condiciones para recibirlo. Ya no es requisito llevar a los niños al colegio, vacunarlos o someterse a consultas prenatales. Y si encuentras trabajo, tampoco pierdes la ayuda. Lula ha prometido resucitar Bolsa Familia. Eso sí, con la cuantía actual de 600 reales. De dónde saldrán los fondos, es un misterio. El izquierdista lidera una coalición de una decena de partidos y a seis días de las elecciones sigue en el terreno de la ambigüedad, sin detallar cómo conseguirá implementar sus muchas promesas.
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