"Justamente la razón que ha tomado esta Segunda Sala de la Corte de Apelación para mantener la medida de coerción impuesta en contra del imputado Jean Alain Rodríguez, es la obstrucción de la justicia", afirmó en un comunicado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Resaltó que la Corte, integrada por los jueces Isis Muñiz Almonte, Luis Omar Jiménez Rosa y Rosalba Gariz, tomó la decisión atendiendo a que el Ministerio Público "depositó en el día hoy, en el tribunal, evidencia de las actuaciones de miembros de esa defensa para intimidar y amedrentar a testigos".
Camacho enfatizó que, como parte de las investigaciones de la Operación Medusa, el Ministerio Público "ha identificado una estructura de soborno y extorsión sin precedentes en la historia de la República Dominicana".
Calificó la estructura de corrupción administrativa montada por los encartados en la Operación Medusa como "algo simple y llanamente escandaloso, eso se podrá ver en la acusación y eso que hace esta defensa (la intimidación de testigos) es una muestra de miedo ante lo contundente de las pruebas que tenemos en este proceso".
De acuerdo al expediente del Caso Medusa, el exprocurador Rodríguez Sánchez y los imputados integraban una presunta red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, supuestamente estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.
Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los exsubdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.EFE
