Santo Domingo.- El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, denunció que el presidente Danilo Medina violenta la ley Orgánica de Presupuesto, en su párrafo III del art. 21, que ordena convocar al Consejo de Ministros en la primera semana de julio para conocer y aprobar la política presupuestaria para el año siguiente.
El legislador explicó que la política presupuestaria debe contener como mínimo las proyecciones de los ingresos y gastos corrientes y de capital, así como el financiamiento que se espera obtener para el próximo año, además de los topes institucionales, sin embargo, el primer Mandatario no ha cumplido con esa obligación que le ordena la ley No. 423-06, Orgánica de Presupuesto.
Igualmente, el diputado Arnaud señaló que el ministro de Hacienda irrespeta al Congreso al no comparecer ante la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional para presentar como fecha tope el 15 de julio, un informe de avance de proyecciones macroeconómicas y fiscales tal como lo ordena el artículo 39 de la citada legislación.
“¿Cómo es posible que el Ministro de Hacienda no cumpla con un mandato de ley y nosotros nos quedemos callados ante tanto incumplimiento y falta de consideración a nuestra investidura?, cuestionó Arnaud.
Recordó que es atribución del Congreso Nacional fiscalizar todas las políticas públicas que implemente el Gobierno y sus organismos autónomos y descentralizados, sin importar su naturaleza y alcance.
“Nosotros, como primer Poder del Estado, no podemos seguir indiferentes ante las reiteradas violaciones a una ley orgánica por parte del Presidente y sus funcionarios, en el caso específico, el Ministro de Hacienda”, reseñó Arnaud.
El legislador consideró que el presidente Danilo Medina debe convocar al Consejo de Ministros para discutir de manera detallada las áreas en las que se debe invertir mejor y en las que se debe aumentar los recursos económicos, así como a los Programas protegidos y Prioritarios, de los que ha denunciado en varias ocasiones el abandono por parte del Gobierno, “y no aprobar una ley de Presupuesto General del Estado cada año arbitraria y sin consenso como se ha hecho en los seis años de gobierno del actual presidente”.
