Por Rubén Moreta
Durante más de dos años la República Dominicana ha vivido un encendido debate en relación a la observación formulada por el Presidente Danilo Medina al Código Penal, a fin de que se introduzca en el mismo la interrupción del embarazo en los casos excepcionales de que esté en peligro la vida de la madre, por violaciones sexuales (incluyendo el incesto) y por malformación congénita del feto, a todo lo cual rabiosamente se oponen las instituciones cristianas.
Las iglesias mantienen una fiera campaña para que no se aprueben las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo, utilizando incluso métodos no éticos, como es amenazar a los legisladores en torno a que quien votara a favor de las enmiendas, llamarían desde el púlpito a que no lo reelijan.
El poder del alto clero católico retrotrae a la Republica Dominicana a la Era Medieval. La Iglesia Católica, en especial sus jerarcas, actúan como poder fáctico, influyendo, determinando y/o direccionando las políticas públicas.
Veamos la cuestión en profundidad: en el mundo solo otros cinco países no permiten el aborto terapéutico. La República Dominicana es el sexto, y todo debido al “gran poder” del catolicismo dominicano.
A pesar el discurso cerril de la cúpula cristiana en contra del aborto, una encuesta dada a conocer por el gobierno indica que el 85% de la población dominicana lo favorece en los casos excepcionales indicados más arriba.
Una lección de este proceso, en término ideológico, es que los partidos liberales del país, incluyendo una parte de la izquierda, no tienen claro su rol y agenda, y han contemporizado con las posiciones ultraconservadoras y medievales del clero católico dominante.
Resulta reprochable que el gobernante PLD, de forma monolítica no se haya alzado en contra de la posición dogmática-religiosa frente al aborto en situaciones excepcionales. Un partido auténticamente liberal y progresista asume la libertad y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas como factores innegociables.
El tema de la interrupción del embarazo en un Estado moderno, de lo que se trata esencialmente es de una cuestión de derecho de la mujer, de su cuerpo, de su salud, de su vida, donde el dogmatismo religioso –sin atenuantes- debe y tiene que estar al margen.
Sin escarceos, la mujer debe tener derecho a la interrupción del embarazo, porque ella es la dueña de su cuerpo. Pero la hipocresía del fundamentalismo religioso medieval criollo soslaya que cerca de doscientos mil abortos se siguen practicando cada año en la República Dominicana de forma encubierta. Su práctica asume una lógica clasista: los padres de las muchachas ricas le compran un ticket de avión y la llevan a abortar a Miami, Nueva York o Puerto Rico, donde están permitidas las interrupciones de embarazos. Las muchachas pobres –de los barrios o comunidades rurales- se lo practican en las peores condiciones sanitarias ingiriendo brebajes caseros, consumiendo algunos fármacos estimulantes o se hacen pinchazos en el útero para inducir el aborto, muriendo muchas o quedando infértiles.
Definitivamente, vivimos en una república neo-medieval, dominada por los dogmas, donde la salud, los derechos y la dignidad de las mujeres no cuentan.
El autor es Profesor UASD.
